04 Julio 2004
En 1909, Juan B. Terán presentó a la Legislatura el proyecto de ley de creación de la Universidad de Tucumán. Fue sancionado recién en 1912, y en 1914 se puso en marcha la casa. Era una institución "provincial" pero, desde el comienzo, su fundador pensó que ese status no era definitivo. "La Nación vendrá en su ayuda, lo espero, porque los sentimientos e intereses que infantan la fundación son también sentimientos e intereses nacionales", había dicho Terán en Diputados al defender su proyecto. Y en 1912, en la discusión en el Senado, Melitón Camaño había afirmado que "es casi seguro que la Universidad ha de nacionalizarse en tiempo no lejano".
A poco de empezar su marcha la casa, el rector-fundador Terán percibió dos grandes problemas. Uno, el financiero. Para sobrevivir, el subsidio de la Nación resultaba vital, dadas las magras partidas del presupuesto de Tucumán. El segundo era que la dependencia provincial significaba atarse a los vaivenes políticos locales. De modo que se convenció de que había que lograr a todo trance el status nacional.
Los estudiantes reformistas fueron un poderoso apoyo en esa dirección. En su Primer Congreso Nacional (julio de 1918) convocado por FUA, se incluyó la nacionalización entre los temas que merecían estudio especial. Y se resolvió que FUA pediría al Congreso una ley que pusiera en la órbita de la Nación la casa tucumana, ya que "su carácter y tendencias dentro de la Universidad argentina responden a necesidades profundas que el país necesita fomentar". Antes de terminar agosto, FUA manifestaba al ministro de Instrucción Pública, José S. Salinas, que aquella nacionalización expresaba "el deseo unánime de los estudiantes universitarios argentinos".
Pero, al mismo tiempo, a Terán se le había ocurrido un recurso impensado para obtener lo que esperaba. Logró que Salinas incluyera, en el proyecto de Presupuesto para 1919, una partida con la leyenda "Para la nacionalización de la Universidad de Tucumán". Previa y hábilmente, el rector se había granjeado la amistad intelectual del ministro: mantenían correspondencia sobre temas educativos en general.
El doctor Ernesto Padilla, constante animador de la casa -que había inaugurado durante su gobierno- no estaba de acuerdo con que se gestionase esa dependencia. Terán la justificó en términos muy concretos. "La nacionalización significa no aumento de riesgo y seguridad de vida", escribió a Padilla. "Hoy dependemos de la Provincia, mañana dependeremos de la Nación. Cuando dependemos de la Provincia, dependemos en absoluto, porque no tenemos seguridad de estatutos, y sobre todo del dinero... ¿quién responderá de un instituto técnico cuando se desee dar satisfacción a una ambición o a una venganza política? Para la Nación, la Universidad es una cosa pequeña, para la Provincia puede ser una gran presa. De manera que partiendo, como en Lope de Vega, del mal de vivir, es preferible vivir lejos del lobo". Hacía notar que, de repente, les había entrado a los legisladores tucumanos un súbito "amor" por la Escuela Sarmiento, "porque la pregustan presa. ¡Imagínate las perspectivas de la dependencia provincia!!"...
Sucedió que el Congreso no aprobó el Presupuesto 1919, por lo que todo quedó postergado para el siguiente ejercicio. Se inició así el año 1920. Al tratarse el Presupuesto en Diputados de la Nación, no hubo inconvenientes con la famosa partida. Pero al pasar al Senado, la comisión no sólo quiso suprimirla, sino también reducir sustancialmente el subsidio que la casa tenía hasta entonces.
FUA y la Federación Universitaria Tucumana (FUT) se movilizaron con rapidez. Viajaron encendidas notas y telegramas al Senado, pidiendo que se mantuviese el criterio de Diputados. LA GACETA, en un editorial, comentó que "la oposición de los legisladores no nos sorprende en lo más mínimo. Se trata de intereses vitales del norte, y esto basta para que se los juzgue como de poca monta entre los representantes del Litoral, que forman la mayoría de la aludida comisión... En una palabra, los ciega el agua del Arroyo del Medio". Ponía un ejemplo de la ignorancia de los senadores. Un miembro de la Comisión de Presupuesto, al ser interrogado sobre las razones de su oposición, "contestó que como el instituto contaba con Facultad de Derecho (?) y ya había demasiados abogados en el país, no creía que debían complicarse más las cosas"... ¡Faltaban casi dos décadas para que existiera Facultad de Derecho en Tucumán!.La votación del Senado fue finalmente adversa. Pero la insistencia de Diputados dejó firmes la nueva partida y el subsidio.
