Los paraísos fiscales

Sin embargo, los expertos mantienen la duda: “las sedes más importantes del fraude financiero continúan intactas”, teme el presidente fundador del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Jacques Attali. Y el magistrado financiero francés Jean de Maillard profetiza: “volveremos a vivir la farsa de las listas negras”. El G20 estaba demasiado dividido para presentar una lista propia de paraísos fiscales: británicos y estadounidenses no quisieron ponerse a sí mismos en la picota y China se mostró protectora con Hong Kong. El G20 señaló a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que inmediatamente después de la conferencia presentó un informe de avances sobre la cooperación en las cuestiones fiscales. La OCDE colocó en principio en su lista negra de pecadores recurrentes sólo a Costa Rica, Malasia, Uruguay y Filipinas. Pero los paraísos fiscales que aparecen con más frecuencia ante la opinión pública como Liechtenstein o las Islas Caimán sólo fueron colocados en una lista gris de centros financieros que aún no implementaron sus promesas de cooperación. Otros casos, como el de las islas británicas de Man o Jersey, o las Barbados, quedaron al mismo nivel que Alemania o Suecia, es decir, prácticamente limpios. La lista de la OCDE se basa en declaraciones de intenciones y no ofrece la herramienta esperada, opina con decepción la organización humanitaria Oxfam Francia. Sin una lista propia del G20 no son posibles las sanciones, opina. Jean Merckaert, del Comité Católico contra el hambre y para el desarrollo (CCFD), consideró hipócrita señalar a algunos territorios exóticos y eximir lugares como Londres. El magistrado financiero Maillard dijo que la ciudad es uno de los mercados financieros más opacos. Attali también considera que Londres y EEUU son lugares de fraude financiero. La OCDE ve, sin embargo, un importante comienzo. Los ministros de Finanzas del G20 deberán garantizar que se mantenga la nueva dinámica. Por ello pretenden crear una caja de herramientas antes de fin de año que cuente con los instrumentos necesarios para obligar a los centros financieros a colaborar.