Durante el tercer día de audiencia dedicada al alegato final por el caso Vialidad el fiscal Diego Luciani se ocupó del hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que “está comprobada la participación de Máximo Kirchner” en la causa. En esta oportunidad, el fiscal mostró mensajes de teléfono de José López, ex secretario de Obras Púbicas, y afirmó que si bien Máximo “no tenía ningún cargo” intervenía en la toma de decisiones y era consultado sobre las obras públicas que iban a realizarse.

La audiencia se llevó adelante vía Zoom ante el Tribunal Oral Federal II y tiene como principal acusada (junto con otros doce imputados) a la ex presidenta de ser la jefa de una asociación ilícita destinada a hacerse de fondos públicos. “Se cumplían las órdenes que emanaban de los organizadores de la asociación en base a una planificación”, sostuvo el fiscal.

“En el repaso de licitaciones hemos encontrado direccionamiento hacia las empresas de Lázaro Báez, desde la 1 hasta la 51”, agregó, luego de detallar las primeras licitaciones a las que accedió “Austral Construcciones”, la empresa de Báez y otras firmas vinculadas, como Kank y Costilla y Gotti.

Los alegatos del fiscal estuvieron caracterizados por el análisis de más de 30 de las 51 licitaciones que le fueron adjudicadas a Lázaro Báez entre 2010 y 2013. La fiscalía a lo largo de la jornada buscó exponer una serie de “irregularidades e ilegalidades que se fueron reiterando en cada expediente licitatorio”, según expreso Luciani. En este sentido plantearon que cada contrato es una pieza en una gran rompecabezas que muestra cómo funcionaba todo y cómo todo contaba con Báez como único beneficiario. Los alegatos continuarán el lunes a partir de las 8.30.

“Estudiar las 51 licitaciones nos permitió ver cómo armaron planificadamente esto, se inventó una constructora, la misma se apropió de otras empresas para inventar una capacidad de obra, y vimos cómo en 47 licitaciones no presentó el certificado de capacidad de construcciones, un sistema de opacidad y el sistema parasitado autorizó todo”, argumentó la fiscalía.

Entre las obras analizadas, el fiscal se refirió a las 100 cuadras de pavimentación en Río Gallegos, última obra de Lázaro durante el Gobierno kirchnerista. “No queda duda de que esta licitación fue un montaje, con una orden de los jefes de la organización. Detrás de esta licitación estaba Cristina Fernández, con su hijo, direccionando la licitación hacia Báez. Esta fue la última licitación, tenía que direccionarse como fuera y se debía cobrar lo antes posible porque se acercaban las elecciones presidenciales”.