Con la voz quebrada pero la decisión firme, Mariela Tacacho presentó ayer en la Legislatura cinco pedidos de juicio político contra los fiscales Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Ávila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari. Con los ojos mojados y una fotografía de Paola entre sus manos, reclamó la destitución de los funcionarios judiciales por no haber auxiliado a su hija, quien denunció Mauricio Parada Parejas más de una docena de veces por acoso y amenazas sin tener respuestas de la Justicia. De pie y con el puño en alto, apuntalada por el colectivo Ni Una Menos, insistió con que no parará hasta obtener explicaciones. “Estamos en pie de lucha desde el 30 de octubre de 2020, y no vamos a bajar los brazos; quiero respuesta de todos y voy por todos”, exclamó ayer.

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Los pedidos de destitución ingresaron en la mañana de ayer por mesa de entradas de la Cámara con las firmas de Mariela y Daniela Tacacho (madre y prima de Paola, respectivamente); y de las militantes feministas Hilda Disatnik, Margarita Espeche, Natalia Gutiérrez y Laura Sánchez. En las cinco presentaciones, que todas juntas superan las 100 fojas, las denunciantes solicitan a la comisión que preside Raúl Ferrazzano (Frente de Todos) que investigue si los fiscales demostraron “ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones” o si incumplieron “en forma injustificada los deberes inherentes al cargo”. En consecuencia, se solicita que se proceda a destituir de sus cargos a los denunciados y a declararlos “incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia”, conforme el artículo 49 de la Constitución de la Provincia.

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Desamparada

“Paola, durante cinco años, atravesó acoso, amenazas y violencia de género, generando más de 15 causas judiciales contra su femicida, por lo cual consideramos que el crimen podría haberse prevenido si el Ministerio Publico Fiscal (a cargo de Edmundo Jiménez), la Justicia de Tucumán y las instituciones no la hubieran desamparado”, esgrimieron en uno de los escritos.

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En rueda de prensa, la madre de la profesora de inglés consideró que los fiscales actuaron sin perspectiva de género. “Mostraron un patrón común, que es no investigar y archivar las causas”, embistió. Acotó que las expectativas son las mismas que con Francisco Pisa, quien fue destituido como juez el 18 de noviembre.

Cómo sigue el proceso

“Las fiscalas y los fiscales… las fiscalas, que tienen el plus de ser mujer, tienen que ser sancionados, enjuiciados y destituidos”, dijo Tacacho. Y agregó: “no se puede permitir. No podemos permitir que sigan en su cargo, matando por acción u omisión. No lo podemos permitir, deben ser destituidos”.

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La Ley 8.734, que regula el proceso de enjuiciamiento, señala en su artículo 24 que la comisión debe citar al denunciante dentro de los dos días hábiles de recibida las actuaciones para que en igual plazo ratifique, rectifique o amplíe la acusación. De no acudir pasado dos días hábiles, se tendrá por desestimadas las acusaciones.

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En caso de ser ratificadas o ampliadas las acusaciones, el comité tendrá 15 días hábiles para examinar las solicitudes de la familia Tacacho. Si por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la comisión (conformada por 12 legisladores ) se funda que la denuncia está comprobada y merece tratarse, se correrá traslado dentro de los dos días hábiles siguientes a la parte acusada que conteste en el término de 15 días hábiles, según marca el artículo 26 de la norma.

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De llegar a esta instancia, la comisión de Juicio Político “deberá expedirse en el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de contestación del traslado y, adoptada la decisión de formular acusación, la sostendrá ante el Jurado de Enjuiciamiento”, señala el artículo 28.

Una fecha particular: recordaron la decisión tomada por Manzur

Mariela Tacacho recordó que ayer 24 de febrero, exactamente un año atrás, el gobernador Juan Manzur (hoy jefe de Gabinete de la Nación) le aceptaba la renuncia condicionada a Pisa y así esquivar el proceso político. A su vez, celebró la determinación que tomó el Jurado de Enjuiciamiento que estuvo presidido por el vocal Daniel Posse. “Se sentó un precedente, no sólo en Tucumán sino en todo el país: fue el primer juez destituido por no aplicar perspectiva de género”, destacó. En noviembre, la Corte designó a la vocal Eleonora Rodríguez Campo para presidir el Jury y a su presidente, Daniel Leiva, como suplente.