Por Roberto Delgado
03 Mayo 2015
Muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la asumen como consustancial a la condición humana, pero no es así. Es posible prevenirla, así como reorientar por completo las culturas en las que impera. En mi propio país, y en todo el mundo, tenemos magníficos ejemplos de cómo se ha contrarrestado la violencia. Los gobiernos, las comunidades y los individuos pueden cambiar la situación. Nelson Mandela. Prólogo al Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS, 2002
El cuerpo de Luis Hugo Gómez fue hallado sentado junto a un árbol cerca de la ruta 9 en Las Talitas, el 31 de diciembre, apenas entrada la noche. Volvía de visitar a sus hijos cuando alguien lo mató de un balazo por la espalda y le quitó la moto. Fue la última víctima mortal de un año salvaje (2014) que, al igual que 2013, sumó una alta cifra de asesinatos: 110, de acuerdo con el reciente informe estadístico de homicidios dolosos que ha elaborado la Policía de Tucumán. Este relevamiento va a ser compatibilizado con la tarea que está llevando a cabo el Centro de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que lo estudiará en el marco del “Plan Integral de Monitoreo Preventivo de la Conflictividad Violenta”. Lo comparará con los expedientes judiciales sobre muertes para que se establezca un informe concreto. El resultado quizás se conozca antes del último trimestre de 2015. “Esperamos tenerlo cuanto antes”, dice Andrés Garmendia, del centro de monitoreo judicial. El informe sobre homicidios del 2013 fue dado a conocer a comienzos de noviembre por el ex ministro de la Corte nacional Raúl Zaffaroni, ya que este estudio había sido promovido por el alto tribunal nacional.
En ese entonces, cuando se informó que en 2013 se habían registrado 112 homicidios, hubo un choque de informaciones porque la Policía había contabilizado unos 70 asesinatos y los mismos funcionarios de Seguridad estaban desconcertados. Pero los datos de los expedientes judiciales (estudiados por primera vez con criterio científico y estadístico) eran contundentes y se referían a un modo de medir la violencia que casi no tiene cifra negra o márgenes de error. Es muy raro que un homicidio no sea informado a la Justicia. Pero, según se vio el año pasado, la Policía no registraba (o no informaba) todos los episodios de muerte con dolo (es decir con intención de daño).
En aumento
El informe de hoy que muestra 110 homicidios en 2014 indica acaso una tendencia. Se repiten las cifras altas con respecto al año anterior y, aunque aún no se pueden hacer comparaciones con respecto a los años anteriores, sí hay estimaciones de investigaciones previas, pequeñas y aisladas, que permiten señalar que estas cifras duplican el promedio en Tucumán.
Efectivamente, un estudio realizado en 2011 por acuerdo entre la Facultad de Derecho y la Secretaría de Derechos Humanos sobre la cifra de homicidios en 2005, 2008, 2009 y 2010 arrojó detalles interesantes. Primero, que el promedio era de entre 60 y 70 víctimas por año, determinadas a partir del estudio de expedientes judiciales. Segundo, que no todos los casos son reflejados en la prensa (porque no fueron informados o porque no se pudo averiguar): en 2005 se publicó en LA GACETA sobre 59 homicidios y en la Justicia se contabilizaron 77; y en 2010 se publicaron 52 noticias al respecto y en Tribunales se registraron 61. Es decir que en la prensa se refleja sólo el 80% de los homicidios (al menos esas son conclusiones de ese estudio). En tercer lugar, la oficina federal que registra los datos de todo el país, la Dirección Nacional de Política Criminal (DPNC), sólo había contabilizado el 50% de los homicidios. Ya hace años el titular de esa Dirección, Mariano Ciafardini, había dícho que el relevamiento de datos era malo en el país. Con el apagón estadístico que sufrió el Indec hace ocho años la estadística de homicidios comenzó a depender de esfuerzos de oficinas voluntariosas o de entidades privadas como la Universidad Torcuato di Tella. De hecho, quien entre a la página de la DNPC sólo encontrará informes incompletos sobre homicidios hasta 2009.
La pregunta es: ¿de dónde saca los datos el país para que la Organización Mundial de la Salud establezca los informes sobre la violencia en el mundo cada año? Según una nota del diario “La Nación” (11/12/2014), Chile, Cuba y Argentina son los países de América latina con menos asesinatos cada 100.000 habitantes (Argentina tiene 5,5, Chile 3,1) mientras que Honduras, con 90,4, es uno de los países más violentos del mundo. En el caso de Chile, se elogia en el informe el hecho de que ha coordinado y contrastado la información de Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Subsecretarías de Prevención del Delito, Servicio Nacional de la Mujer, Departamento de Estadísticas e Información de Salud y Servicio Médico Legal. En Argentina no está claro de dónde salen los datos y el plan de monitoreo preventivo de la Corte nacional, el año pasado, fue revelador de una carencia tremenda. De ese estudio participaron la Capital Federal, La Rioja, Misiones, Corrientes, San Luis y Tucumán. Interesante, pero incompleto a nivel país.