LA GACETA pensaba, en su editorial, que con esa sanción "el proyecto de nacionalización de la Universidad ha quedado convertido en alborozadora realidad". Pero el vespertino El Orden consideraba que, si bien era muy positiva, constituía sólo un paso previo, ya que faltaba "la futura legislación orgánica, que ahora es de esperar se concrete pronto en forma explícita".
El Orden se equivocaba. En realidad, el Congreso, al aprobar ese rubro del Presupuesto 1920, acababa de resolver -sin darse cuenta- la nacionalización de la Universidad de Tucumán. Nunca llegaría la "legislación orgánica" que suponía próxima el vespertino. El espíritu práctico de Terán le había advertido que una ley ad hoc tardaría años, dadas las dificultades que el Ejecutivo -con cuya buena voluntad contaba- tenía en el Senado. Entonces, había propiciado aquella partida con un destino específico. La invocaría victoriosamente, desde entonces, como acto indicador de la voluntad inequívoca del Congreso de federalizar la casa tucumana. Así, daba efectos impensados a un ítem del Presupuesto.
Faltaba hacer efectiva la nacionalización. Otra vez la enérgica insistencia de los estudiantes tuvo importancia clave. Se comunicaron con el ministro Salinas, y éste aseguró a la FUT, en un telegrama, que podían contar con su "más decidido concurso, en favor del noble anhelo de la nacionalización". Corría mayo de 1920. En noviembre, la FUT entrevistó al ministro en Buenos Aires, y pocos días después el presidente del organismo estudiantil tucumano, Pedro Brandemburg, acompañado por el titular de FUA, Gabriel del Mazo, y otros delegados, fueron recibidos por el presidente Hipólito Yrigoyen. Le plantearon que sólo faltaba el envío de un comisionado nacional para que se cerrara el proceso. Yrigoyen prometió que satisfacería sus aspiraciones.
Luego de otras idas y venidas, el interventor federal interino de Tucumán, doctor Adolfo Noceti, firmó un decreto-convenio por el cual se transfería "al Gobierno de la Nación, a título gratuito, todos los bienes, muebles e inmuebles y fondos" pertenecientes a la casa, para contribuir "a la constitución de la Universidad, que será organizada de acuerdo con las bases de la ley 1.597" (se refería a la Ley Avellaneda, que normaba el funcionamiento de las universidades nacionales). La medida se tomaba ad referendum de la Legislatura, cuando esta se restableciera.
El 3 de abril de 1921, llegó a Tucumán el ministro Salinas. El presidente de la FUA, Del Mazo, venía en la comitiva. Los recibió una multitud. Hubo un acto en el Salón Blanco, con discursos de Salinas, de Terán, de Noceti y de Del Mazo. Se firmó el acta de nacionalización donde constaban, como bases, las estipulaciones del decreto de la Intervención.
El entusiasmo no fue compartido por todos. Padilla escribió a Terán: "Si traduzco con verdad mis impresiones, te diré que es con tristeza que me he informado de las ceremonias de seudonacionalización de la Universidad. Me ha impresionado mucho el ver que en un acto como ese no intervengan los poderes provinciales, y no haya algo que pueda darle seriedad definitiva. Porque se hace la nacionalización sobre una base legal tan deleznable como es la de asentarla en una simple partida de presupuesto que, francamente, no sé cómo va a poderse sostenerla".
Los reparos de Padilla eran compartidos por El Orden. Opinaba este diario de que para nacionalizar no era suficiente asignar una partida, "que, en definitiva, es lo único que hasta hoy se ha hecho con la Universidad. La Universidad Popular de La Boca goza también de una subvención de la Nación...".
