Por Carlos Páez de la Torre H
24 Mayo 2015
JOSE MANUEL SILVA. El tucumano se encontraba en Buenos Aires en mayo de 1810, y narró sus impresiones en una carta
Cuando llegó 1810, desde casi dos siglos y medio atrás transcurría, en San Miguel de Tucumán, la plácida vida común a las poblaciones interiores de esta parte del Virreinato del Río de La Plata. Tenía de 4.000 a 4.500 habitantes en la ciudad y unos 47.000 en el resto de su jurisdicción. Vivían gracias a la agricultura, la trata de mulas, el comercio y la fabricación de reputadas carretas con la madera de sus bosques.
En materia de gobierno, dependía de la Intendencia de Salta, que comprendía Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Salta: esta última era la capital y la residencia del gobernador. Éste mandaba en Tucumán a través del Cabildo, y la autoridad suprema era el señor virrey, en Buenos Aires.
Como se ha contado tantas veces, el 25 de mayo de 1810, un conjunto numeroso de vecinos de Buenos Aires logró deponer al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y lo reemplazó por una Junta Provisional Gubernativa, que la historia llamaría “Primera Junta”. No se ignora que el organismo enmascaraba todavía sus propósitos independentistas, y fundaba el relevo del virrey en la necesidad de preservar los dominios de Fernando VII, ante la crisis de la monarquía española sojuzgada por Napoleón.
Testigo tucumano
En ese mes de mayo de 1810, se encontraba en Buenos Aires don José Manuel Silva, un acaudalado propietario y comerciante de Tucumán. Al día siguiente de la revuelta, el 26, escribió una carta a su provincia, dirigida a José Gregorio Aráoz. Dedicaba unas líneas al episodio que le había tocado presenciar.
Narraba que “el 23 hizo dimisión del mando el señor virrey en el Cabildo; el 24 hizo el Cabildo, en nombre del pueblo, una Junta que se componía de presidente de ella el señor virrey, vocales el doctor Solá, Saavedra, el doctor Castelli, Inchaurregui, Leiva, fiscal Moreno y Pazos, secretario con tratamiento de Excelencia”. Con ese motivo, se lanzó “un bando, se repicaron en todas las iglesias, se iluminó el pueblo para que se reconociese a estos sujetos”.
“Esta jarana”
Pero, seguía, ocurrió que “al otro día 25, que fue ayer, otro alboroto; que no estaba conforme el pueblo con esta junta, renunciaron todos estos señores de su empleo, y se ha formado nueva junta”. Enumeraba los integrantes, empezando por el presidente Cornelio Saavedra, y comentaba que “hoy se ha echado el bando para que se reconozcan, y mañana puede que sean otros”.
El panorama inquietaba a Silva. Decía a Aráoz que estaba dispuesto a “mandarme mudar”, ya que “esto no está nada bueno”, y “no sé hasta ahora quién nos gobierna”. En una posdata del 27, Silva remitía el bando de la junta, y terminaba quejándose de la tardanza de la nota que debía enviarle su comprovinciano Méndez, para formalizar unas compras. “Hasta ahora no la he recibido; bastante me ha perjudicado, que si no es él, no me encuentro en esta jarana”, decía.
Llega la noticia
La noticia oficial de la “jarana” de mayo llegó a San Miguel de Tucumán muy posiblemente el 10 de junio. Así se infiere del hecho de que se convocó para el 11 una reunión en el Cabildo. No es creíble que hubiese más demora de un día, entre que se recibió tan grave novedad y la citación. El historiador Ricardo Jaimes Freyre fue el primero en publicar y comentar los documentos de esta historia.
Los miembros del Cabildo tucumano se congregaron, ese día 11, presididos por el Alcalde de Primer Voto, Miguel Pérez de Padilla, al toque de la campana. No era una sesión común, sino un “cabildo abierto”, al que asistían también los vecinos principales. El acta enumera al Vicario Foráneo, al párroco de la Matriz, los priores de San Francisco y La Merced y “los empleados y personas más distinguidos de este pueblo”: los comandantes militares, el Diputado de Comercio, el Tesorero de la Real Hacienda, el Administrador de Tabacos y otros.
Dos oficios
Una vez sentados, se leyeron los dos oficios que enviaba la Capital. Los habían traído mensajeros que, sin duda reventando caballos, cubrieron en dos semanas un trayecto de 1.200 kilómetros por huellas infernales. Un oficio estaba fechado el 27 de mayo y otro el 29. El primero llevaba la firma de todos los miembros de la “Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de La Plata a nombre del Señor don Fernando VII”. Remitía unos impresos sobre “los motivos y fines de su instalación”. Luego, en síntesis, con el alambicado lenguaje burocrático de la época, solicitaba que se acatase la Junta y se nombrase un diputado.
