Por Marcelo Aguaysol
06 Mayo 2015
Para saber efectivamente si la reducción en el impuesto a las Ganancias, anunciada por el ministro de Economía Axel Kicillof, tendrá el efecto esperado, sólo habrá que sentarse a esperar la boleta de sueldo y –de ser posible- junto con un contador. Hasta ahora no está claro cómo será el impacto de una medida que, a todas luces, aparece más efectista que efectiva. Es un parche más, con el solo efecto de ganar tiempo. De otro modo, el Gobierno hubiera avanzado en la discusión integral de un resistido impuesto que no se caracteriza por su progresividad, sino por su amplio espectro recaudatorio. Más aún, el Poder Ejecutivo pretende cambiar la normativa apelando a una resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que, en este caso, parece tener más peso que una ley.
Aún más, si sólo afecta al 11% de los trabajadores, entonces ¿qué lleva a una gestión que se va a anunciar una reducción de hasta el 6% en los sueldos brutos de hasta $ 25.000? Kicillof ha dado otra pista ayer: la medida anunciada tendrá efecto retroactivo, por lo que el fisco deberá “devolverle” al contribuyente beneficiado lo retenido en los cinco meses transcurridos.
A estas alturas, el Gobierno va perdiendo el crédito. De hecho, los bancarios anunciaron que el martes 12 no atenderán al público, como una manera de reprocharle a la gestión de la presidenta Cristina Fernández la falta de respuestas concretas a los planteos sindicales; entre ellos, que el salario no puede ser considerado como ganancia. Frente a esas demandas gremiales, la Casa Rosada pasó del no, haciendo escala en un tibio ni, hasta llegar al sí, pero medido. Frente a tantas especulaciones (un día un funcionario decía que estaba en estudio, pero al día siguiente otro lo negaba), el anuncio se quedó a medio camino, como también la proyección de la misma Presidenta de la Nación acerca de la ruptura de 15 meses consecutivos de caída en el patentamiento de automóviles. Las estadísticas de la actividad terminaron por contradecirla. A Cristina Fernández le acercaron un “memo” que decía que, durante abril, las ventas de 0 Km iban a romper aquel prolongado ciclo de caídas, con un repunte interanual del 10%. Desde la conducción de la Asociación de Concesionarios Automotor de la República Argentina (Acara) fueron cuidados en no desmentir a la jefa de Estado y plantearon que, en abril, el mercado creció un 4% respecto de marzo. Sabido es que las mediciones serias deben realizarse de manera interanual. En esa comparación la caída fue del 4%, por lo que la debacle de la actividad se prolongó durante 16 meses. Ni hablar de lo que fue respecto de 2013, un año récord para la venta de autos, que implicó una reducción de las operaciones del 37%. Abel Bomrad, titular de Acara, fue más que cauto a la hora de plantear el escenario de patentamientos. El ejecutivo sólo arriesgó a decir que en los próximos meses puede haber una mejora. Ni ellos saben cuándo. Para los empresarios de la actividad automotriz, ganancias también es una mala palabra.
Si de ganancias se trata, la informalidad sigue avanzando a pasos agigantados. A tal punto que los salarios que se pagan a los empleados no registrados subieron un 35% en la comparación interanual. Los estatales lograron empatarlos, pero los trabajadores privados no corrieron la misma suerte: sus remuneraciones se reajustaron, en el último año, un 32,7%, de acuerdo con los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el medio de toda esta situación está la inflación que, según el Gobierno ha crecido en torno de un 24%, mientras que los privados han proyectado una evolución de precios similar al incremento en los salarios. Además de Ganancias, el impuesto inflacionario se queda con gran parte del poder adquisitivo de los argentinos. Pese a que hubo una desaceleración de los precios, el problema no ha desaparecido; está escondido debajo de la alfombra electoral. El beneficio, en definitiva, es un alivio circunstancial para la clase media, porque el rango de trabajadores alcanzados por la reducción reviste esa condición social. Así, la medida queda a mitad de camino y los asalariados se quedan pensando que, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
Aún más, si sólo afecta al 11% de los trabajadores, entonces ¿qué lleva a una gestión que se va a anunciar una reducción de hasta el 6% en los sueldos brutos de hasta $ 25.000? Kicillof ha dado otra pista ayer: la medida anunciada tendrá efecto retroactivo, por lo que el fisco deberá “devolverle” al contribuyente beneficiado lo retenido en los cinco meses transcurridos.
A estas alturas, el Gobierno va perdiendo el crédito. De hecho, los bancarios anunciaron que el martes 12 no atenderán al público, como una manera de reprocharle a la gestión de la presidenta Cristina Fernández la falta de respuestas concretas a los planteos sindicales; entre ellos, que el salario no puede ser considerado como ganancia. Frente a esas demandas gremiales, la Casa Rosada pasó del no, haciendo escala en un tibio ni, hasta llegar al sí, pero medido. Frente a tantas especulaciones (un día un funcionario decía que estaba en estudio, pero al día siguiente otro lo negaba), el anuncio se quedó a medio camino, como también la proyección de la misma Presidenta de la Nación acerca de la ruptura de 15 meses consecutivos de caída en el patentamiento de automóviles. Las estadísticas de la actividad terminaron por contradecirla. A Cristina Fernández le acercaron un “memo” que decía que, durante abril, las ventas de 0 Km iban a romper aquel prolongado ciclo de caídas, con un repunte interanual del 10%. Desde la conducción de la Asociación de Concesionarios Automotor de la República Argentina (Acara) fueron cuidados en no desmentir a la jefa de Estado y plantearon que, en abril, el mercado creció un 4% respecto de marzo. Sabido es que las mediciones serias deben realizarse de manera interanual. En esa comparación la caída fue del 4%, por lo que la debacle de la actividad se prolongó durante 16 meses. Ni hablar de lo que fue respecto de 2013, un año récord para la venta de autos, que implicó una reducción de las operaciones del 37%. Abel Bomrad, titular de Acara, fue más que cauto a la hora de plantear el escenario de patentamientos. El ejecutivo sólo arriesgó a decir que en los próximos meses puede haber una mejora. Ni ellos saben cuándo. Para los empresarios de la actividad automotriz, ganancias también es una mala palabra.
Si de ganancias se trata, la informalidad sigue avanzando a pasos agigantados. A tal punto que los salarios que se pagan a los empleados no registrados subieron un 35% en la comparación interanual. Los estatales lograron empatarlos, pero los trabajadores privados no corrieron la misma suerte: sus remuneraciones se reajustaron, en el último año, un 32,7%, de acuerdo con los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el medio de toda esta situación está la inflación que, según el Gobierno ha crecido en torno de un 24%, mientras que los privados han proyectado una evolución de precios similar al incremento en los salarios. Además de Ganancias, el impuesto inflacionario se queda con gran parte del poder adquisitivo de los argentinos. Pese a que hubo una desaceleración de los precios, el problema no ha desaparecido; está escondido debajo de la alfombra electoral. El beneficio, en definitiva, es un alivio circunstancial para la clase media, porque el rango de trabajadores alcanzados por la reducción reviste esa condición social. Así, la medida queda a mitad de camino y los asalariados se quedan pensando que, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
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