El oficialismo de la Legislatura cuenta con los votos necesarios para ratificar en la sesión de mañana el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el gobernador, Juan Manzur, para habilitar una herramienta financiera extraordinaria enmarcada en la pandemia de coronavirus covid-19.

A partir de ese instrumento, el Ministerio de Salud, al Sistema Provincial de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social quedarán facultados "a disponer, mediante resolución, la contratación directa" de bienes y servicios, "cualquiera sea su financiamiento, por el plazo de 90 días".

Para estas operaciones, además, no será exigible la presentación del certificado de cumplimiento fiscal que otorga la Dirección de Rentas a las empresas contratistas del Estado.

El DNU 7/2020, firmado hace nueve días por el jefe del Ejecutivo, figura en el orden del día de la sesión de mañana. A partir de la causa "Iriarte", la Corte Suprema de Tucumán consignó que los decretos de necesidad y urgencia necesitan de la ratificación legislativa para entrar en vigencia -es decir, no alcanza con el solo paso del tiempo, como se estableció en la Constitución de 2006-, por lo que la Casa de Gobierno requerirá del trámite parlamentario para contar con esta herramienta.

En los considerando, Manzur detalló el impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio en las operaciones que concreta el Estado provincial. "(Esto) conlleva a que se presenten diversos obstáculos en los procedimientos a llevar a cabo para adquirir bienes y servicios esenciales para atender las exigencias sanitarias, médicas y de asistencia social, fundamentales para afrontar las necesidades que surgen de la situación actual", destacó el mandatario.

Por eso, explicó en el DNU, corresponde el dictado de medidas "tendientes a agilizar los procesos de compra y contratación, a fin de poder atender de manera inmediata la demanda de todo lo que resulte útil y urgente para poder dar respuesta a todas las cuestiones que surjan como consecuencia de la emergencia epidemiológica".

Los DNU, a diferencia de los proyectos de ley que eleva el Ejecutivo a la Legislatura, tienen una particularidad: el texto sólo puede ser aprobado o rechazado por los legisladores, no modificado.

De todas maneras, entre los 32 miembros del bloque Justicialista, los dos del alperovichismo -actúa como aliado al oficialismo en el recinto- y el escaño del sindicalismo bancario, en la Casa de Gobierno se aseguran 35 de los 49 votos posibles.