Tras haber sido “solemnemente” reconocida en la Capital, esperaba que “el celo y patriotismo” del Cabildo tucumano superara “cualquier embarazo que pudiera entorpecer la uniformidad de operaciones en el distrito de su mando”, decía el oficio. La “unidad constitucional” sólo podía sostenerse “por medio de una representación que concentre los votos de los pueblos”, con “representantes elegidos por ellos mismos”.
Llamado a la fidelidad
Le parecía a la Junta que ese conjunto de representantes, era el único modo eficaz para instalar “una autoridad que ejerza la representación del señor don Fernando VII y vele sobre la guardia de sus augustos derechos”. Advertía que la desunión suscitaría “la ruina de todos”, y que los derechos reales sólo podían sostenerse si los pueblos, en la “general convención que se propone”, se ponían de acuerdo “en una discusión pacífica, bajo la mira fundamental de fidelidad y constante adhesión a nuestro augusto monarca”.
En el otro oficio, el Cabildo de Buenos Aires cronicaba (desde un ángulo apenas disimulado de simpatía por el virrey) los sucesos del 22 al 25 de mayo, y concluía solicitando, también, que la jurisdicción designase su diputado.
Debe haber causado conmoción entre los tucumanos la extraña novedad de que un grupo de vecinos se permitiera nada menos que desplazar al representante del rey. La sintética acta del Cabildo no registra ese impacto, pero es fácil imaginarlo.
Consulta a Salta
Luego de leer los oficios, la reunión acordó seguir la vía jerárquica. El “cabildo abierto” consideró que “atendiendo a que esta ciudad es subalterna”, correspondía dar cuenta del asunto al gobernador intendente, para que “advierta y prevenga lo que en tan críticas y apuradas circunstancias debe hacer esta ciudad”. En la expresión “críticas y apuradas”, late la inquietud con que se cerró la asamblea.
Nueve días más tarde, el gobernador intendente, Nicolás Severo de Isasmendi, firmaba, en su despacho de Salta, la respuesta a los capitulares de Tucumán. Informaba que el Cabildo salteño se había congregado, con autoridades y con el “numeroso concurso” del vecindario. Que se leyeron los oficios conocidos y, “después de las previas conferencias”, cada uno de los asistentes dio su voto.
El resultado fue “una completa uniformidad” en “prestar obediencia a las nuevas determinaciones” adoptadas en Buenos Aires, y enviar “cuanto antes el diputado que, a pluralidad de votos, se eligiere el sábado de la presente semana”. No dudaba Isasmendi que el Cabildo de Tucumán, “con cuerda reflexión, seguirá las sanas máximas de esta capital”.
Tucumán se adhiere
Un nuevo “cabildo abierto” se congregó entonces, en Tucumán, el 25 de junio. Medio centenar de personas firmaron el acta. Leído el oficio de Isasmendi, el opinante principal fue el abogado Nicolás Laguna. Observó que no debía resolverse sobre el sistema de gobierno, sin consultar antes a “la ciudad, villas y lugares de la jurisdicción”. Y que, entretanto, se mire a Buenos Aires no con obediencia “sino solamente concordia, sin honor y sin bajeza”.
Tras escucharlo, los concurrentes “dijeron que se conformaban con lo resuelto por el señor gobernador de la provincia, nombrándose diputado en las funciones que exige la Junta Superior Gubernativa”. Todo esto se comunicó a la Junta y al Cabildo de Buenos Aires, en oficios separados de fecha 26, que firmó el Alcalde de Primer Voto, Clemente de Zavaleta.
Entretelones
Hay que agregar que seis años más tarde, en 1816 y ante el Congreso de la Independencia, se supo algo más de ese segundo “cabildo abierto” tucumano de 1810, que no registró el acta. Don Salvador de Alberdi, al solicitar carta de ciudadanía, y exponer sus servicios a la causa, afirmaría que “contribuyó con el mayor acierto y felicidad a la unión de este pueblo con la Capital, en el cabildo abierto que se hizo al efecto”. Ocurrió, narraba, que después de que dieron su voto “más de la mitad” de los presentes, “que no gustaban semejante unión”, Alberdi votó precisamente por la unión.
Les hizo ver, decía, “que la situación deplorable de la península y el riesgo de que este continente fuese presa de alguna nación extraña, demandaban imperiosamente la unión de esta ciudad con la capital, y hacer causa común para conservar tan apetecido país dependiendo de sí mismo”. Y afirmaba que esa postura “se siguió por el resto de los votantes y, revocando la que habían prestado los anteriores, abrazaron ésta y sufragaron con todos los demás; de modo que no hubo votación más completamente decidida que la del Tucumán”.
