Por Carlos Páez de la Torre H
01 Noviembre 2014
EL DECRETO. Firmas del general Gregorio Aráoz de La Madrid y de su secretario, coronel Juan Elías, al pie de la disposición. la gaceta / archivo
Es sabido que durante la Guerra de la Independencia, hacia 1815, el general Martín Güemes implantó el “fuero gaucho”, que otorgaba privilegios e inmunidades a los soldados y a sus familias, en varios terrenos. Algo así ocurrió también en Tucumán, en tiempos de la Liga del Norte contra Rosas, respecto de las mal pagadas tropas y de quienes las mandaban.
El 27 de abril de ese año, el gobernador delegado de Tucumán y jefe del “Segundo Ejército Libertador” de los coaligados, general Gregorio Aráoz de La Madrid, decretó que “las familias e intereses de los soldados, oficiales y jefes que sirven en los diferentes cuerpos del Ejército, serán reputados un sagrado, que nadie bajo pretexto alguno tendrá derecho de violar, ni a exigir el pago de deudas, contraídas con anterioridad, durante el tiempo de la campaña”.
Asimismo, disponía que por todo el tiempo que durasen las acciones contra los ejércitos rosistas, los integrantes de la fuerza quedaban “exentos de pagar arriendo de las tierras que ocupan sus familias y haciendas”. Igualmente, los jefes departamentales debían “auxiliar con carne” a las familias de los soldados pobres. El auxilio sería provisto por “las personas hacendadas y pudientes”, a las que se les extendería un recibo.
Los considerandos del decreto -que refrendaba el coronel Juan Elías- tenían en cuenta que “todo ciudadano tiene el deber estricto de concurrir con todos sus esfuerzos a la defensa y libertad de su patria”, y que “todos los individuos que componen el Ejército, llenan hoy esa sagrada obligación con abnegación de sus más queridos intereses”.
El 27 de abril de ese año, el gobernador delegado de Tucumán y jefe del “Segundo Ejército Libertador” de los coaligados, general Gregorio Aráoz de La Madrid, decretó que “las familias e intereses de los soldados, oficiales y jefes que sirven en los diferentes cuerpos del Ejército, serán reputados un sagrado, que nadie bajo pretexto alguno tendrá derecho de violar, ni a exigir el pago de deudas, contraídas con anterioridad, durante el tiempo de la campaña”.
Asimismo, disponía que por todo el tiempo que durasen las acciones contra los ejércitos rosistas, los integrantes de la fuerza quedaban “exentos de pagar arriendo de las tierras que ocupan sus familias y haciendas”. Igualmente, los jefes departamentales debían “auxiliar con carne” a las familias de los soldados pobres. El auxilio sería provisto por “las personas hacendadas y pudientes”, a las que se les extendería un recibo.
Los considerandos del decreto -que refrendaba el coronel Juan Elías- tenían en cuenta que “todo ciudadano tiene el deber estricto de concurrir con todos sus esfuerzos a la defensa y libertad de su patria”, y que “todos los individuos que componen el Ejército, llenan hoy esa sagrada obligación con abnegación de sus más queridos intereses”.
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