La Fiscalía de Paraguay imputó al presidente Santiago Peña y al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas con Ueno Bank. Según la acusación, las operaciones bajo sospecha habrían provocado un perjuicio patrimonial superior a los US$ 809 millones. Los investigadores también solicitaron la prisión preventiva de los dos exfuncionarios.

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La presentación judicial fue realizada el sábado 7 de noviembre, a las 14, por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. A Peña le atribuyeron los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que Carvallo también fue imputado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

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El expediente reúne operaciones financieras, movimientos accionarios, colocaciones de fondos públicos y decisiones regulatorias que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían favorecido al grupo económico vinculado con Ueno Bank durante la gestión de Peña.

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Los fondos públicos depositados en Ueno Bank

Uno de los principales ejes de la investigación es el volumen de recursos estatales que recibió la entidad financiera entre 2023 y 2026. Según la Fiscalía, entre los organismos que realizaron depósitos y colocaciones figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y distintas cajas de jubilaciones.

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Un informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas estableció que, hasta septiembre de 2026, los fondos estatales depositados en Ueno Bank alcanzaban los 3,6 billones de guaraníes y U$S 233,4 millones.

En concreto, se registraron 3.608.550.782.201 guaraníes y U$S 233.400.495. La Fiscalía utilizó esos montos para estimar el presunto perjuicio patrimonial: unos U$S 576,1 millones correspondientes a los fondos en moneda local y otros U$S 233,4 millones depositados en dólares.

La acusación también sostiene que Ueno Bank habría mantenido el otorgamiento de créditos a sociedades vinculadas con su propio grupo económico, pese a las irregularidades que se investigan.

Las acciones de Peña y sus vínculos económicos con Ueno

Otro capítulo central de la imputación apunta a los vínculos patrimoniales que Peña habría mantenido con el grupo empresarial mientras ejercía la Presidencia.

Según la documentación incorporada a la causa, en marzo de 2019 el mandatario adquirió 1.500 acciones preferidas de Credicentro Saeca por 1.500 millones de guaraníes. Esa firma posteriormente pasó a integrar Ueno Holding Saeca.

La investigación también pone la lupa sobre su declaración jurada de bienes presentada en agosto de 2023, luego de asumir la Presidencia. En ese documento, Peña informó un patrimonio neto de 23.024 millones de guaraníes, lo que representó un incremento del 1.603% respecto de su presentación anterior, correspondiente a 2017.

Entre los activos financieros declarados figuraban 8.894 millones de guaraníes vinculados al Grupo Vázquez. Ese patrimonio incluía acciones de Ueno Holding, un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank por 2.400 millones de guaraníes y un bono de ITTI SAECA.

Aunque las acciones habrían sido rescatadas en marzo de 2025, Peña habría conservado el certificado de depósito y el bono, según los elementos reunidos por los fiscales.

Los préstamos para construir su vivienda y las colocaciones del IPS

La acusación también reconstruye el crecimiento de Ueno Bank durante el mandato de Peña. La entidad obtuvo su licencia bancaria en noviembre de 2023 y, en mayo de 2024, absorbió Visión Banco. En paralelo, la Fiscalía investiga cambios normativos que habrían facilitado la colocación de activos previsionales en entidades financieras privadas.

Entre las operaciones observadas aparecen dos préstamos que Ueno Bank le concedió a Peña el 13 de mayo de 2024 por un total de 3.548 millones de guaraníes. Los créditos estaban destinados a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino.

Según la imputación, las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, una cifra que equivalía a unas seis veces la remuneración presidencial, calculada en 37,9 millones de guaraníes.

Los fiscales también señalaron una serie de reuniones entre Peña y el entonces titular del IPS, Jorge Brítez, realizadas entre el 22 y el 27 de agosto de 2024. Dos días después del último encuentro, el organismo previsional aprobó la adquisición de bonos financieros emitidos por Ueno Bank por 250.000 millones de guaraníes, con un plazo de siete años.