“Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita. Fue piramidal, tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado. (...) Fue una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia de nuestro país”. Así comenzó ayer su alegato el fiscal federal Diego Luciani, en el juicio oral por la causa denominada “Vialidad”, que tiene a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como principal imputada.

Luciani pidió nueve audiencias para presentar las pruebas. Tanto él como su par, el fiscal de Lomás de Zamora Sergio Mola, alegaron durante ocho horas ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. A las 16.50 culminó la primera audiencia y se pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 8.30.

La presidenta del Senado participó por videoconferencia desde su despacho en la Cámara Alta. También estuvieron “conectados” los ex funcionarios que son juzgados junto con ella: entre otros, Julio De Vido y José López, y el empresario Lázaro Báez.

“De un día para otro”

Luciani comenzó con una fuerte acusación contra Cristina Kirchner y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner: los acusó de haber montado “un auténtico y eficaz sistema de corrupción” y de haber provocado una defraudación millonaria a las arcas públicas. También se refirió a Báez, “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa”. A todos ellos los responsabilizó de un “perjuicio económico y social inconmensurable”.

“De un día para el otro (Báez) pasó de ser empleado de banco a empresario de la construcción (...). De un día para el otro, el Estado, con los impuestos de todos, le confió el 78,4% de la obra vial de Santa Cruz”, acusó.

Abandonos y prórrogas

Luciani hizo hincapié en que Báez incumplió la casi totalidad de las obras que le adjudicaron. Y que en 50 de los 51 trabajos que se le encargaron hubo redeterminaciones de precios. “24 obras de las 51 adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas”, detalló.

“En 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”, puntualizó.

Gente de confianza

“Era necesaria gente de confianza para cumplir con el plan y para asegurarse la impunidad”, arguyó el fiscal federal, para referirse a la estructura de funcionarios que organizó Kirchner cuando llegó al poder.

Destacó el caso de Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, nombrada en la Sindicatura General de la Nación, máximo organismo de control interno del Gobierno. “Se designó para cuidar los recursos del Estado a la pareja del ministro. No se podía esperar ningún control real”, sostuvo Luciani.

Proporciones y desproporciones

Luciani sostuvo que el kirchnerismo “montó un plan sistemático de extracción de fondos” y planteó que “Santa Cruz era el lugar ideal para llevar adelante la maniobra y procurar impunidad a los aquí imputados”. Afirmó que hubo “licitaciones ficticias”, una “cartelización de la obra pública” y remarcó que teniendo Santa Cruz “57 veces menos” población que Buenos Aires, “recibió fondos cuantiosamente superiores”. “Los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder, conocían el funcionamiento y tenían el poder de decidir”, sentenció.

Luciani, finalmente, resaltó los tiempos “récord” en las adjudicaciones de obras para Báez. “Entre la apertura de cada licitación y la suscripción del contrato transcurrían 29 días. Hubo 17 casos. Es imposible. Están los expedientes que nos prueban esto. Los procesos en los que no participaba (Báez) duraban 210 días”, contrastó

Asfixia y apoderamiento

El fiscal Mola continuó con el alegato en las últimas dos horas y se centró en el “apoderamiento de constructoras” montado por los Kirchner y por Báez.

“Se asfixiaba a las empresas para obligarlas a vender y ahí aparecía el único comprador posible, el que iba a ganar todas las licitaciones. Ahí aparecía Lázaro Baéz, el amigo del Presidente (Kirchner)”, detalló. Y leyó los testimonios de varios empresarios.

“Estas eran constructoras que estaban instaladas en el mercado y tenían lo más difícil de conseguir para Austral Construcciones: la capacidad de contratación. Austral era nueva: no hubiera podido conseguir ninguna contratación”, explicó.

“Arrepentido”: sobornos para tener obras

Patricio Gerbi, de la constructora Coarco, fue durante el kirchnerismo -según su propia confesión- responsable de acordar los sobornos para obtener la concesión de obras públicas viales y garantizarse los pagos del Estado. En 2021 ratificó estos dichos, vertidos como “arrepentido” en la causa “Cuadernos de la Corrupción”. Su testimonio fue usado ayer como medida de prueba ayer por los fiscales.