El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó este sábado a la Fiscalía General del Estado para prestar declaración en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank. El ex mandatario comparece ante las autoridades después de haber sido destituido por el Senado y detenido durante la noche del viernes, en medio de un escándalo financiero que sacudió al país.

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La crisis de la entidad digital, que tenía casi 2,94 millones de clientes, provocó la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus cuentas y comprometió importantes fondos del sistema previsional y de organismos públicos.

Peña había sido trasladado de urgencia durante la noche del viernes desde su vivienda, ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, hasta una unidad militar. La medida se tomó luego de que se registraran protestas y enfrentamientos frente a su domicilio.

La destitución de Santiago Peña y su detención

El Senado aprobó por unanimidad la destitución del entonces presidente, después de que la Fiscalía solicitara su arresto por su presunta vinculación con el escándalo financiero. Aunque Peña había presentado su renuncia, el Congreso avanzó con el juicio político.

La diferencia entre ambas vías de salida tuvo consecuencias institucionales: al ser destituido, el ex mandatario quedó impedido de acceder a una banca de senador vitalicio.

Tras la destitución de Peña, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay

Tras la votación, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la conducción del país. En su primer mensaje como presidente, prometió compensar a los ahorristas afectados por la intervención de Ueno Bank.

"A los ciudadanos que son víctimas de este descalabro financiero serán compensados plenamente. Ordeno que se tomen las medidas necesarias para que se compense a los más desprotegidos", afirmó.

Qué pasó con Ueno Bank y por qué se desató el escándalo

El Banco Central paraguayo dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre, luego de detectar que sus indicadores de solvencia habían caído por debajo de los niveles mínimos exigidos. Según la documentación difundida, el índice llegó al 5,56%, frente al 12% requerido por la normativa.

Las inspecciones también detectaron deficiencias en la evaluación de riesgos crediticios, inconsistencias en la información utilizada para aprobar préstamos y financiamiento a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, propietario de la entidad.

La investigación fiscal alcanzó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras. Entre ellas se encuentran empresarios y directivos del banco, como Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de sus fundadores y principales accionistas, y Juan Manuel Gustale, presidente del directorio.

Crisis en Paraguay: el Senado aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña

El impacto de la intervención también llegó al Instituto de Previsión Social (IPS), que tenía inversiones por aproximadamente U$S380 millones en la entidad. Además, unos 32.000 jubilados cobraban sus prestaciones a través del banco.

El Banco Central anunció que el primer desembolso para los ahorristas será de hasta 10 millones de guaraníes por persona, mientras que la legislación paraguaya establece una cobertura máxima de 75 salarios mínimos mensuales, equivalente a unos U$S 38.000.