Una modificación propuesta por la Casa de Gobierno a la Ley de Excedentes Financieros (6.930), vigente desde 1999, genera suspicacias y provoca que parte de la oposición vuelva a poner en la mira sobre la Defensoría del Pueblo. Sucede que el Poder Ejecutivo (PE) envió un proyecto para que el ente que encabeza Agustín Fernández reciba desembolsos mensuales, como todo órgano independiente del Estado con rango constitucional. No obstante, genera suspicacias que la modificación ocurra más de un cuarto de siglo después, en las puertas de un año electoral.

La iniciativa propone que se incorpore en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley de Excedentes Financieros a la Defensoría del Pueblo. “En virtud de que la Defensoría del Pueblo es un órgano con autonomía funcional y autarquía financiera, incluido en el Capítulo Segundo de la Constitución Provincial ‘Órganos de Control’ (arts. 81 a 86), se torna necesario, a los fines de dotar de recursos financieros a la misma, tramitar su inclusión en el mecanismo de transferencia de fondos previsto en la Ley 6.930 a partir del ejercicio presupuestario 2027”, se fundamentó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro Daniel Abad (Economía y Producción).

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Dicha norma habilita al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas (y si se sanciona, también a la Defensoría) a conservar los fondos que hayan sido presupuestados pero no aplicados, y permite su utilización como “refuerzo financiero” para el ejercicio siguiente, sin una finalidad específica. Sin embargo, aunque la ley continúa vigente, se les viene poniendo límites en el articulado de los presupuestos 2025 (9.835) y 2026 (9.942), y se persigue lo mismo para 2027; de hecho, se incluyó a la Defensoría en los alcances.

El proyecto de la “ley de leyes” -que se debatiría el jueves 10 de diciembre- no cita a la Ley 6.930. Sin embargo, el artículo 20 apunta a esos fondos y especifica que los saldos no ejecutados que “permanezcan en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio presupuestario del Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Pupilar y de la Defensa, serán considerados excedentes financieros”. Se añade que dichos saldos se incorporarán como remanentes y deberán ser utilizados al inicio del ejercicio siguiente.

Otra lectura

Fuentes parlamentarias remarcaron que los cambios en la Ley 6.930 son para que la Defensoría no pueda tener un uso discrecional de los excedentes financieros. “Al igual que todos los organismos (incluídos en la ley) no va a poder disponer de los excedentes”, afirmaron las mismas fuentes del oficialismo provincial. En la oposición, sin embargo, hacen otra lectura respecto a los cambios.

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El legislador Claudio Viña (Compromiso Tucumán) opinó que es justificable que la Defensoría del Pueblo, al tener rango constitucional y ser un organismo de control, se incorpore a la Ley 6.930 ya que se la independiza a los otros poderes y entes. Sin embargo, remarcó que el defensor Fernández “está puesto a dedo” por el gobernador -al margen de haber sido elegido por la Cámara-. “Es un referente del espacio al que debe controlar. Entonces nos parece curiosa la oportunidad para enmendar (la ley 6.930), en un año electoral. Es tener la posibilidad de blindar financieramente a la Defensoría del Pueblo”, disparó.