En 1910, el diputado nacional por Tucumán, doctor Evaristo Etchecopar, presentó a la Cámara el proyecto de un subsidio de 500.000 pesos a la provincia de Tucumán, para la construcción de una Cárcel Penitenciaria. Interesa rescatar los fundamentos de la iniciativa, que no prosperó.
Decía Etchecopar que Tucumán, “la más densamente poblada” de la República, tenía “necesidades administrativas costosas e improrrogables”. Ellas debían atenderse de algún modo, considerando los impuestos que la provincia tributaba a la Nación. Señalaba que, en ese momento, su presupuesto oscilaba entre tres y medio y cuatro millones de pesos por año, lo que apenas alcanzaba para el pago de funcionarios y empleados, “quedando incapacitada para iniciar y construir obras de urgente e indispensable interés público”.
Decía que “en esa situación se encuentra la actual y única Cárcel Penitenciaría de la Provincia, de capacidad máxima para 200 penados y donde cumplen condena alrededor de 400, produciendo hacinamientos que repugnan al progreso moderno y que están en contra de todos los principios penales que rigen la materia”.
Añadía que, “más aun, ese viejo edificio, que no consulta ninguna de las exigencias modernas de la higiene, sirve hasta para alojar leprosos, por no haberse podido hasta ahora construir otros edificios adecuados”. Subrayaba Etchecopar que la provincia no tenía capacidad para solucionar ese tema, porque “la mayor parte de sus recursos los percibe la Nación en forma de impuestos internos sobre los tabacos y especialmente sobre los alcoholes, que producen anualmente alrededor de 14 millones de pesos”. Tales tributos, decía, han sido soportados por las provincias sin protestar. Ahora, esos antecedentes debían ser tenidos en cuenta para sustentar su proyecto.