27 Septiembre 2013
Junto a los niños y a los ancianos constituyen los sectores más vulnerables de la sociedad, pero también uno de los más marginados. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. La discapacidad abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales, según la Organización Mundial de la Salud.
De acuerdo con el censo 2010, el 13% de la población de Tucumán posee alguna discapacidad. En nuestra edición del miércoles, dedicamos un amplio espacio a una imprenta que pertenece a la Fundación Huayra, donde trabajan 12 personas con diferentes habilidades.
La encargada de la fundación, que tomó conciencia de la realidad que vivían las personas discapacitadas cuando acompañaba a su padre a dializarse, dijo que tratan de fortalecer principalmente la autoestima porque la mayoría tiene historias de abandono y maltrato familiar y social. "Ellos pueden hacer de todo, sólo que hay que saber enseñarles. Aprenden por la repetición y una vez que lo saben no lo olvidan", contó.
Son numerosas las leyes que protegen en teoría a los discapacitados. Por ejemplo, una de ellas indica que el Estado debe emplear a un 4% de personas administración pública, pero son pocas las reparticiones donde se cumple; tampoco lo hace la mayoría de las empresas privadas, aunque estas no están obligadas a hacerlo. Sin embargo, uno de las problemas más serios se presentan en el área de transporte.
La ley 7.811 nunca se reglamentó, por lo tanto son pocas las empresas de ómnibus que adquirieron nuevas unidades especiales. Los empresarios se quejaron por el costo de los nuevos rodados. El acceso gratuito a cualquier línea de transporte con sólo presentar el certificado de discapacidad no se cumple. "Aunque la ley fue aprobada en 2012, nunca se publicó en el Boletín Oficial por lo que no puede entrar en vigencia", sostuvo un abogado especialista en el tema. Las dificultades reaparecen cuando deben efectuar viajes a larga distancia. De acuerdo con la norma, 48 horas antes pueden sacar el boleto. "Responden que no hay cupos sino para dentro de varias semanas (en realidad no existe ningún cupo por ley). Le entregan un asiento en el primer piso del ómnibus cuando, por ejemplo, se trata de una persona en silla de ruedas. A veces, sólo les dan pasaje de ida y después terminan varados", señala el letrado.
Esta indiferencia por mejorar la calidad de vida del semejante reflejada en la falta de reglamentación de leyes, en las trabas laborales, en el transporte, en la educación y en las obras sociales ponen en evidencia la insensibilidad, la ausencia de solidaridad con estos comprovincianos para ayudarlos a desarrollarse, a integrarse, a que tengan igualdad de oportunidades. Por otro lado, enaltece la labor de organizaciones no gubernamentales o fundaciones como Huayra que, empujadas por el amor al prójimo y con infinita paciencia, tienden una mano fraterna y tratan de realizar mínimamente una labor que le compete al Estado.
De acuerdo con el censo 2010, el 13% de la población de Tucumán posee alguna discapacidad. En nuestra edición del miércoles, dedicamos un amplio espacio a una imprenta que pertenece a la Fundación Huayra, donde trabajan 12 personas con diferentes habilidades.
La encargada de la fundación, que tomó conciencia de la realidad que vivían las personas discapacitadas cuando acompañaba a su padre a dializarse, dijo que tratan de fortalecer principalmente la autoestima porque la mayoría tiene historias de abandono y maltrato familiar y social. "Ellos pueden hacer de todo, sólo que hay que saber enseñarles. Aprenden por la repetición y una vez que lo saben no lo olvidan", contó.
Son numerosas las leyes que protegen en teoría a los discapacitados. Por ejemplo, una de ellas indica que el Estado debe emplear a un 4% de personas administración pública, pero son pocas las reparticiones donde se cumple; tampoco lo hace la mayoría de las empresas privadas, aunque estas no están obligadas a hacerlo. Sin embargo, uno de las problemas más serios se presentan en el área de transporte.
La ley 7.811 nunca se reglamentó, por lo tanto son pocas las empresas de ómnibus que adquirieron nuevas unidades especiales. Los empresarios se quejaron por el costo de los nuevos rodados. El acceso gratuito a cualquier línea de transporte con sólo presentar el certificado de discapacidad no se cumple. "Aunque la ley fue aprobada en 2012, nunca se publicó en el Boletín Oficial por lo que no puede entrar en vigencia", sostuvo un abogado especialista en el tema. Las dificultades reaparecen cuando deben efectuar viajes a larga distancia. De acuerdo con la norma, 48 horas antes pueden sacar el boleto. "Responden que no hay cupos sino para dentro de varias semanas (en realidad no existe ningún cupo por ley). Le entregan un asiento en el primer piso del ómnibus cuando, por ejemplo, se trata de una persona en silla de ruedas. A veces, sólo les dan pasaje de ida y después terminan varados", señala el letrado.
Esta indiferencia por mejorar la calidad de vida del semejante reflejada en la falta de reglamentación de leyes, en las trabas laborales, en el transporte, en la educación y en las obras sociales ponen en evidencia la insensibilidad, la ausencia de solidaridad con estos comprovincianos para ayudarlos a desarrollarse, a integrarse, a que tengan igualdad de oportunidades. Por otro lado, enaltece la labor de organizaciones no gubernamentales o fundaciones como Huayra que, empujadas por el amor al prójimo y con infinita paciencia, tienden una mano fraterna y tratan de realizar mínimamente una labor que le compete al Estado.
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