Los trámites judiciales condicionan la salida de la cárcel de Lázaro Báez, y por eso el trámite podría demorarse varios días. Su defensa le pidió el jueves al Tribunal Oral Federal 4 la reducción de la fianza de $ 632,5 millones, y que se lo reemplace por un seguro de caución.

Fuentes judiciales confirmaron que la respuesta se postergará al menos hasta el lunes. Si la reducción de la fianza no es sustancial, la negociación podría empantanarse. “No puede pagar una prima ni siquiera por la mitad de ese monto”, adelantó una fuente de su defensa, al justificar que los bienes y cuentas del empresario están embargadas.

En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, insistió ayer en que el Gobierno nacional “avanzará en robustecer la independencia” con el Poder Judicial con el proyecto de ley de reforma que se enviará próximamente al Congreso. Así, Cafiero eligió no opinar sobre la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria a Báez.

En declaraciones radiales y ante una consulta, Cafiero señaló: “queremos que se fortalezca la independencia del Poder Judicial, entonces sería contradictorio que yo opine sobre Lázaro Báez”. No obstante, indicó que “lo que sería bueno es que la Justicia deje de seguir los vaivenes políticos”.

“Queremos una Justicia independiente que no se bandee según los climas políticos y eso es central para nosotros, porque este Gobierno no tiene una mesa judicial que los va a citar para decirles lo que tienen que hacer”, agregó. Sobre la demora que existió para resolver en la causa de Báez (lleva cuatro años y tres meses), señaló: “lo mejor sería que los argentinos sepamos qué es lo que sucedió y que las medidas judiciales se tomen a tiempo”.

Por su lado, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, también opinó en la radio sobre la excarcelación de Báez, cuando cuestionó las expresiones de violencia que ocurrieron el jueves en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, donde manifestantes atacaron un móvil de televisión de C5N.

“Hubo intencionalidad política” de instalarlo (a Báez) como símbolo de la corrupción, señaló Larroque sobre la situación judicial del empresario. El empresario santacruceño tenía previsto refugiarse en el barrio privado Ayres del Pilar. Allí cuenta con tres lotes, pero acumula una deuda de casi $ 1 millón por expensas impagas. Los vecinos de la zona realizaron un escrache, el jueves último, y están decidido a no permitirle la estadía en ese lugar, según lo hicieron saber durante la movilización contra el Gobierno nacional. Por esa razón, los abogados de Báez intentan buscarle otro domicilio, ante la eventual salida de la cárcel.


Tobillera y lamento

El TOF4 le otorgó la excarcelación a Báez en la causa conocida como “M&P”, nombre de una empresa familiar que se usó para mover dinero al margen de la Justicia. La maniobra no podía hacerse sin la participación de sociedades fantasmas o “cuevas”. Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la firma insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. De esa manera, se habrían “lavado” unos $ 127.624.184.

Pero Báez ya tenía una prisión domiciliaria otorgada por la compra del campo “El Entrevero”. Por eso, el TOF 4 dispuso hacer efectiva esa resolución. También ordenó que le coloquen una tobillera electrónica y que se presente en Tribunales cada 15 días.

El empresario no pudo festejar las últimas novedades judiciales porque su hijo Martín seguirá detenido. “No puedo creer que salgo yo y quede Martín adentro”, se lamentó ante su abogado cuando hablaron por teléfono. Por la tarde, Báez se entrevistó con sus defensores en Ezeiza. En la reunión también estaba Martín, que escuchó los argumentos de la Justicia y exteriorizó su molestia.

La Sala IV de Casación tuvo en cuenta para la excarcelación de Báez la opinión del fiscal Abel Córdoba. “La consideración conjunta de los plazos de detención del imputado, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro carcelario, más allá incluso de la vigencia indudable de cierto riesgo procesal, concreto y actual”, sostuvo el fiscal. (Télam/Infobae/lanación.com)