El dinero que el Gobierno había tomado para afrontar erogaciones corrientes volvió a manos de la Caja Popular de Ahorros (CPA). No obstante, según aclaró el interventor del organismo, Armando Cortalezzi, él no pondrá objeciones en caso de que el gobernador, José Alperovich, vuelva a solicitarle recursos de la entidad crediticia estatal.
Según consta en la resolución N° 648 de la Secretaría de Hacienda, firmada por Rolando Steimberg, el Poder Ejecutivo dispuso la precancelación de las Letras de Tesoro emitidas (serie 3) -a pedido de la CPA- por unos $ 157 millones tomados y reconoció $ 6,2 millones en concepto de intereses por el dinero prestado. "Retomamos el dinero del Fondo de Garantía que estaba en poder de la Provincia", resumió Cortalezzi.
La Ley N° 8.524 fue aprobada por la Legislatura el 10 de octubre. Dos días después, fue promulgada por el gobernador. Desde entonces, Alperovich mantiene un duro enfrentamiento político con el gremio bancario. Sus dirigentes, con Eduardo Bourlé y Carlos Cisneros a la cabeza, se opusieron a la cesión de recursos de la Caja al PE. Incluso, llevaron sus reclamos ante la Justicia. La cuestionada norma autorizó al interventor de la CPA a firmar un convenio con el Gobierno para sustituir los recursos del Fondo de Garantía del Departamento Seguros por Letras de Tesorería de la Provincia. Así, con una autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación, firmada por Juan Bontempo el 26 de septiembre, el PE tomó plazos fijos por $ 172 millones de la CPA, cuyos certificados se encontraban en custodia del Banco Francés. La operatoria, según el funcionario nacional, guardaba "los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez". Por haber autorizado ese convenio entre la CPA y el Gobierno, el senador nacional José Cano (UCR) y el diputado radical Manuel Garrido denunciaron a Bontempo ante la Justicia Federal.
Según el contrato firmado, el dinero tomado por el Gobierno -a una tasa de interés del 16%- debía ser reintegrado a las arcas de la Caja Popular antes del 31 de diciembre. El 28 de diciembre, Hacienda hizo un asiento contable y devolvió los recursos a la CPA, pero volvió a tomarlos el 3 de enero de este año.
En todo este tiempo, el Gobierno sólo llegó a reintegrar a la Caja Popular de Ahorros unos $ 17 millones. Ayer, Cortalezzi explicó que ese dinero fue destinado a cubrir eventuales contingencias comerciales. Pese a que la entidad ya cuenta con el dinero del Fondo de Garantía, el legislador en uso de licencia dejó en claro que autorizaría sin inconvenientes una nueva cesión a la Provincia. "El dinero está depositado en un plazo fijo con garantía del Banco Francés. La Provincia nunca utilizó esta plata, como tampoco tomó los créditos que autorizó la Legislatura. Sin embargo la Caja es una institución provincial, y si la Provincia lo necesita puede tomarlo de nuevo y poner las Letras del Tesoro como garantía. Pero esto no resiente de ninguna manera el funcionamiento de la institución", afirmó.
Luego, criticó al gremio bancario. "Con esta devolución queda sin sustento el reclamo de La Bancaria, que ni siquiera sabía que ya se había devuelto el dinero. A pesar de que ahora salen a decir que el dinero volvió a la Caja porque ellos presionaron para que se lo devuelva", planteó.
Bourlé, en cambio, consideró que la restitución de los fondos representa un triunfo del gremio. "La base del conflicto fue la irregularidad con que hicieron la operatoria: mediante una resolución de Bontempo. Se violó la ley de actividad de seguros, que permite disponer sólo de un 20% del Fondo de Garantía. Por todos estos meses de lucha, esto es un triunfo nuestro, aunque traten de ocultarlo", afirmó Bourlé. De todas maneras, el dirigente bancario advirtió al Gobierno que el conflicto aún no está cerrado. "A lo largo de estos meses de reclamo y manifestaciones en defensa de la Caja Popular tuvimos 32 despedidos. Vamos a seguir de la misma manera hasta lograr su reincorporación, porque hay compañeros con derechos adquiridos y hasta 17 años de servicios cesanteados", manifestó.
En caso de que el Gobierno requiera nuevamente de los dineros de la CPA, no será necesaria la intervención legislativa. La propia Ley N° 8.524 le da una salida al PE: el artículo segundo de la norma faculta al interventor de la Caja "o a quien o quienes lo reemplacen, a suscribir futuros convenios con similares modalidades a las establecidas en el Anexo que forma parte integrante de la presente ley".