El Ministerio de Desarrollo Social y las universidades nacionales activarán, desde el 15 de agosto, el esquema de auditoría y control para el conjunto de beneficiarios y Unidades de Gestión del programa Potenciar Trabajo.

"El 15 de agosto el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan", anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa, en conferencia de prensa.

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La revisión tiene como eje principal “garantizar” la continuidad de la liquidación de los haberes “únicamente” en carácter de “emergencia” para avanzar hacia una “formalización del trabajo de forma permanente”.

"En el caso de aquellos planes que se incorporen al mercado de trabajo vamos a habilitar un mecanismo por el cuál aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa, mantiene durante un año ese ingreso como base, el empleador paga la diferencia de ese salario de convenio más la ART y la Obras Sociales", señaló el funcionario.

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Potenciar Trabajo: cuáles son las obligaciones actuales para cobrar el programa

La cartera conducida por Juan Zabaleta oficializó el 13 de julio pasado la “Carta de Derechos y Obligaciones” para trabajadores de la economía popular, inscriptos en el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Social “Potenciar Trabajo”.

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Según el documento, el régimen trocal del beneficio se apoya en el “cumplimiento de un máximo de 60 horas mensuales” dentro del organigrama de actividades y grupo de trabajo dispuestas en las Unidades de Gestión y según las ramas de ejecución:

- Tareas de cuidados y servicios sociocomunitarios;

- Reciclado y servicios ambientales;

- Construcción, infraestructura social, mejoramiento barrial y habitacional;

- Agricultura familiar y producción de alimentos;

- Producción de indumentaria y otras manufacturas.

- Comercio popular. Actividades de formación y capacitación profesional o entrenamiento laboral en virtud de lo normado por el DNU N°711/2021.

Asimismo, estas actividades se deben realizar de manera independiente o agrupada “bajo relaciones comunitarias o en cooperativas de trabajo”, es decir, nunca en beneficio de un tercero que no sea la comunidad o realizando actividades bajo una relación de dependencia encubierta.

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En cuanto a la auditorías, “se tomará registro de su situación social, educativa y laboral, se contará con encuestadores de las universidades nacionales que utilizarán una aplicación para la carga de información en tiempo real”, informaron desde la cartera de Desarrollo Social en diálogo con el Cronista.

Dicha actividad tiene el objetivo de “validar la contraprestación de cada titular” y el “fortalecimiento” de las distintas políticas de asistencia e integración al trabajo.