Seguirá detenido un ex comisionado rural

El ex delegado rural de El Chañar, Enrique Ignacio Robles, sufrió un nuevo revés judicial. Ayer, la jueza en lo Penal de Instrucción de la III Nominación, Emma de Nucci, rechazó el pedido de su defensa para que cese su prisión preventiva. El ex funcionario está detenido desde el 23 de enero pasado, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal.
Ramón Ablanedo y Juan Carlos González aseguraron que realizaban tareas de albañilería en la casa del comisionado y en la de su madre. A cambio -afirmaron- cobraban en negro $ 150, mientras -sin saberlo- figuraban como contratados por montos varias veces superiores. Se enteraron de estas designaciones cuando no pudieron cobrar un plan social para desocupados porque, justamente, aparecían los aportes correspondientes en la Anses. Luego, se sumó la denuncia, en esos términos, de Domingo Escobar.
“La magistrada argumentó que no hay nuevos elementos de prueba que hicieran variar la situación procesal de Robles, por cuanto consideró que no correspondía otorgar el cese de la prisión preventiva”, explicó el abogado Gustavo Morales, quien patrocina a los denunciantes.
“Por el contrario, la jueza entiende que hay nuevos elementos de prueba documental que acreditan las conductas que se le atribuyen a Robles. Por ejemplo, los decretos que estaban en la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas, que confirman que Ablanedo, González y Escobar fueron efectivamente designados como empleados, con categoría 15”, sostuvo el letrado.
Según Morales, De Nucci tuvo en cuenta que de la imputación efectuada a Robles surge el concursos de cuatro hechos posiblemente delictivos, de los cuales dos encuadrarían en el peculado. El artículo 261 del Código Penal dice: “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
“Dada la pena que podría aplicarse, la jueza concluyó que correspondía el rechazo al pedido de cese de prisión”, concluyó.


El secretario de Coordinación con Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, aún no responde dos oficios judiciales que le remitió la Fiscalía en lo Penal de Instrucción de la X Nominación, a cargo de Guillermo Herrera.
Uno de los pedidos de informes le requiere que remita la nómina del personal contratado, de los empleados definitivos y de los transitorios, y de los trabajadores con cualquier otra categoría que hayan ingresado a cada una de las 93 delegaciones rurales y de las 19 municipalidades, entre 2005 y 2006. Los datos deben incluir la duración de los correspondientes nombramientos.
El otro expediente pide a Mansilla que explique por qué remitió un expediente administrativo con doble foliación y con insertos con máquina de escribir en documentos impresos por computadora. Fueron presentados en el marco de la causa por la cual Ramón Antonio Ablanedo, con patrocinio del abogado Gustavo Morales, lo denunció por la presunta violación de deberes de funcionario.
Los oficios, que solicitan una respuesta “muy urgente”, fueron enviados el 19 de marzo.
En contraste, el gobernador José Alperovich  respaldó ayer la continuidad de Mansilla en el cargo. “¿Lo ratifica?”, se le preguntó al mandatario. “Por supuesto. No hay cambios en mi gabinete”, fue la tajante respuesta del titular del Poder Ejecutivo.