El fin de año volvió a poner bajo debate el recurrente reclamo por las usurpaciones de terrenos fiscales en El Cadillal. Esta vez, la polémica se generó a partir de un desalojo ordenado por el juez Facundo Maggio a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado.

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El viernes, reparticiones provinciales cumplieron con la medida judicial y destruyeron tres viviendas construidas en la zona de la reserva de Aguas Chiquitas. Según informó el fiscal de Estado, Daniel Leiva, la medida se enmarca dentro del paquete de más de 200 demandas ya iniciadas.

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En este caso, la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia había advertido sobre la ocupación irregular de los terrenos. El proceso comenzó en agosto pasado, e incluyó episodios de tensión con los ocupantes. Esta vez, ya con la orden del juez Maggio, se concretó la medida con máquinas de Vialidad Provincial. 

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"El Cadillal tiene carácter de dominio público. No se pueden vender terrenos ni darles un uso particular", recordó el fiscal de Estado. "Estamos a la espera de nuevas medidas judiciales para recuperar otros inmuebles más", añadió Leiva. 

Durante el desalojo, además, hubo momentos de tensión con los presuntos usurpadores.