Así, como lo recalca Jaimes Freyre, el 25 de junio de 1810 “es la fecha histórica que marca la adhesión de Tucumán a la revolución precursora de la Independencia argentina”
En materia de gobierno, dependía de la Intendencia de Salta, que comprendía Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Salta: esta última era la capital y la residencia del gobernador. Éste mandaba en Tucumán a través del Cabildo, y la autoridad suprema era el señor virrey, en Buenos Aires.
Como se ha contado tantas veces, el 25 de mayo de 1810, un conjunto numeroso de vecinos de Buenos Aires logró deponer al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y lo reemplazó por una Junta Provisional Gubernativa, que la historia llamaría “Primera Junta”. No se ignora que el organismo enmascaraba todavía sus propósitos independentistas, y fundaba el relevo del virrey en la necesidad de preservar los dominios de Fernando VII, ante la crisis de la monarquía española sojuzgada por Napoleón.
Testigo tucumano
En ese mes de mayo de 1810, se encontraba en Buenos Aires don José Manuel Silva, un acaudalado propietario y comerciante de Tucumán. Al día siguiente de la revuelta, el 26, escribió una carta a su provincia, dirigida a José Gregorio Aráoz. Dedicaba unas líneas al episodio que le había tocado presenciar.
Narraba que “el 23 hizo dimisión del mando el señor virrey en el Cabildo; el 24 hizo el Cabildo, en nombre del pueblo, una Junta que se componía de presidente de ella el señor virrey, vocales el doctor Solá, Saavedra, el doctor Castelli, Inchaurregui, Leiva, fiscal Moreno y Pazos, secretario con tratamiento de Excelencia”. Con ese motivo, se lanzó “un bando, se repicaron en todas las iglesias, se iluminó el pueblo para que se reconociese a estos sujetos”.
“Esta jarana”
Pero, seguía, ocurrió que “al otro día 25, que fue ayer, otro alboroto; que no estaba conforme el pueblo con esta junta, renunciaron todos estos señores de su empleo, y se ha formado nueva junta”. Enumeraba los integrantes, empezando por el presidente Cornelio Saavedra, y comentaba que “hoy se ha echado el bando para que se reconozcan, y mañana puede que sean otros”.
El panorama inquietaba a Silva. Decía a Aráoz que estaba dispuesto a “mandarme mudar”, ya que “esto no está nada bueno”, y “no sé hasta ahora quién nos gobierna”. En una posdata del 27, Silva remitía el bando de la junta, y terminaba quejándose de la tardanza de la nota que debía enviarle su comprovinciano Méndez, para formalizar unas compras. “Hasta ahora no la he recibido; bastante me ha perjudicado, que si no es él, no me encuentro en esta jarana”, decía.
Llega la noticia
La noticia oficial de la “jarana” de mayo llegó a San Miguel de Tucumán muy posiblemente el 10 de junio. Así se infiere del hecho de que se convocó para el 11 una reunión en el Cabildo. No es creíble que hubiese más demora de un día, entre que se recibió tan grave novedad y la citación. El historiador Ricardo Jaimes Freyre fue el primero en publicar y comentar los documentos de esta historia.
Los miembros del Cabildo tucumano se congregaron, ese día 11, presididos por el Alcalde de Primer Voto, Miguel Pérez de Padilla, al toque de la campana. No era una sesión común, sino un “cabildo abierto”, al que asistían también los vecinos principales. El acta enumera al Vicario Foráneo, al párroco de la Matriz, los priores de San Francisco y La Merced y “los empleados y personas más distinguidos de este pueblo”: los comandantes militares, el Diputado de Comercio, el Tesorero de la Real Hacienda, el Administrador de Tabacos y otros.
Dos oficios
Una vez sentados, se leyeron los dos oficios que enviaba la Capital. Los habían traído mensajeros que, sin duda reventando caballos, cubrieron en dos semanas un trayecto de 1.200 kilómetros por huellas infernales. Un oficio estaba fechado el 27 de mayo y otro el 29. El primero llevaba la firma de todos los miembros de la “Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de La Plata a nombre del Señor don Fernando VII”. Remitía unos impresos sobre “los motivos y fines de su instalación”. Luego, en síntesis, con el alambicado lenguaje burocrático de la época, solicitaba que se acatase la Junta y se nombrase un diputado.
