La profunda crisis política, judicial y financiera que sacude a Paraguay sumó un capítulo de enorme tensión tras resolverse el misterio sobre la estructura de alta seguridad descubierta en la residencia veraniega del expresidente Santiago Peña. En el marco de los allanamientos impulsados por el colapso del intervenido Ueno Bank, una comitiva del Ministerio Público logró acceder al compartimento blindado construido detrás de una pared falsa en la lujosa vivienda de Ciervo Cuá, en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. Tras más de 24 horas de hermetismo e infructuosos intentos técnicos, los peritos ingresaron al recinto y constataron que se encontraba completamente vacío, sin rastros de dinero en efectivo, lingotes ni documentación comprometedora en su interior.

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo fiscal liderado por Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, secundados por efectivos del Departamento contra el Crimen Organizado. La propiedad, un imponente complejo de más de 1.000 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de media hectárea a orillas del lago Ypacaraí, está valuada en más de dos millones de dólares y permanece en la mira judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Durante la inspección inicial, los investigadores descubrieron que un tabique disimulaba el acceso a una estructura subterránea blindada. Pese a que franquearon una primera barrera convencional, una segunda puerta acorazada equipada con tecnología biométrica y cerraduras de alta complejidad de procedencia israelí frenó el avance de las fuerzas policiales durante todo el fin de semana.

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La apertura del búnker se destrabó finalmente luego de gestiones procesales directas con la defensa del exmandatario. Según confirmó la propia fiscala González, fue el propio Peña quien, a través de su representación legal, facilitó la clave y el lugar exacto donde se resguardaban las llaves de seguridad para habilitar el paso a los peritos sin necesidad de forzar los accesos ni detonar explosivos que pudieran comprometer la estructura de la vivienda, ubicada debajo de la piscina principal.

Inesperado

Al ingresar, el panorama desarmó las especulaciones iniciales que proyectaban el hallazgo de un botín millonario: el habitáculo no contenía fajos de billetes, cajas fuertes secundarias ni joyas. Ante la Justicia y la opinión pública, los abogados defensores de Peña sostuvieron enérgicamente que el compartimento nunca fue proyectado como una bóveda para atesorar caudales clandestinos, sino como una moderna habitación de pánico concebida para salvaguardar la integridad física de la familia presidencial ante potenciales atentados, secuestros o asaltos violentos. Según este argumento, la solidez del blindaje, los filtros de aire independientes y los accesos reforzados responden a los estándares internacionales de seguridad privada exigidos habitualmente para jefes de Estado y sus allegados en zonas de quintas abiertas.

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Pese al desmentido de la defensa, el Ministerio Público mantiene abierta la hipótesis de un posible vaciamiento previo a la ejecución de las órdenes de allanamiento. De hecho, los peritos informáticos y balísticos continuaron trabajando en el lugar para determinar si el ambiente fue acondicionado de forma reciente y secuestraron servidores, cámaras del circuito cerrado y computadoras instaladas en las inmediaciones del cuarto para verificar si existió tránsito inusual de bultos durante los días previos a la detención del dirigente. Tras la conclusión de la diligencia, la administración de la imponente finca veraniega quedó formalmente incautada y transferida a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que dispondrá su custodia mientras avanza el juicio.

La trama financiera

El trasfondo que detonó este despliegue radica en el monumental escándalo de corrupción asociado a Ueno Bank, entidad que operaba como el brazo digital hegemónico del sistema bancario local y que fue intervenida de urgencia por el Banco Central del Paraguay (BCP) ante un agujero de liquidez e insolvencia que dejó a cerca de tres millones de usuarios sin acceso a sus ahorros. El perjuicio patrimonial estimado por el Ministerio Público supera los 800 millones de dólares, lo que desató una corrida sin precedentes y empujó a la quiebra al conglomerado financiero Grupo Vázquez, estrechamente ligado al círculo íntimo del expresidente.

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La lupa sobre la casa de verano de San Bernardino responde a notorias discrepancias patrimoniales detectadas en los balances de Peña. De acuerdo con las carpetas fiscales reproducidas por medios paraguayos como ABC Color y Última Hora, en mayo de 2024 el entonces mandatario obtuvo en simultáneo dos créditos hipotecarios en la entidad cuestionada por un total de 3.548 millones de guaraníes (alrededor de 560.000 dólares). La inconsistencia radica en las condiciones de pago: las cuotas mensuales comprometidas por Peña alcanzaban los 239 millones de guaraníes (más de 35.000 dólares), una cifra que representaba más de seis veces su sueldo oficial como jefe de Estado.

Las pesquisas sugieren que la inversión real en la propiedad superó con creces los montos declarados y que la entidad crediticia habría actuado como un canal para blanquear fondos públicos procedentes de colocaciones indebidas de cajas jubilatorias del Estado.

Derivaciones

La espiral de revelaciones forzó un colapso institucional relámpago en Asunción. Tras ser destituido por el Congreso y expulsado de las filas del Partido Colorado, Peña quedó alojado bajo prisión preventiva en dependencias del Regimiento Escolta Presidencial, imputado formalmente por los cargos de lesión de confianza y administración en provecho propio. En la misma causa ya se encuentran detenidos ocho altos ejecutivos de la banca privada, mientras que el extitular del BCP debió entregarse a los tribunales.

Santiago Peña quedó imputado por "lesión de confianza y administración en provecho propio"

La Presidencia de la República quedó formalmente en manos de Pedro Alliana, quien asumió en medio de una persistente ola de protestas ciudadanas y la indignación generalizada de pequeños ahorristas. Mientras la defensa insiste en calificar el caso como una persecución política y argumenta que la presunta bóveda no es más que un resguardo de seguridad arquitectónica, los fiscales intensifican pedidos de informes a entidades extranjeras.