01 Febrero 2010
CONTAMINACION. La colocación de dispositivos en las chimeneas de los ingenios permite mitigar la polución que genera la actividad azucarera. LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO
La contaminación del medio ambiente que provocan los ingenios azucareros volverá a ocupar el centro de la escena judicial a partir de hoy, cuando se reanuden las actividades en los tribunales. Puntualmente, la Cámara en lo Civil y Comercial Común tendrá que ratificar o no una sentencia de primera instancia que ordena a 12 ingenios colocar filtros en todas sus chimeneas.
La causa fue promovida en mayo de 2006 por la Federación de Organizaciones Ambientalistad de Tucumán. La entidad había presentado un recurso de amparo colectivo luego de que se venció el plazo legal para que los industriales cumplieran con las disposiciones de la Ley 7.460, que otorgó un año (hasta noviembre de 2005) a los ingenios para que adecúen sus instalaciones a fin de mitigar la contaminación atmosférica.
Largo peregrinar
Finalmente, en septiembre de 2008 la jueza Emely Ana Amenábar, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la IV Nominación, hizo lugar al amparo y ordenó a los ingenios que colocaran los filtros hasta junio de 2009. El fallo involucró al Concepción, Leales, La Fronterita, Bella Vista, San Juan, Cruz Alta, La Florida, Marapa, Ñuñorco, Aguilares, Santa Bárbara y La Providencia. Pero no alcanzó a los ingenios Santa Rosa, La Trinidad y La Corona porque llegaron a un acuerdo con la federación que fue homologado por la jueza Amenábar. Estos se comprometieron a respetar un cronograma para colocar los filtros.
La decisión judicial fue apelada por los industriales, por lo que llegó a manos de los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila. Los jueces, antes de resolver sobre el recurso de apelación, solicitaron un dictamen al fiscal de cámara, Daniel Marranzino.
Precisamente, este emitió su opinión antes del receso por la feria judicial y aconsejó que la sentencia de primera instancia sea ratificada. "De la prueba colectada surge que las fábricas azucareras demandadas se encontraban a la fecha de interposición del amparo en franca violación a la normativa (...) Por todo lo antes expuesto, soy de opinión que la sentencia recurrida debe ser confirmada en todas sus partes", concluyó el fiscal de la cámara penal.
El dictamen generó expectativas entre los integrantes de la federación ambiental que promovió el amparo colectivo. "Esperamos que la sentencia ponga punto final a un problema que vienen sufriendo los tucumanos desde épocas inmemoriales y que se traduce en enfermedades respiratorias, algunas de ellas crónicas. Contar con un fallo lo antes posible permitirá que los ingenios puedan realizar los trabajos necesarios antes del inicio de la zafra 2010", consideró el secretario de la Federación de Organizaciones Ambientalistas, Juan Manuel Prado Iratchet.
El ingeniero cuestionó las dilaciones en las que incurrió la mayoría de los ingenios para cumplir con la colocación de filtros. "Durante el desarrollo de la causa vimos que las industrias realizaron inversiones varias veces millonarias para incrementar su capacidad de producción, adquiriendo calderas nuevas o renovando las existentes, mientras se negaban a colocar filtros húmedos los cuales, en la mayoría de los casos, no cuestan más de U$S 150.000", se quejó. "Por lo tanto, con una sentencia definitiva que obligue a los industriales a colocar los filtros en sus chimeneas podremos dar cumplimiento a lo que exige la Ley 7.460, aunque más no sea cinco años más tarde", auguró Prado Iratchet.
La causa fue promovida en mayo de 2006 por la Federación de Organizaciones Ambientalistad de Tucumán. La entidad había presentado un recurso de amparo colectivo luego de que se venció el plazo legal para que los industriales cumplieran con las disposiciones de la Ley 7.460, que otorgó un año (hasta noviembre de 2005) a los ingenios para que adecúen sus instalaciones a fin de mitigar la contaminación atmosférica.
Largo peregrinar
Finalmente, en septiembre de 2008 la jueza Emely Ana Amenábar, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la IV Nominación, hizo lugar al amparo y ordenó a los ingenios que colocaran los filtros hasta junio de 2009. El fallo involucró al Concepción, Leales, La Fronterita, Bella Vista, San Juan, Cruz Alta, La Florida, Marapa, Ñuñorco, Aguilares, Santa Bárbara y La Providencia. Pero no alcanzó a los ingenios Santa Rosa, La Trinidad y La Corona porque llegaron a un acuerdo con la federación que fue homologado por la jueza Amenábar. Estos se comprometieron a respetar un cronograma para colocar los filtros.
La decisión judicial fue apelada por los industriales, por lo que llegó a manos de los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila. Los jueces, antes de resolver sobre el recurso de apelación, solicitaron un dictamen al fiscal de cámara, Daniel Marranzino.
Precisamente, este emitió su opinión antes del receso por la feria judicial y aconsejó que la sentencia de primera instancia sea ratificada. "De la prueba colectada surge que las fábricas azucareras demandadas se encontraban a la fecha de interposición del amparo en franca violación a la normativa (...) Por todo lo antes expuesto, soy de opinión que la sentencia recurrida debe ser confirmada en todas sus partes", concluyó el fiscal de la cámara penal.
El dictamen generó expectativas entre los integrantes de la federación ambiental que promovió el amparo colectivo. "Esperamos que la sentencia ponga punto final a un problema que vienen sufriendo los tucumanos desde épocas inmemoriales y que se traduce en enfermedades respiratorias, algunas de ellas crónicas. Contar con un fallo lo antes posible permitirá que los ingenios puedan realizar los trabajos necesarios antes del inicio de la zafra 2010", consideró el secretario de la Federación de Organizaciones Ambientalistas, Juan Manuel Prado Iratchet.
El ingeniero cuestionó las dilaciones en las que incurrió la mayoría de los ingenios para cumplir con la colocación de filtros. "Durante el desarrollo de la causa vimos que las industrias realizaron inversiones varias veces millonarias para incrementar su capacidad de producción, adquiriendo calderas nuevas o renovando las existentes, mientras se negaban a colocar filtros húmedos los cuales, en la mayoría de los casos, no cuestan más de U$S 150.000", se quejó. "Por lo tanto, con una sentencia definitiva que obligue a los industriales a colocar los filtros en sus chimeneas podremos dar cumplimiento a lo que exige la Ley 7.460, aunque más no sea cinco años más tarde", auguró Prado Iratchet.
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