Tras haber sido “solemnemente” reconocida en la Capital, esperaba que “el celo y patriotismo” del Cabildo tucumano superara “cualquier embarazo que pudiera entorpecer la uniformidad de operaciones en el distrito de su mando”, decía el oficio. La “unidad constitucional” sólo podía sostenerse “por medio de una representación que concentre los votos de los pueblos”, con “representantes elegidos por ellos mismos”.
Llamado a la fidelidad
Le parecía a la Junta que ese conjunto de representantes, era el único modo eficaz para instalar “una autoridad que ejerza la representación del señor don Fernando VII y vele sobre la guardia de sus augustos derechos”. Advertía que la desunión suscitaría “la ruina de todos”, y que los derechos reales sólo podían sostenerse si los pueblos, en la “general convención que se propone”, se ponían de acuerdo “en una discusión pacífica, bajo la mira fundamental de fidelidad y constante adhesión a nuestro augusto monarca”.
En el otro oficio, el Cabildo de Buenos Aires cronicaba (desde un ángulo apenas disimulado de simpatía por el virrey) los sucesos del 22 al 25 de mayo, y concluía solicitando, también, que la jurisdicción designase su diputado.
Debe haber causado conmoción entre los tucumanos la extraña novedad de que un grupo de vecinos se permitiera nada menos que desplazar al representante del rey. La sintética acta del Cabildo no registra ese impacto, pero es fácil imaginarlo.
Consulta a Salta
Luego de leer los oficios, la reunión acordó seguir la vía jerárquica. El “cabildo abierto” consideró que “atendiendo a que esta ciudad es subalterna”, correspondía dar cuenta del asunto al gobernador intendente, para que “advierta y prevenga lo que en tan críticas y apuradas circunstancias debe hacer esta ciudad”. En la expresión “críticas y apuradas”, late la inquietud con que se cerró la asamblea.
Nueve días más tarde, el gobernador intendente, Nicolás Severo de Isasmendi, firmaba, en su despacho de Salta, la respuesta a los capitulares de Tucumán. Informaba que el Cabildo salteño se había congregado, con autoridades y con el “numeroso concurso” del vecindario. Que se leyeron los oficios conocidos y, “después de las previas conferencias”, cada uno de los asistentes dio su voto.
El resultado fue “una completa uniformidad” en “prestar obediencia a las nuevas determinaciones” adoptadas en Buenos Aires, y enviar “cuanto antes el diputado que, a pluralidad de votos, se eligiere el sábado de la presente semana”. No dudaba Isasmendi que el Cabildo de Tucumán, “con cuerda reflexión, seguirá las sanas máximas de esta capital”.
Tucumán se adhiere
Un nuevo “cabildo abierto” se congregó entonces, en Tucumán, el 25 de junio. Medio centenar de personas firmaron el acta. Leído el oficio de Isasmendi, el opinante principal fue el abogado Nicolás Laguna. Observó que no debía resolverse sobre el sistema de gobierno, sin consultar antes a “la ciudad, villas y lugares de la jurisdicción”. Y que, entretanto, se mire a Buenos Aires no con obediencia “sino solamente concordia, sin honor y sin bajeza”.
Tras escucharlo, los concurrentes “dijeron que se conformaban con lo resuelto por el señor gobernador de la provincia, nombrándose diputado en las funciones que exige la Junta Superior Gubernativa”. Todo esto se comunicó a la Junta y al Cabildo de Buenos Aires, en oficios separados de fecha 26, que firmó el Alcalde de Primer Voto, Clemente de Zavaleta.
Entretelones
Hay que agregar que seis años más tarde, en 1816 y ante el Congreso de la Independencia, se supo algo más de ese segundo “cabildo abierto” tucumano de 1810, que no registró el acta. Don Salvador de Alberdi, al solicitar carta de ciudadanía, y exponer sus servicios a la causa, afirmaría que “contribuyó con el mayor acierto y felicidad a la unión de este pueblo con la Capital, en el cabildo abierto que se hizo al efecto”. Ocurrió, narraba, que después de que dieron su voto “más de la mitad” de los presentes, “que no gustaban semejante unión”, Alberdi votó precisamente por la unión.
Les hizo ver, decía, “que la situación deplorable de la península y el riesgo de que este continente fuese presa de alguna nación extraña, demandaban imperiosamente la unión de esta ciudad con la capital, y hacer causa común para conservar tan apetecido país dependiendo de sí mismo”. Y afirmaba que esa postura “se siguió por el resto de los votantes y, revocando la que habían prestado los anteriores, abrazaron ésta y sufragaron con todos los demás; de modo que no hubo votación más completamente decidida que la del Tucumán”.
Así, como lo recalca Jaimes Freyre, el 25 de junio de 1810 “es la fecha histórica que marca la adhesión de Tucumán a la revolución precursora de la Independencia argentina”
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