02 Septiembre 2013
La máxima autoridad de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ) salió al cruce de los reclamos de más de 100 personas, que denuncian una presunta estafa en la adjudicación de las viviendas del Barrio Judicial. Ada Altuve, secretaria general del gremio, rechazó las acusaciones y aseguró que los manifestantes pretenden presionarla con las movilizaciones.
"Yo no estafé a nadie. No son justas esas marchas de presión (sic). No es justo porque nosotros seguimos brindando una solución a las personas con estas 340 viviendas que estamos ejecutando en Las Talitas, y con nuevas gestiones para conseguir 100 viviendas más", expresó Altuve a LA GACETA.
Pese a no haber recibido aún a los manifestantes, la titular del gremio judicial informó que están buscando un local para alquilar (en la zona de Tribunales), en el que se recibirá a los manifestantes y donde los abogados del sindicato podrán explicar a todos la situación.
"Ese espacio contará con la comodidad necesaria para que se anoten todos los que están con los planes caídos. También se trasmitirán los avances en las obras de las 340 casas de Las Talitas", manifestó la dirigente.
En cuanto a las denuncias sobre supuestos "aprietes" a los damnificados, Altuve desestimó las acusaciones. "No es nuestro estilo injuriar ni agravar a nadie. Nosotros damos soluciones. Y las 227 viviendas de Los Pocitos son una solución, como lo son también las 340 casas de Las Talitas y otras 100 viviendas que estamos en tratativas de conseguir", se escudó. En cambio, declaró que son los empleados del gremio y ella quienes son injuriados, agraviados y "amenazados de muerte".
El miércoles 21 de agosto, tras conocerse la noticia de que el viernes 16 de ese mes se habían entregado las 227 viviendas en Los Pocitos, unas 80 personas se congregaron frente al gremio, a las 20. Una hora más tarde, un empleado salió a recibirlos por la entrada vehicular de Tribunales, sobre calle Congreso. Tras la indignación general por la falta de respuestas, se realizaron dos marchas en los días siguientes. La semana pasada se llevó a cabo el tercer corte frente al Palacio de Tribunales. Fernando Nadalich, presunto damnificado y vocero del grupo, y Carlos Garmendia, abogado que representa la mayor cantidad de casos, coincidieron en que al menos 170 personas tienen un comprobante firmado por el gremio para ingresar al plan de viviendas; y denunciaron "aprietes" para desalentar los reclamos.
Garmendia indicó que intimarán al gremio mediante carta documento para ser recibidos y arribar a una solución con los manifestantes, algunos de los cuales iniciaron los trámites para acceder a viviendas sociales hace más de cinco años. "En base a las explicaciones que nos dé el gremio, estableceremos una línea de acción. La solución tiene que pasar porque cada persona que haya pagado para tener su casa reciba una solución habitacional", expresó el abogado. "Tampoco vamos a tolerar los aprietes. En estos días mucha gente ha sido amedrentada en su lugar de trabajo y en las escuelas de sus chicos. No vamos a tolerar estas prácticas", exclamó Garmendia.
Por su parte, Nadalich reprochó que no se haya publicitado en los medios la entrega de las viviendas, y denunció que se realizaron "constantes" modificaciones al listado provisorio de adjudicatarios.
"Yo no estafé a nadie. No son justas esas marchas de presión (sic). No es justo porque nosotros seguimos brindando una solución a las personas con estas 340 viviendas que estamos ejecutando en Las Talitas, y con nuevas gestiones para conseguir 100 viviendas más", expresó Altuve a LA GACETA.
Pese a no haber recibido aún a los manifestantes, la titular del gremio judicial informó que están buscando un local para alquilar (en la zona de Tribunales), en el que se recibirá a los manifestantes y donde los abogados del sindicato podrán explicar a todos la situación.
"Ese espacio contará con la comodidad necesaria para que se anoten todos los que están con los planes caídos. También se trasmitirán los avances en las obras de las 340 casas de Las Talitas", manifestó la dirigente.
En cuanto a las denuncias sobre supuestos "aprietes" a los damnificados, Altuve desestimó las acusaciones. "No es nuestro estilo injuriar ni agravar a nadie. Nosotros damos soluciones. Y las 227 viviendas de Los Pocitos son una solución, como lo son también las 340 casas de Las Talitas y otras 100 viviendas que estamos en tratativas de conseguir", se escudó. En cambio, declaró que son los empleados del gremio y ella quienes son injuriados, agraviados y "amenazados de muerte".
El miércoles 21 de agosto, tras conocerse la noticia de que el viernes 16 de ese mes se habían entregado las 227 viviendas en Los Pocitos, unas 80 personas se congregaron frente al gremio, a las 20. Una hora más tarde, un empleado salió a recibirlos por la entrada vehicular de Tribunales, sobre calle Congreso. Tras la indignación general por la falta de respuestas, se realizaron dos marchas en los días siguientes. La semana pasada se llevó a cabo el tercer corte frente al Palacio de Tribunales. Fernando Nadalich, presunto damnificado y vocero del grupo, y Carlos Garmendia, abogado que representa la mayor cantidad de casos, coincidieron en que al menos 170 personas tienen un comprobante firmado por el gremio para ingresar al plan de viviendas; y denunciaron "aprietes" para desalentar los reclamos.
Garmendia indicó que intimarán al gremio mediante carta documento para ser recibidos y arribar a una solución con los manifestantes, algunos de los cuales iniciaron los trámites para acceder a viviendas sociales hace más de cinco años. "En base a las explicaciones que nos dé el gremio, estableceremos una línea de acción. La solución tiene que pasar porque cada persona que haya pagado para tener su casa reciba una solución habitacional", expresó el abogado. "Tampoco vamos a tolerar los aprietes. En estos días mucha gente ha sido amedrentada en su lugar de trabajo y en las escuelas de sus chicos. No vamos a tolerar estas prácticas", exclamó Garmendia.
Por su parte, Nadalich reprochó que no se haya publicitado en los medios la entrega de las viviendas, y denunció que se realizaron "constantes" modificaciones al listado provisorio de adjudicatarios.
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