Análisis sesgado
Por eso es importante este informe de la Policía tucumana sobre el año 2014, que contiene el germen del análisis de la violencia y que debería ayudar a entender el fenómeno y diseñar políticas de prevención. La tendencia de la Policía (y de los funcionarios) es política: separar específicamente lo que se considera que tiene que ver con la inseguridad. En este sentido, destacan especialmente que sólo hubo 12 asesinatos vinculados con asaltos o robos y de allí concluyen que “la tasa de homicidios en ocasión de robo es baja”. Pero excluyen, por ejemplo, el caso del delincuente que entró a la casa del dramaturgo Rafael Nofal en diciembre; está encuadrado en el rubro “legítima defensa” (6 casos). La mayor cantidad de casos está en el ítem “violencia intervecinal” (45); siguen “riña” (21) y “violencia intrafamiliar” (15), que no entran, según piensan los funcionarios, en lo que se connsidera “inseguridad”, que es generada, a su juicio, por quienes salen a delinquir y dañar intencionalmente a los demás en sus personas o sus bienes. Los otros rubros son “intervención policial” (6 casos), “Posible ajuste de cuentas” (2), “Muerte dudosa” (2) y “culposo” (1), este último referido a la muerte del automovilista Osvaldo Mata en El Manantial el 3 de octubre. Circulaba por la ruta 301 cuando recibió un balazo de un policía que se tiroteaba con dos asaltantes que huyeron.
Andrés Garmendia afirma que se va en camino a establecer criterios coordinados de análisis. El año pasado había diferencias entre las consideraciones mismas sobre lo que era “homicidio en ocasión de robo”, ya que la Justicia había contabilizado un 21% de casos (el doble de lo que analizaba la Policía). “También, a diferencia del estudio nacional, vamos a hacer georreferencia, para establecer sectores, lugares y regiones donde ocurren los hechos”. Además dijo que se va a hacer estudios de causas de homicidios en los lugares de los ataques.
Machismo subyacente
Al respecto, el estudio de 2011 de la Facultad de Derecho y la Secretaría de Derechos Humanos (que no fue usado por nadie porque el acuerdo se cayó) había llegado a conclusiones interesantes sobre la violencia: 1) Gran parte de las víctimas son jóvenes de 16 a 30 años (el 51%), lo cual coincide con los informes de Organización Mundial de la Salud. 2) La mayoría de los asesinatos se concentró en el área de la seccional 4a (San Andrés, San Cayetano, La Costanera), seguida por la seccional 10a (Villa 9 de Julio, La Costanera) y la seccional 13a (Los Chañaritos, Barrio Victoria, Barrio Ejército Argentino). 3) El 43,8% de las muertes fue con armas de fuego, y el 35,6% con arma blanca. 4) En el caso de las mujeres asesinadas, el 27% fueron muertas a golpes. 5) El 48% de las muertes de mujeres se debe a violencia doméstica (encuadra dentro de lo que la Policía llama “intrafamiliar”).
Hoy, cuatro años después, la provincia cuenta con un Observatorio de Violencia de Género pero está claro que el tratamiento que la sociedad, empezando por la Policía, da a estos casos aún responde a criterios antediluvianos. La historia que se publicó ayer de la niña violada y embarazada por un vecino en la Invernada estremece. Y llama la atención el prejuicio machista con que la Policía recibió la denuncia, según cuenta su madre. Basta rastrear los casos de homicidios de género para encontrar antecedentes de desatención policial y judicial a las denuncias de mujeres golpeadas.
Casi epidemia
Coordinar los criterios para establecer hechos, lugares y causas puede ayudar mucho para avanzar sobre estrategias para enfrentar la violencia en la provincia que, aunque la Policía estima baja en relación a la cantidad de habitantes (sólo 12 homicidios en ocasión de robo sobre 1.448.200 habitantes da una tasa del 0,2 cada 100.000), entra en algunos lugares en zona de riesgo. La Organización Mundial de la Salud no hace esa distinción “por robo” y estudia la violencia en general. La define como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Y al referirse a los homicidios, dice que un índice de situación normal de criminalidad es aquel que se da en el rango de entre 0 y 5; que entre 5 y 8 es una situación delicada, y que un valor mayor a 8 homicidios cada 100.000 habitantes es una situación epidémica. La misma Policía analiza que la provincia, con 110 homicidios, tiene una tasa de 7,59 y el área del Centro Judicial Capital (que abarca desde Trancas hasta Famaillá), con 93 víctimas entre 1.103.824 habitantes, tiene una tasa de homicidios de 8,42. Epidémica. Aunque se haga distinciones entre robo, riña o intrafamiliar, la violencia está en nosotros.
