El gobernador, José Alperovich, esquivó la responsabilidad por el polémico beneficio concedido a los vocales del Tribunal de Cuentas (TC). El jueves, la Legislatura aprobó una addenda (ampliación de información anteriormente escrita) al convenio de transferencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia firmado en septiembre por el gobernador y el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Diego Bossio. El texto equipara a los vocales del organismo de fiscalización externo del Estado con magistrados judiciales. Esta modificación implica, entre otros cambios, que los vocales del TC también gozarán, cuando se jubilen, de un haber pasivo igual al 82% móvil y que quedan eximidos del pago del impuesto a las Ganancias, según expresaron en el recinto legisladores de la oposición.

"Nosotros no le hemos concedido; lo concedió la Nación", aclaró Alperovich, en su habitual diálogo matutino con la prensa, en este caso, tras inaugurar la nueva guardia del hospital Nuestra Señora del Carmen. "No se lo concedió la Provincia, porque esta no puede legislar, en absoluto, sobre temas previsionales. Lo que sí, la Anses necesitaba una addenda, que nosotros apoyábamos, y que es lo que se aprobó ayer (por el jueves)", explicó el titular del PE.

Indignados

Los más indignados por el beneficio previsional del que gozarán los vocales del TC fueron los jubilados, que desde hace una década vienen manifestándose en la plaza Independencia, en reclamo del 82% móvil. De hecho, un grupo de referentes de los "Jubilados de la Plaza" se hizo presente el jueves en la Cámara (Muñecas y avenida Sarmiento), con la pretensión de que los dejen ingresar en el recinto de sesiones. No obstante, no se les permitió, y debieron quedarse con sus gritos de protesta y con sus pancartas en el hall de entrada. "Traíamos un cartel que decía: '¿Y nosotros cuándo?'; pero no nos dejaron pasar. Ahí, donde supuestamente está la democracia pura. Nos dejaron afuera. ¿Por qué lo hicieron?", se lamentó Florinda Leguizamón ante LA GACETA.

El proyecto de ley había sido elaborado, entre otros, por los legisladores alperovichistas Alfredo Quinteros (titular de la comisión de Legislación Social), Ramón Graneros (presidente de la de Asuntos de ONG) y Carolina Vargas Aignasse (presidenta de Legislación General). Los siete representantes de la oposición votaron "por la negativa" en la sanción de la norma.

"Existen sentencias que garantizan a todos los jubilados el 82% móvil. En cambio, no existe ningún basamento jurídico para incorporar a los integrantes del TC a esa normativa. Hay inequidad", había argumentado José Páez (Democracia Cristiana). "Es una cuestión de ética. ¿Por qué el poder político da un derecho a un organismo que debe controlarlo?", se había preguntado Alberto Colombres Garmendia (PRO).

El presidente del bloque alperovichista Tucumán Crece, Roque Álvarez, cerró la ronda de oradores. "No tenemos capacidad para cambiar la ley; sólo decidimos si damos luz verde al convenio que firmó el gobernador con la Anses. A esta Legislatura no le queda otra (opción) respecto a los convenios. No le podemos cambiar una coma: lo aprobamos o lo desaprobamos", había afirmado. Las posturas de los opositores no pudieron contra el peso de los 36 alperovichistas presentes en el recinto al momento de la votación.

"Desvergonzados"

Las críticas a la ley llegaron también desde fuera de la Legislatura. "Esto constituye uno de los actos de Gobierno más desvergonzados, inmorales e injustos de su gestión. Se trata de una bofetada a todos los jubilados de la provincia", manifestó el senador -y diputado electo- José Cano (UCR). "Se ha beneficiado con el 82% móvil a tres funcionarios, que curiosamente son quienes deben controlar la ejecución del Presupuesto y la Cuenta de Inversión. Mientras eso ocurre, más de 15.000 jubilados provinciales transferidos peregrinan por el efectivo reconocimiento de sus derechos ya reconocidos por sentencias firmes", agregó el referente radical.

En el recinto, Cano había sido mencionado por el alperovichismo. Ramiro González Navarro (PJ) había recordado que durante su mandato como legislador provincial, Cano fue autor de la ley 7.853/06, que ratificó el régimen previsional del Poder Judicial, que determina que los magistrados gozan del 82% móvil una vez que pasen al sector pasivo.