Todo esto movió a Terán a poner las cosas en su lugar. En El Orden, quiso "recordar, en este momento en que la gestión está consumada, la situación legal de la Universidad Nacional de Tucumán". En la ley de Presupuesto aparece, junto al subsidio habitual, "otra partida de fondos ?para la nacionalización de la Universidad de Tucumán?. El Congreso, pues, consideró que no era indispensable una ley especial pero, como se ve, sancionó el hecho que acaba de cumplirse. Era una sanción a la que le faltaba solamente la ejecución. Así es que es perfectamente legal el acta que acaba de suscribir el Gobierno de la Nación y el de la Provincia, sin necesidad de una nueva sanción del Congreso, y sí solamente de la Legislatura de Tucumán".
Agregaba Terán: "La cuestión de saber si ese es el mejor procedimiento, o si hubiera sido preferible una ley especial, es asunto distinto. Desde luego, numerosas y geniales creaciones institucionales, culturales, de fomento económico del país, no han tenido ese origen. En este caso era menos necesaria una ley especial, puesto que existe la Ley General de Universidades, la Ley Avellaneda, a la que queda sometida la Universidad Nacional de Tucumán. Diré todavía que una ley especial ofrecía el peligro de ser estrecha, de no mirar al porvenir, de no consultar sus condiciones de regional y técnica, que le han dado una personalidad que será necesario mantener. En todas las cosas es preferible que la vida dicte la norma y no la norma dicte la vida".
"La facultad del Congreso es la de dictar planes generales. Déjese a las universidades libertad y autonomía para que creen, en presencia de las necesidades y de las sugestiones que las rodean y que las alientan, sus órganos, sus direcciones, su enseñanza. La autonomía y la libertad son dos cosas, para la Universidad, tan necesarias como el aire y la luz. Felicitémonos, pues, de que no haya ley especial por ahora para la Universidad, pensando que ella hubiera podido importar la postergación, quizá larga, y restricciones para su espíritu y su destino". Decía en los párrafos finales: "Estemos, pues, tranquilos y gozosos. Tucumán tiene una Universidad Nacional, de tipo regional y técnico, como lo quiso la provincia, como necesitan los pueblos del norte, con todo el prestigio y la fuerza que da la Nación. Es la hora de estar contentos, no son frecuentes: no la perturbemos, pues. Su ley es nacional, sus títulos serán nacionales, su gobierno es nacional".
No se equivocaba el ilustre rector fundador, que pocos años después volvería a estar al frente de la casa. A pesar de todos los inconvenientes que de esta singular "nacionalización" derivaban, el acto era irreversible y el gobierno federal debió asumirlo. Las vicisitudes relativas a cómo lo hizo (con una larga temporada de parches y decretos de coyuntura, al comienzo), son una colorida historia, demasiado extensa para contarla esta vez. (c) LA GACETA
A poco de empezar su marcha la casa, el rector-fundador Terán percibió dos grandes problemas. Uno, el financiero. Para sobrevivir, el subsidio de la Nación resultaba vital, dadas las magras partidas del presupuesto de Tucumán. El segundo era que la dependencia provincial significaba atarse a los vaivenes políticos locales. De modo que se convenció de que había que lograr a todo trance el status nacional.
Los estudiantes reformistas fueron un poderoso apoyo en esa dirección. En su Primer Congreso Nacional (julio de 1918) convocado por FUA, se incluyó la nacionalización entre los temas que merecían estudio especial. Y se resolvió que FUA pediría al Congreso una ley que pusiera en la órbita de la Nación la casa tucumana, ya que "su carácter y tendencias dentro de la Universidad argentina responden a necesidades profundas que el país necesita fomentar". Antes de terminar agosto, FUA manifestaba al ministro de Instrucción Pública, José S. Salinas, que aquella nacionalización expresaba "el deseo unánime de los estudiantes universitarios argentinos".
Pero, al mismo tiempo, a Terán se le había ocurrido un recurso impensado para obtener lo que esperaba. Logró que Salinas incluyera, en el proyecto de Presupuesto para 1919, una partida con la leyenda "Para la nacionalización de la Universidad de Tucumán". Previa y hábilmente, el rector se había granjeado la amistad intelectual del ministro: mantenían correspondencia sobre temas educativos en general.