El cuerpo de Luis Hugo Gómez fue hallado sentado junto a un árbol cerca de la ruta 9 en Las Talitas, el 31 de diciembre, apenas entrada la noche. Volvía de visitar a sus hijos cuando alguien lo mató de un balazo por la espalda y le quitó la moto. Fue la última víctima mortal de un año salvaje (2014) que, al igual que 2013, sumó una alta cifra de asesinatos: 110, de acuerdo con el reciente informe estadístico de homicidios dolosos que ha elaborado la Policía de Tucumán. Este relevamiento va a ser compatibilizado con la tarea que está llevando a cabo el Centro de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que lo estudiará en el marco del “Plan Integral de Monitoreo Preventivo de la Conflictividad Violenta”. Lo comparará con los expedientes judiciales sobre muertes para que se establezca un informe concreto. El resultado quizás se conozca antes del último trimestre de 2015. “Esperamos tenerlo cuanto antes”, dice Andrés Garmendia, del centro de monitoreo judicial. El informe sobre homicidios del 2013 fue dado a conocer a comienzos de noviembre por el ex ministro de la Corte nacional Raúl Zaffaroni, ya que este estudio había sido promovido por el alto tribunal nacional.
En ese entonces, cuando se informó que en 2013 se habían registrado 112 homicidios, hubo un choque de informaciones porque la Policía había contabilizado unos 70 asesinatos y los mismos funcionarios de Seguridad estaban desconcertados. Pero los datos de los expedientes judiciales (estudiados por primera vez con criterio científico y estadístico) eran contundentes y se referían a un modo de medir la violencia que casi no tiene cifra negra o márgenes de error. Es muy raro que un homicidio no sea informado a la Justicia. Pero, según se vio el año pasado, la Policía no registraba (o no informaba) todos los episodios de muerte con dolo (es decir con intención de daño).
En aumento
El informe de hoy que muestra 110 homicidios en 2014 indica acaso una tendencia. Se repiten las cifras altas con respecto al año anterior y, aunque aún no se pueden hacer comparaciones con respecto a los años anteriores, sí hay estimaciones de investigaciones previas, pequeñas y aisladas, que permiten señalar que estas cifras duplican el promedio en Tucumán.
Efectivamente, un estudio realizado en 2011 por acuerdo entre la Facultad de Derecho y la Secretaría de Derechos Humanos sobre la cifra de homicidios en 2005, 2008, 2009 y 2010 arrojó detalles interesantes. Primero, que el promedio era de entre 60 y 70 víctimas por año, determinadas a partir del estudio de expedientes judiciales. Segundo, que no todos los casos son reflejados en la prensa (porque no fueron informados o porque no se pudo averiguar): en 2005 se publicó en LA GACETA sobre 59 homicidios y en la Justicia se contabilizaron 77; y en 2010 se publicaron 52 noticias al respecto y en Tribunales se registraron 61. Es decir que en la prensa se refleja sólo el 80% de los homicidios (al menos esas son conclusiones de ese estudio). En tercer lugar, la oficina federal que registra los datos de todo el país, la Dirección Nacional de Política Criminal (DPNC), sólo había contabilizado el 50% de los homicidios. Ya hace años el titular de esa Dirección, Mariano Ciafardini, había dícho que el relevamiento de datos era malo en el país. Con el apagón estadístico que sufrió el Indec hace ocho años la estadística de homicidios comenzó a depender de esfuerzos de oficinas voluntariosas o de entidades privadas como la Universidad Torcuato di Tella. De hecho, quien entre a la página de la DNPC sólo encontrará informes incompletos sobre homicidios hasta 2009.
La pregunta es: ¿de dónde saca los datos el país para que la Organización Mundial de la Salud establezca los informes sobre la violencia en el mundo cada año? Según una nota del diario “La Nación” (11/12/2014), Chile, Cuba y Argentina son los países de América latina con menos asesinatos cada 100.000 habitantes (Argentina tiene 5,5, Chile 3,1) mientras que Honduras, con 90,4, es uno de los países más violentos del mundo. En el caso de Chile, se elogia en el informe el hecho de que ha coordinado y contrastado la información de Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Subsecretarías de Prevención del Delito, Servicio Nacional de la Mujer, Departamento de Estadísticas e Información de Salud y Servicio Médico Legal. En Argentina no está claro de dónde salen los datos y el plan de monitoreo preventivo de la Corte nacional, el año pasado, fue revelador de una carencia tremenda. De ese estudio participaron la Capital Federal, La Rioja, Misiones, Corrientes, San Luis y Tucumán. Interesante, pero incompleto a nivel país.
