En el Día del Animal, exigen una ley provincial que castigue el maltrato

Están cansadas. Las integrantes de distintas asociaciones -la gran mayoría son mujeres- que protegen a los animales sienten que reman contra la corriente. Recorren hasta los barrios más alejados para rescatar perros golpeados, desnutridos o abandonados; castran hembras y machos con dinero de su bolsillo; levantan un sinfín de cajas repletas de cachorros que la gente tira en la calle y peregrinan para encontrarles un hogar. El trabajo es largo y agotador. Por eso esta tarde, saldrán a la calle a exigir una ley provincial que castigue el maltrato hacia los animales.

Para estos casos, en la Argentina sólo existe la Ley 14.346 que castiga “con prisión de quince días a un año al que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. Pero no siempre se aplica. “Tenemos muchísimos casos que no prosperan en las fiscalías y eso es porque la ley marco no está bien reglamentada, y encima tiene una pena máxima que es excarcelable”, planteó Gabriela Uzqueda, representante de “Perros de la Calle”.

“Es muy difícil demostrar el maltrato, nos lleva mucho tiempo porque los perros no hablan y entonces dependés de los vecinos o de agarrarlo al maltratador en el momento justo. Cuando logramos reunir pruebas, la Policía nos recibe la denuncia pero en las fiscalías lo relativizan y nunca lo consideran maltrato”, se quejó, harta de iniciar causas y no lograr nada. “Lamentablemente la aplicación de esta ley depende del criterio de cada fiscal”, agregó María Evita Rodríguez, de Fundama (Fundación de los Derechos del Animal y el Medioambiente).

Por eso las animalistas quieren que se promulgue una ley provincial donde esté perfectamente especificado qué actos se consideran crueldad. Con ese fin se reunirán hoy en la plaza Urquiza, a partir de las 20, y marcharán hacia la plaza Independencia, en el marco del Día del Animal.

“Lo que más vemos, además del abandono, son perros atados y muertos de hambre. También hay muchos criaderos clandestinos. Después está el caso de los caballos, que también es cruel e insistimos en que los carros de tracción a sangre se tienen que erradicar”, resumió Uzqueda. En cuanto a las penas que pretenden conseguir, explicó: “no podemos pedir cárcel porque hay que adaptarse a la ley nacional, pero sí que se paguen multas y se hagan trabajos comunitarios”.

Violencia doméstica

Las integrantes de “Perros de la Calle” realizaron un estudio de la población canina en la capital y pudieron determinar que, en los barrios de la periferia, por cada persona existen cuatro animales callejeros. “Los principales actos que propician el aumento del número de animales sueltos son el abandono de cachorros y la falta de educación, prevención y sanción de estos actos”, consignaron en ese informe.

De ese mismo estudio, las proteccionistas obtuvieron otro dato alarmante: “en el 97% de los casos de denuncias por maltrato y abuso animal se ha constatado también situaciones de maltrato infantil y violencia de género”. En ese sentido, citaron un informe del FBI donde se deja asentado que “psiquiatras y policías forenses de la Policía indican que muchos criminales violentos comienzan con prácticas crueles y torturas sobre animales”.

Castración

Las proteccionistas están convencidas de que la principal salida es la castración. “Se necesitan verdaderas campañas de castración masiva, sistemática y gratuita, extendidas en el tiempo, para que haya impacto poblacional”, explicó Rodríguez.

Uzqueda, por su parte, planteó que la tarea que realizan tanto la Provincia como el municipio a través de los trailers veterinarios no es estratégica. “No es eficiente que vayan a castrar por las mañanas porque a esa hora la gente está en su trabajo, tienen que hacerlo el fin de semana o días feriados cuando las personas pueden llevar a los animales”, explicó. “Mucha gente con la que tenemos contacto, de forma anónima y con plata propia, o con donaciones, castra animales de la calle”, agregó, y advirtió que una cirugía de esas característica cuesta alrededor de $ 1.000. “Las veces que fuimos al Colegio de Veterinarios no nos colaboró. Les pedimos que, ya que se recibieron en una universidad gratuita, se lo devuelvan a la sociedad”, agregó.

Hay dos proyectos, pero ninguno fue sancionado

Considerar al animal un sujeto de derecho sintiente es la principal premisa de un proyecto de ley elaborado por un grupo de parlamentarios tucumanos que apunta a proteger a los animales. En el mismo, se propone sancionar a los infractores con multas que pueden multiplicar hasta 10 veces el salario mínimo, vital y móvil.

El proyecto lleva la firma de Ariel García, Stella Maris Córdoba, Claudio Viña y Ramón Santiago Cano. El texto propone que se expropie a los animales víctimas de maltratos y se inhabilite al infractor para que no pueda volver a adoptar animales en el futuro. Además, establece una multa graduable que multiplicaría de dos a 10 veces el salario mínimo, vital y móvil. Por último, plantea la creación del Programa Provincial de Protección y Defensa del Animal.

El mencionado proyecto precisa que son considerados actos de maltrato no alimentarlos ni darles el cuidado adecuado; no cobijarlo ante condiciones climáticas extremas; mantenerlos en cautiverio o en situaciones de estrés; atarlos o colocarles bozales durante más de cuatro horas; no darles atención veterinaria ante una enfermedad: abandonarlos o entregarlos a personas irresponsables; hacerlos trabajar en estado físico inadecuado o en jornadas excesivas y sin descanso; castigarlos mediante instrumentos que le provoquen sufrimiento; venderlos fuera de los locales habilitados; utilizarlos como medio de pago para cualquier fin; dejarlos deambular sin haber sido castrados y sin collar identificatorio; suministrarles drogas sin fines terapéuticos y sin supervisión veterinaria; reproducir animales en edad avanzada y en mal estado físico; utilizarlos para prácticas educativas que incluyan vivisección, disección o cualquier manipulación.

Otra iniciativa

Por otro lado, ya existía un proyecto de similares características elaborado por los legisladores Alfredo Toscano, Eduardo Bourlé, Christian Rodríguez, José María Canelada y Córdoba. Este consideraba actos de maltrato animal “abandonarlos de forma tal que queden en situación de desamparo o expuestos a un riesgo que amenace su integridad física o la de otros seres vivos. Encerrarlos dentro de un vehículo, con ventanillas cerradas y sin la oxigenación adecuada, habilitando en este caso a cualquier persona, a romper el vidrio en salvaguarda del animal. Golpear, torturar y lesionar a los animales. Entregarlos como adicional de una compra o de entradas a exposiciones u otros espectáculos. Entregarlos como premio en sorteos o rifas. Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, peleas de perros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales”.

En cuanto a las sanciones, reproducía las impuestas por la Ley Nacional 14.346, que van de 15 días a un año de prisión.