Por Luis María Ruiz
18 Julio 2014
Pasó en los 11 años de alperovichismo. Pasará también ahora. La Legislatura omitirá una nueva oportunidad de “democratizar” el Código de Contravenciones Policiales, un régimen de faltas sociales pergeñado por la dictadura militar. Es curioso: el gobierno de facto más sangriento del siglo pasado utilizó esta norma por tres años: desde su puesta en vigencia, en 1980, hasta la caída del régimen, en 1983. Las restantes tres décadas de subsistencia de la Ley de Contravenciones Policiales son exclusiva responsabilidad de las sucesivas conformaciones legislativas y sus líderes de la Casa de Gobierno.
En 2010, la Corte de Justicia de la Nación declaró que el proceso contravencional es inconstitucional: la Policía acusa, investiga y detiene o multa sin que el ciudadano tenga derecho a defensa y a un tribunal imparcial, y sin que la Justicia sea notificada en el instante del procedimiento.
La Secretaría de Saneamiento iba a utilizar esta cuestionada ley para perseguir a quienes tiren basura en los ingresos a ciudad. La medida buscaba limpiar la corroída imagen del Gobierno provincial en la Capital, y a la vez barrer el amayismo. Pero el aquel sistema iba a encontrar tantos planteos de inconstitucionalidad como multas y arrestos. Entonces, el alperovichismo escogió otra vez el camino más corto: adaptar una olvidada ley de 2007, en lugar de saldar la histórica deuda de quitarle a la Policía un arma que no debería siquiera portar.
En 2010, la Corte de Justicia de la Nación declaró que el proceso contravencional es inconstitucional: la Policía acusa, investiga y detiene o multa sin que el ciudadano tenga derecho a defensa y a un tribunal imparcial, y sin que la Justicia sea notificada en el instante del procedimiento.
La Secretaría de Saneamiento iba a utilizar esta cuestionada ley para perseguir a quienes tiren basura en los ingresos a ciudad. La medida buscaba limpiar la corroída imagen del Gobierno provincial en la Capital, y a la vez barrer el amayismo. Pero el aquel sistema iba a encontrar tantos planteos de inconstitucionalidad como multas y arrestos. Entonces, el alperovichismo escogió otra vez el camino más corto: adaptar una olvidada ley de 2007, en lugar de saldar la histórica deuda de quitarle a la Policía un arma que no debería siquiera portar.
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