Desde la Legislatura
01 Octubre 2016
Una legisladora se sintió amenazada y notificó al vicegobernador Jaldo

Stella Maris Córdoba, presidenta del bloque Peronismo del Bicentenario, le envió una nota al vicegobernador Osvaldo Jaldo para advertirle sobre un “mensaje amenazador” recibido por una de sus asesoras. Según relató en el escrito, la secretaria de una legisladora del bloque oficialista -no identificó a la dirigente ni a la autora de los dichos- efectuó un comentario intimidatorio esta semana. “Ya tendría que parar (Córdoba) con el tema de relacionar la droga con la política, ya que al bloque de legisladores oficialistas le cae mal el tema, y que seguro la legisladora Córdoba también tiene basuritas que esconder bajo la alfombra y que ellos se iban a encargar de encontrar y difundir”, es la frase textual reproducida en la nota girada a Jaldo. La peronista disidente aclaró que esos dichos van en contra del artículo 62 de la Constitución provincial, donde se establece que los legisladores no podrán ser molestados por sus dichos, dentro o fuera del recinto. “Lo interpreto como un mensaje amenazador para que no emita opinión sobre un tema que afecta no sólo a la provincia, sino a la Nación entera”, indicó. Y aclaró que notificaba a Jaldo sobre el episodio “a efectos de que arbitre las medidas que crea conducentes” y para “dejar constancia de lo sucedido, por posibles ataques o maniobras en mi contra”.

Una circular policial prohibe el acceso de legisladores a comisarías

El legislador radical José María Canelada dio a conocer un acta policial en la que expresa la prohibición al personal policial para que permita el acceso de los miembros del cuerpo colegiado a las comisarías, a menos que cuenten con un permiso expreso de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura. “Ante las denuncias por el deplorable estado de las comisarías, la reacción de @JuanManzurOK (cuenta de Twitter del gobernador, Juan Manzur) es ordenar que se prohiba el ingreso a las dependencias”, señaló Canelada a través de la red social. Según el acta policial, existe una circular (N° 22/2016, de la Regional Capital, de fecha 19 de septiembre) que prohibe al personal policial permitir el acceso de legisladores, salvo a los sitios habilitados al público. Se advierte además sobre sanciones disciplinarias a los uniformados que no respeten la medida.

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