El doctor Ernesto Padilla, constante animador de la casa -que había inaugurado durante su gobierno- no estaba de acuerdo con que se gestionase esa dependencia. Terán la justificó en términos muy concretos. "La nacionalización significa no aumento de riesgo y seguridad de vida", escribió a Padilla. "Hoy dependemos de la Provincia, mañana dependeremos de la Nación. Cuando dependemos de la Provincia, dependemos en absoluto, porque no tenemos seguridad de estatutos, y sobre todo del dinero... ¿quién responderá de un instituto técnico cuando se desee dar satisfacción a una ambición o a una venganza política? Para la Nación, la Universidad es una cosa pequeña, para la Provincia puede ser una gran presa. De manera que partiendo, como en Lope de Vega, del mal de vivir, es preferible vivir lejos del lobo". Hacía notar que, de repente, les había entrado a los legisladores tucumanos un súbito "amor" por la Escuela Sarmiento, "porque la pregustan presa. ¡Imagínate las perspectivas de la dependencia provincia!!"...
Sucedió que el Congreso no aprobó el Presupuesto 1919, por lo que todo quedó postergado para el siguiente ejercicio. Se inició así el año 1920. Al tratarse el Presupuesto en Diputados de la Nación, no hubo inconvenientes con la famosa partida. Pero al pasar al Senado, la comisión no sólo quiso suprimirla, sino también reducir sustancialmente el subsidio que la casa tenía hasta entonces.
FUA y la Federación Universitaria Tucumana (FUT) se movilizaron con rapidez. Viajaron encendidas notas y telegramas al Senado, pidiendo que se mantuviese el criterio de Diputados. LA GACETA, en un editorial, comentó que "la oposición de los legisladores no nos sorprende en lo más mínimo. Se trata de intereses vitales del norte, y esto basta para que se los juzgue como de poca monta entre los representantes del Litoral, que forman la mayoría de la aludida comisión... En una palabra, los ciega el agua del Arroyo del Medio". Ponía un ejemplo de la ignorancia de los senadores. Un miembro de la Comisión de Presupuesto, al ser interrogado sobre las razones de su oposición, "contestó que como el instituto contaba con Facultad de Derecho (?) y ya había demasiados abogados en el país, no creía que debían complicarse más las cosas"... ¡Faltaban casi dos décadas para que existiera Facultad de Derecho en Tucumán!.La votación del Senado fue finalmente adversa. Pero la insistencia de Diputados dejó firmes la nueva partida y el subsidio.
LA GACETA pensaba, en su editorial, que con esa sanción "el proyecto de nacionalización de la Universidad ha quedado convertido en alborozadora realidad". Pero el vespertino El Orden consideraba que, si bien era muy positiva, constituía sólo un paso previo, ya que faltaba "la futura legislación orgánica, que ahora es de esperar se concrete pronto en forma explícita".
El Orden se equivocaba. En realidad, el Congreso, al aprobar ese rubro del Presupuesto 1920, acababa de resolver -sin darse cuenta- la nacionalización de la Universidad de Tucumán. Nunca llegaría la "legislación orgánica" que suponía próxima el vespertino. El espíritu práctico de Terán le había advertido que una ley ad hoc tardaría años, dadas las dificultades que el Ejecutivo -con cuya buena voluntad contaba- tenía en el Senado. Entonces, había propiciado aquella partida con un destino específico. La invocaría victoriosamente, desde entonces, como acto indicador de la voluntad inequívoca del Congreso de federalizar la casa tucumana. Así, daba efectos impensados a un ítem del Presupuesto.
Faltaba hacer efectiva la nacionalización. Otra vez la enérgica insistencia de los estudiantes tuvo importancia clave. Se comunicaron con el ministro Salinas, y éste aseguró a la FUT, en un telegrama, que podían contar con su "más decidido concurso, en favor del noble anhelo de la nacionalización". Corría mayo de 1920. En noviembre, la FUT entrevistó al ministro en Buenos Aires, y pocos días después el presidente del organismo estudiantil tucumano, Pedro Brandemburg, acompañado por el titular de FUA, Gabriel del Mazo, y otros delegados, fueron recibidos por el presidente Hipólito Yrigoyen. Le plantearon que sólo faltaba el envío de un comisionado nacional para que se cerrara el proceso. Yrigoyen prometió que satisfacería sus aspiraciones.
Luego de otras idas y venidas, el interventor federal interino de Tucumán, doctor Adolfo Noceti, firmó un decreto-convenio por el cual se transfería "al Gobierno de la Nación, a título gratuito, todos los bienes, muebles e inmuebles y fondos" pertenecientes a la casa, para contribuir "a la constitución de la Universidad, que será organizada de acuerdo con las bases de la ley 1.597" (se refería a la Ley Avellaneda, que normaba el funcionamiento de las universidades nacionales). La medida se tomaba ad referendum de la Legislatura, cuando esta se restableciera.
