Promulgan la ley mediante la cual se expropiará el ex hotel Corona

Con el número 8.003, el Poder Ejecutivo promulgó la ley mediante la cual se expropiará el edificio donde funcionó el Hotel Corona. La propiedad fue declarada de utilidad pública y sujeto a expropiación, durante la pasada sesión legislativa (ver “En el recinto...”). Para cumplirse todos los pasos administrativos que permitan su entrada en vigencia, resta que el Ejecutivo publique en el Boletín Oficial la norma que fue firmada el viernes pasado, antes del viaje del gobernador José Alperovich, y del vicegobernador, Juan Manzur.
De acuerdo con el proyecto original, el ex Hotel Corona se convertirá en un edificio público donde se mudarán empleados y funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia, de acuerdo al anuncio efectuado por el propio gobernador.
Hasta ahora, en la Casa de Gobierno no se definió cuánto será el dinero que se depositará judicialmente para avanzar con la operación. Desde hace varios años, el inmueble registra un estado de deterioro y abandono. Incluso varias gestiones de Gobierno intentaron infructuosamente poner en marcha al hotel o adquirir la propiedad.
En la sede del Ejecutivo señalan que la expropiación no sólo tiende a la instalación de oficinas públicas, sino también a una revalorización de los edificios que rodean a la plaza Independencia, considerada el corazón de la ciudad.

Ante organismos externos
“La familia de Miguel Mejail es la damnificada por esta operación porque es la única propietaria del ex Hotel Corona desde hace 31 años”, expresó ayer a LA GACETA, Ignacio Castiglione Garay, esposo de Sonia Mejail y uno de los empresarios que impulsó la fracasada instalación de la cadena hotelera Holliday Inn Express (en 1996) en el local ubicado en 24 de Setiembre esquina 9 de Julio de esta ciudad, a metros de la Casa de Gobierno.
El empresario advirtió que la sucesión Mejail no claudicará en su cruzada por reclamar la propiedad. “Esta lucha será hasta las últimas consecuencias y, de ser necesario, apelaremos a los organismos internacionales para hacer valer los derechos”, puntualizó.
Según Castiglione, “no existe ninguna discusión respecto de la titularidad” del ex Gran Hotel Corona. “Nos asiste la razón, la verdad y el buen criterio, y se trató de invertir varias veces para levantar el edificio a fin de que sea funcional, tal como lo reclama la sociedad, y nunca pudo concretarse ese anhelo”, afirmó.
El empresario puntualizó que una medida judicial de no innovar impidió a la sucesión realizar obras en el abandonado edificio.

Los antecedentes
Castiglione apuntó que en 1977, Miguel Naief Mejail adquirió, por título oneroso el inmueble en construcción -a terminar- para explotación hotelera, “mediante escritura pública 254 s/boleto de compra venta del 13 de abril de 1977, refrendado por Carlos Alberto Silberman, yerno de José Siderman, por entonces director y apoderado de Inmobiliaria del Noroeste SA (Inosa). Desde entonces, según recordó, comenzó la lucha en distintas instancias para hacer valer los derechos que le asisten a la sucesión de Miguel Mejail. “El Gobierno debería allanarse y convocar a la sucesión para establecer si está de acuerdo con el monto de la indemnización a pagar”, dijo Castiglione.


La última sesión de la Legislatura estuvo signada por tensas discusiones. Uno de los temas que más chispas suscitó fue la expropiación del ex hotel Corona. Los parlamentarios oficialistas tuvieron que responder los embates de sus pares opositores.
El principal debate giró en torno de la situación dominial del inmueble. Originalmente, el encabezado de la ley determinaba que el pago se efectuara a Inmobiliaria del Noroeste SA, una sociedad que reclama la propiedad del edificio y que hace 30 años mantiene un litigio con la sucesión de Miguel Mejail. Los opositores Esteban Jerez (Ciudadanos contra la Corrupción) y Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista) interpretaron que la norma hacía pensar que el PE tomaba posición por una de las partes del conflicto. Carolina Vargas Aignasse (PJ) aclaró que la mención no implicaba asignación de dominio, y explicó que el PE sólo hará el depósito judicial. Finalmente se suprimió el párrafo que se prestaba a confusión. Así, la ley sólo se refiere a la nomenclatura catastral del edificio.