Análisis sesgado
Por eso es importante este informe de la Policía tucumana sobre el año 2014, que contiene el germen del análisis de la violencia y que debería ayudar a entender el fenómeno y diseñar políticas de prevención. La tendencia de la Policía (y de los funcionarios) es política: separar específicamente lo que se considera que tiene que ver con la inseguridad. En este sentido, destacan especialmente que sólo hubo 12 asesinatos vinculados con asaltos o robos y de allí concluyen que “la tasa de homicidios en ocasión de robo es baja”. Pero excluyen, por ejemplo, el caso del delincuente que entró a la casa del dramaturgo Rafael Nofal en diciembre; está encuadrado en el rubro “legítima defensa” (6 casos). La mayor cantidad de casos está en el ítem “violencia intervecinal” (45); siguen “riña” (21) y “violencia intrafamiliar” (15), que no entran, según piensan los funcionarios, en lo que se connsidera “inseguridad”, que es generada, a su juicio, por quienes salen a delinquir y dañar intencionalmente a los demás en sus personas o sus bienes. Los otros rubros son “intervención policial” (6 casos), “Posible ajuste de cuentas” (2), “Muerte dudosa” (2) y “culposo” (1), este último referido a la muerte del automovilista Osvaldo Mata en El Manantial el 3 de octubre. Circulaba por la ruta 301 cuando recibió un balazo de un policía que se tiroteaba con dos asaltantes que huyeron.
Andrés Garmendia afirma que se va en camino a establecer criterios coordinados de análisis. El año pasado había diferencias entre las consideraciones mismas sobre lo que era “homicidio en ocasión de robo”, ya que la Justicia había contabilizado un 21% de casos (el doble de lo que analizaba la Policía). “También, a diferencia del estudio nacional, vamos a hacer georreferencia, para establecer sectores, lugares y regiones donde ocurren los hechos”. Además dijo que se va a hacer estudios de causas de homicidios en los lugares de los ataques.
Machismo subyacente
Al respecto, el estudio de 2011 de la Facultad de Derecho y la Secretaría de Derechos Humanos (que no fue usado por nadie porque el acuerdo se cayó) había llegado a conclusiones interesantes sobre la violencia: 1) Gran parte de las víctimas son jóvenes de 16 a 30 años (el 51%), lo cual coincide con los informes de Organización Mundial de la Salud. 2) La mayoría de los asesinatos se concentró en el área de la seccional 4a (San Andrés, San Cayetano, La Costanera), seguida por la seccional 10a (Villa 9 de Julio, La Costanera) y la seccional 13a (Los Chañaritos, Barrio Victoria, Barrio Ejército Argentino). 3) El 43,8% de las muertes fue con armas de fuego, y el 35,6% con arma blanca. 4) En el caso de las mujeres asesinadas, el 27% fueron muertas a golpes. 5) El 48% de las muertes de mujeres se debe a violencia doméstica (encuadra dentro de lo que la Policía llama “intrafamiliar”).
Hoy, cuatro años después, la provincia cuenta con un Observatorio de Violencia de Género pero está claro que el tratamiento que la sociedad, empezando por la Policía, da a estos casos aún responde a criterios antediluvianos. La historia que se publicó ayer de la niña violada y embarazada por un vecino en la Invernada estremece. Y llama la atención el prejuicio machista con que la Policía recibió la denuncia, según cuenta su madre. Basta rastrear los casos de homicidios de género para encontrar antecedentes de desatención policial y judicial a las denuncias de mujeres golpeadas.
Casi epidemia
Coordinar los criterios para establecer hechos, lugares y causas puede ayudar mucho para avanzar sobre estrategias para enfrentar la violencia en la provincia que, aunque la Policía estima baja en relación a la cantidad de habitantes (sólo 12 homicidios en ocasión de robo sobre 1.448.200 habitantes da una tasa del 0,2 cada 100.000), entra en algunos lugares en zona de riesgo. La Organización Mundial de la Salud no hace esa distinción “por robo” y estudia la violencia en general. La define como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Y al referirse a los homicidios, dice que un índice de situación normal de criminalidad es aquel que se da en el rango de entre 0 y 5; que entre 5 y 8 es una situación delicada, y que un valor mayor a 8 homicidios cada 100.000 habitantes es una situación epidémica. La misma Policía analiza que la provincia, con 110 homicidios, tiene una tasa de 7,59 y el área del Centro Judicial Capital (que abarca desde Trancas hasta Famaillá), con 93 víctimas entre 1.103.824 habitantes, tiene una tasa de homicidios de 8,42. Epidémica. Aunque se haga distinciones entre robo, riña o intrafamiliar, la violencia está en nosotros.
Lo más popular