El 3 de abril de 1921, llegó a Tucumán el ministro Salinas. El presidente de la FUA, Del Mazo, venía en la comitiva. Los recibió una multitud. Hubo un acto en el Salón Blanco, con discursos de Salinas, de Terán, de Noceti y de Del Mazo. Se firmó el acta de nacionalización donde constaban, como bases, las estipulaciones del decreto de la Intervención.
El entusiasmo no fue compartido por todos. Padilla escribió a Terán: "Si traduzco con verdad mis impresiones, te diré que es con tristeza que me he informado de las ceremonias de seudonacionalización de la Universidad. Me ha impresionado mucho el ver que en un acto como ese no intervengan los poderes provinciales, y no haya algo que pueda darle seriedad definitiva. Porque se hace la nacionalización sobre una base legal tan deleznable como es la de asentarla en una simple partida de presupuesto que, francamente, no sé cómo va a poderse sostenerla".
Los reparos de Padilla eran compartidos por El Orden. Opinaba este diario de que para nacionalizar no era suficiente asignar una partida, "que, en definitiva, es lo único que hasta hoy se ha hecho con la Universidad. La Universidad Popular de La Boca goza también de una subvención de la Nación...".
Todo esto movió a Terán a poner las cosas en su lugar. En El Orden, quiso "recordar, en este momento en que la gestión está consumada, la situación legal de la Universidad Nacional de Tucumán". En la ley de Presupuesto aparece, junto al subsidio habitual, "otra partida de fondos ?para la nacionalización de la Universidad de Tucumán?. El Congreso, pues, consideró que no era indispensable una ley especial pero, como se ve, sancionó el hecho que acaba de cumplirse. Era una sanción a la que le faltaba solamente la ejecución. Así es que es perfectamente legal el acta que acaba de suscribir el Gobierno de la Nación y el de la Provincia, sin necesidad de una nueva sanción del Congreso, y sí solamente de la Legislatura de Tucumán".
Agregaba Terán: "La cuestión de saber si ese es el mejor procedimiento, o si hubiera sido preferible una ley especial, es asunto distinto. Desde luego, numerosas y geniales creaciones institucionales, culturales, de fomento económico del país, no han tenido ese origen. En este caso era menos necesaria una ley especial, puesto que existe la Ley General de Universidades, la Ley Avellaneda, a la que queda sometida la Universidad Nacional de Tucumán. Diré todavía que una ley especial ofrecía el peligro de ser estrecha, de no mirar al porvenir, de no consultar sus condiciones de regional y técnica, que le han dado una personalidad que será necesario mantener. En todas las cosas es preferible que la vida dicte la norma y no la norma dicte la vida".
"La facultad del Congreso es la de dictar planes generales. Déjese a las universidades libertad y autonomía para que creen, en presencia de las necesidades y de las sugestiones que las rodean y que las alientan, sus órganos, sus direcciones, su enseñanza. La autonomía y la libertad son dos cosas, para la Universidad, tan necesarias como el aire y la luz. Felicitémonos, pues, de que no haya ley especial por ahora para la Universidad, pensando que ella hubiera podido importar la postergación, quizá larga, y restricciones para su espíritu y su destino". Decía en los párrafos finales: "Estemos, pues, tranquilos y gozosos. Tucumán tiene una Universidad Nacional, de tipo regional y técnico, como lo quiso la provincia, como necesitan los pueblos del norte, con todo el prestigio y la fuerza que da la Nación. Es la hora de estar contentos, no son frecuentes: no la perturbemos, pues. Su ley es nacional, sus títulos serán nacionales, su gobierno es nacional".
No se equivocaba el ilustre rector fundador, que pocos años después volvería a estar al frente de la casa. A pesar de todos los inconvenientes que de esta singular "nacionalización" derivaban, el acto era irreversible y el gobierno federal debió asumirlo. Las vicisitudes relativas a cómo lo hizo (con una larga temporada de parches y decretos de coyuntura, al comienzo), son una colorida historia, demasiado extensa para contarla esta vez. (c) LA GACETA
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