La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo con un pedido de 43 declaraciones indagatorias, que alcanza a los propietarios de la droguería Suizo Argentina y a otros empresarios del sector farmacéutico.
Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez sostuvieron que la empresa de los hermanos Kovalivker habría controlado el funcionamiento del organismo durante el gobierno de Javier Milei y montado un sistema de cartelización de proveedores para direccionar las compras de medicamentos y cobrar sobreprecios.
Discapacidad, en emergencia: familias y profesionales reclaman en Tucumán que se cumpla la leyEl dictamen, incorporado este miércoles a la causa que tramita en el juzgado subrogado por Ariel Lijo, señala que la droguería habría intervenido tanto en las contrataciones como en las decisiones internas de la agencia, con influencia sobre los pagos a proveedores y la designación y salida de funcionarios. Según la acusación, esas maniobras se habrían sostenido mediante el pago de retornos a responsables del organismo, consignó la periodista Paz Rodríguez Niell en el diario "La Nación".
Entre los convocados figuran Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, y su hermano Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de la firma. Los fiscales los señalaron como presuntos jefe y miembro, respectivamente, de una asociación ilícita. El pedido también alcanza a directivos de otras empresas proveedoras de medicamentos y a exfuncionarios que ya están procesados en el expediente.
El Gobierno designó a Diego Masaragian al frente de la Secretaría Nacional de DiscapacidadLa causa se inició en agosto del año pasado, tras la difusión de audios atribuidos al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, quien fue apartado de su cargo cuando el organismo quedó intervenido. En esas grabaciones se aludía a supuestos cobros ilegales y a la participación de personas cercanas a la administración libertaria. Sin embargo, los fiscales no incorporaron esos audios como prueba de su dictamen.
Presunta cartelización y sobreprecios
Según Picardi y Rodríguez, 15 droguerías habrían coordinado sus operaciones para distribuirse las compras de medicamentos que realizaba el Estado. La fiscalía puso el foco en el uso de compulsas reducidas, un mecanismo que permitía a la Andis decidir qué empresas eran invitadas a cotizar, en lugar de recurrir a licitaciones.
Los investigadores afirmaron que detectaron diferencias de precios superiores al 1.000% entre cotizaciones presentadas en procedimientos generales y otras realizadas en compulsas especiales.
Como ejemplo, citaron el medicamento Macitentan de 10 miligramos. En abril de 2025, Ultra Pharma lo cotizó a $464.508, mientras que Génesis presentó una oferta de $2.145.363,20 en una compulsa reducida durante el mismo mes. En mayo, esa misma firma cotizó el producto a $4.709.161,38 en otro procedimiento similar.
La fiscalía sostiene que Génesis sería una empresa vinculada a Suizo Argentina y que la firma de los Kovalivker contaba con información anticipada sobre las ofertas de sus competidores. Entre los elementos encontrados en el teléfono de un empleado de la droguería había planillas con los precios de otros proveedores antes del cierre de las compulsas.
En el dictamen, los fiscales describieron a la Andis como una estructura que habría funcionado como una “ventanilla de pagos de sumas millonarias administrada discrecionalmente por la Suizo Argentina S.A.”. Según su hipótesis, el organismo público quedó al servicio de intereses privados, pese a que debía atender las necesidades de personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y sectores vulnerables.
Exfuncionarios y presuntas coimas
La acusación también apunta contra Pablo Atchabahian, un exfuncionario que, de acuerdo con los fiscales, habría actuado como intermediario entre la droguería y las autoridades de la Andis. Según el dictamen, sus instrucciones, con el consentimiento de los directivos de Suizo Argentina, eran cumplidas por Spagnuolo y Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como segundo en la agencia.
Los fiscales pidieron que Spagnuolo vuelva a declarar como acusado y responda, además, por un presunto soborno que habría recibido de Miguel Ángel Calvete, un operador con intereses en el organismo. La supuesta contraprestación habría consistido en un viaje a Israel, con alojamiento incluido.
La investigación también menciona un audio en el que una asistente de Calvete se queja por los pedidos de Spagnuolo relacionados con el viaje. En otro mensaje, la mujer explica las atenciones al exfuncionario con la frase: “Se pagan favores políticos”. Esos elementos forman parte de las evidencias reunidas por los investigadores.
En cuanto a los vínculos políticos, el dictamen hace referencia a un audio incorporado previamente al expediente en el que se menciona a “el Helvético” y a “Rioja”. Los fiscales interpretaron que el primer término aludiría a Suizo Argentina y que el segundo podría referirse a algún integrante de la familia Menem. No obstante, ni Eduardo “Lule” Menem ni Karina Milei están bajo investigación en esta causa.
Los allanamientos y los empresarios bajo investigación
En las primeras medidas del expediente, la Justicia ordenó allanamientos en las viviendas de los hermanos Kovalivker en Nordelta para secuestrar sus teléfonos. Durante uno de esos operativos, Emmanuel fue encontrado cuando intentaba retirarse en su vehículo con sobres que contenían US$ 266.000 y papeles con anotaciones, según la reconstrucción de los fiscales.
Jonathan, en tanto, logró eludir inicialmente a los efectivos policiales después de que el jefe de seguridad del barrio le avisara que iban a buscarlo. Ese responsable de la custodia fue procesado en una causa derivada del expediente y será juzgado en San Isidro.
El nuevo pedido de indagatorias incluye a directivos de Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, Ultra Pharma, Droguería del Sud, Droguería Disval, Hemipharm, Medipharma, Génesis y Scienza Argentina.
También alcanza a siete personas que ya declararon y están procesadas: Atchabahian, Spagnuolo, Garbellini, Andrés Horacio Arnaudo, Miguel Calvete, Matías Javier Palotti Bertola y Diego Martín D’Giano.
Ahora, el juez Ariel Lijo deberá resolver si convoca a declarar a los empresarios y exfuncionarios señalados por la fiscalía, en una investigación que busca determinar cómo se habrían direccionado las compras de medicamentos y si existió una estructura de retornos y sobreprecios en perjuicio del Estado.