La denuncia del juez Enrique Pedicone contra el camarista Daniel Leiva, por tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público, “ratificó la percepción social del estado terminal del sistema democrático” en la provincia, describió el ex legislador Eudoro Aráoz, en una carta dirigida a la presidenta de la Corta Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y al resto del tribunal.
El ex titular del Colegio de Abogados pidió que le soliciten a Leiva, de forma inmediata, que tome licencia o que sea suspendido, en caso de que se niegue a tomarla. “Esto, hasta tanto se dilucide la grave denuncia en su contra, motivada según el denunciante, en el intento de influir en sus pronunciamientos invocando necesidades políticas del Gobierno provincial”, expuso en la carta.
Pedicone denunció a Leiva de haber intentado presionarlo para que “maneje la intensidad” de una causa en la que el legislador Ricardo Bussi está acusado de abuso sexual por una ex empleada de su bloque, Fuerza Republicana. El escándalo “fulminó la ya menguada credibilidad de nuestra sociedad en el poder judicial y en la necesaria certeza que debe tener sobre su absoluta independencia de los demás poderes”, dice la misiva de Aráoz a la Corte.
Los hechos protagonizados por Leiva, añadió, generan “una desconfianza absoluta sobre la imparcialidad de los magistrados cuando se enfrenta judicialmente al Estado, al poder político o a funcionarios de alta jerarquía”.
El dirigente radical cuestionó, además, que se haya facilitado al oficialismo en la Legislatura información sobre causas en las que intervino Pedicone, en lo que calificó como “una estrategia tendiente a desviar la atención ante la grave denuncia de Pedicone, a esmerilar su persona, a debilitar su imagen y a ejercer presión”.
Asegura Aráoz que la división de poderes fue arrasada en Tucumán “por el avance impiadoso del Poder Ejecutivo, con apoyo del Legislativo, sobre el Poder Judicial”, al que acusa de no investigar las denuncias de corrupción y de prestarse “para someter a los débiles en beneficio de los amigos del poder”.
“Este es un momento bisagra en la historia de la provincia y del Poder Judicial. El estado de descomposición y anomia institucional se ha mostrado en forma brutal. Tucumán se exhibe como una provincia al margen de la ley, y los tucumanos sienten que los agobia el peso de un poder omnímodo que actúa según su propia conveniencia y necesidad. La colonización y sometimiento de la justicia por parte del partido gobernante y la actuación de algunos magistrados que sin pudor exhiben su sumisión al mismo ha quedado al desnudo”, concluyó.