Los problemas que se vienen generando en muchas zonas del país a raíz de las usurpaciones de tierras preocupan a todo el arco productivo nacional y regional.

Desde la Patagonia hasta los campos del norte argentino, y desde la cordillera hasta el este de nuestro territorio nacional, viene dándose este fenómeno social, que pareciera no tiene solución.

La usurpación de tierras es un tema que ha tomado mucha notoriedad en la Argentina durante los últimos años. Viene ocurriendo en distintos puntos del país,; y preocupa, no solo debido al aumento en la cantidad de casos, sino también el nivel de organización de los usurpadores.

Según información disponible en diversos medios se estima que durante lo que va de este año se formularon más de 1.800 denuncias judiciales por intentos de toma de tierras. Se trata de una cifra alarmante, que genera la sensación de falta de control por parte del Gobierno.

Preocupa a los sectores afectados por estas tomas de tierra la organización que tienen estos grupos a la hora de tomar la decisión de usurpar., aprovechándose de las diversas crisis que hoy afectan al país.

Si bien no se trata de un fenómeno nuevo -las usurpaciones existen desde hace muchos años-, resulta evidente que con la llegada de la pandemia de coronavirus el conflicto escaló a otro nivel.

Desde hace tiempo que se vienen planteando diferencias en lo que respecta a la reacción por las tomas de tierras. Pero pareciera que en el Gobierno ha habido una consolidación en la idea de que las usurpaciones conforman un delito y que, por lo tanto, la Justicia debe intervenir. No obstante, advierten que el proceso llevará tiempo.

Hay quienes de alguna manera justifican las tomas de tierras, con los argumentos de que las personas que las llevan a cabo viven en la extrema pobreza, que tienen derecho a una vivienda digna, que en la coyuntura actual no pueden vivir hacinados, y que tampoco pueden pagar un alquiler y -menos aun- acceder a la compra de un terreno.

Se argumenta, además, que se toman tierras improductivas, que están desocupadas. Pero la realidad está mostrando otra cosa.

En diversos comunicados de los sectores afectados -la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas y, desde nuestra provincia, la Sociedad Rural de Tucumán y la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor)- se vienen reclamando que se debe tomar al toro por las astas, y tratar de encontrar soluciones a este fenómeno que afecta al aparato productivo y que podría agravarse si no se toman decisiones.

A estas agremiaciones les preocupa que ante la gravedad de los hechos la Justicia solo dé respuestas aisladas para frenar estas tomas.

Insisten en que la política -y, por ende, los políticos- no ha puesto su atención sobre el tema, y solo se observan tímidas manifestaciones de algunos dirigentes, que dudan entre el estricto cumplimiento de la ley con las especulaciones electorales.

Les preocupa que la Ley N° 26.160 (declara la emergencia en materia de posesión y de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país) haya contribuido a generar una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer, durante su vigencia, la suspensión de los desalojos. En la práctica, esto significa que a nuevas usurpaciones se las protege con la prohibición de desalojos, que dispone la norma.

Pedido unificado

Todos los propietarios y productores afectados por estos problemas están organizándose.

Quieren solicitar, en forma conjunta, que los Gobiernos nacional y provinciales tomen una posición clara al respecto, fundada en el derecho y en el respeto a las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable la violencia, el delito, la fuerza bruta, el daño, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos.

La paz social está siendo afectada por las usurpaciones; y el aparato productivo también sufrirá los efectos colaterales si no se frena esta problemática.

El Estado nacional debe ser el custodio de la paz social y no artífice o acompañante -por omisión- de hechos vandálicos.

Las organizaciones vinculadas al campo siguen reclamando a los Gobiernos que estas usurpaciones se terminen; que se ponga orden, Justicia y paz. Esto permitirá recuperar la vida normal de todas las regiones actualmente afectadas por las usurpaciones de tierras.

Esperemos que se tomen todos los recaudos necesarios para evitar males mayores y que se logre la equidad que todos reclaman, sin que haya violencia, sino diálogo constructivo y en búsqueda de soluciones reales.