El proyecto del gobernador Osvaldo Jaldo para garantizar el financiamiento de la Defensoría del Pueblo abrió un nuevo frente de críticas en la Legislatura. El parlamentario José “Pepe” Seleme, del bloque Avanza Tucumán, cuestionó la iniciativa oficial y reclamó que, antes de asegurarle transferencias mensuales al organismo, se revise su estructura administrativa, el destino de los recursos y los resultados de su gestión.

La Defensoría del Pueblo, otra vez en la mira: qué cuestiona la oposición

“Al gobernador Jaldo le preocupa más que a la Defensoría no le falte un peso que explicarle a los tucumanos qué hace ese organismo con los miles de millones que gasta todos los meses. Parece que no les alcanza. ¿O quiere garantizar que se financie bien esa ‘caja de la política’ tucumana?”, disparó el legislador.

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo propone incorporar a la Defensoría del Pueblo al régimen de autarquía financiera previsto en la Ley 6930, a partir del ejercicio presupuestario 2027. De aprobarse, el organismo que conduce Agustín Fernández recibirá mensualmente los recursos asignados en su presupuesto, mediante un mecanismo similar al que ya tienen la Legislatura, el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas.

Frente a esa propuesta, Seleme volvió sobre sus cuestionamientos al tamaño de la estructura de la Defensoría y al peso que representan los salarios dentro de sus gastos. Según señaló, el organismo cuenta con casi 500 empleados de planta, cientos de contratados y más de 60 oficinas, mientras que el 97% de su presupuesto se destinaría al pago de sueldos.

“Hemos denunciado que la Defensoría tiene casi 500 empleados de planta, cientos de contratados, más de 60 oficinas y que el 97% del presupuesto se va en sueldos. ¿Qué hizo el Gobierno con eso? Nada. ¿No sería mejor que primero nos expliquen qué hacen con tanta plata y qué resultados tienen para mostrar?”, cuestionó.

El parlamentario también apuntó contra las prioridades del Gobierno provincial y contrastó el financiamiento previsto para el organismo con las demandas de infraestructura y servicios públicos que persisten en distintos puntos de Tucumán.

“Los tucumanos estamos cansados de ver cómo se agranda el Estado para financiar la ‘fiestita’ de los que gobiernan hace décadas la provincia. Mientras, hay ciudadanos que no tienen agua, que viven entre ríos de cloacas y que se inundan todos los años. Las prioridades de Jaldo están a la vista: gastar en lo que no sirve y dejar a los tucumanos que sigan padeciendo el desgobierno”, sostuvo.

Seleme insistió en que no cuestiona la función institucional de la Defensoría, sino la dimensión de su estructura y la administración de los recursos públicos. En ese sentido, reiteró su propuesta de avanzar con una reforma integral del organismo.

“No estoy en contra de defender los derechos de los tucumanos. Estoy en contra de gastar una fortuna en una estructura que solo es otra aspiradora de recursos de los ciudadanos. Jaldo debería preocuparse menos por garantizarles los fondos a sus funcionarios y más por garantizarles soluciones a los tucumanos. Porque la plata no es del gobernador. Es de todos los tucumanos”, remarcó.