La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó una nueva etapa con el procesamiento de 19 personas y la ampliación del procesamiento de otras cinco. La resolución judicial también cuantificó diferencias de precios de al menos $1.849 millones en operaciones de compra de insumos médicos y ortopédicos, que, junto con las detectadas anteriormente en medicamentos, elevan el monto bajo análisis a más de $7.833 millones.
El Gobierno designó a Diego Masaragian al frente de la Secretaría Nacional de DiscapacidadEl juez Ariel Lijo, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, dictó los procesamientos sin prisión preventiva en el marco de la investigación sobre contrataciones realizadas a través del Programa Incluir Salud. Además, resolvió la falta de mérito para otras 11 personas indagadas, por considerar que corresponde profundizar la investigación.
La decisión amplió los procesamientos de Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados como jefes de la asociación ilícita investigada, y de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de esa organización. Los cinco ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, en una decisión que posteriormente confirmó la Sala II de la Cámara Federal.
La nueva resolución extendió la investigación a maniobras vinculadas con las contrataciones de insumos. Entre los delitos atribuidos figuran asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos, también se consideraron hechos que podrían configurar lavado de activos agravado, consignó el diario "Ámbito".
Los empresarios y las firmas proveedoras bajo investigación
La resolución alcanzó a empresarios y personas vinculadas con distintas compañías proveedoras de la ANDIS. Entre ellos figuran Emilio César Olguín, relacionado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L.
La Iglesia pidió que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidadTambién fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, relacionados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, vinculado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, relacionado con Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, vinculado con Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, relacionado con Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, vinculado, entre otras firmas, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
La medida también comprendió a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, quienes habrían tenido funciones relevantes en la estructura administrativa del organismo. La investigación les atribuye tareas relacionadas con las invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo, el magistrado procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir del análisis de circuitos financieros y comerciales vinculados con Miguel Ángel Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También dispuso el procesamiento de Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita.
Diferencias de precios por más de $7.800 millones
Uno de los puntos centrales de la resolución es la cuantificación económica provisoria de las operaciones investigadas. A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos $1.849.277.963 en determinadas compras de insumos médicos.
Ese monto se suma a los $5.984.594.394,24 detectados previamente en el rubro medicamentos. De esta manera, la cuantificación conjunta asciende a $7.833.872.357,24.
La resolución aclara que se trata de una estimación provisoria y parcial, elaborada a partir de las operaciones que pudieron compararse con valores de referencia.
La investigación abarcó seis segmentos de adquisición de insumos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología.
Al evaluar las pruebas reunidas, el juez consideró que existen elementos suficientes, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, para sostener la existencia de una organización que habría operado dentro y fuera de la Andis. Según la resolución, habría estado integrada por funcionarios, operadores externos, empresarios proveedores y personas encargadas de recibir y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas.
El pronunciamiento describe un esquema que habría incluido la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas.
A través de esos mecanismos, se habrían generado beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización. La reiteración de las prácticas, los vínculos entre los involucrados y las comunicaciones y operaciones económicas documentadas fueron considerados elementos para sostener que no se trataría de irregularidades aisladas.
La reconstrucción también se apoya en lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que, al analizar contrataciones realizadas mediante el sistema Siipfis, señaló que “fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”.
Al examinar los vínculos entre funcionarios, operadores externos y empresas proveedoras, la Cámara también sostuvo que esas acciones “no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes”.
La resolución remarca que la relevancia penal de los hechos no se limita a los sobreprecios que pudieron cuantificarse hasta el momento. Según el magistrado, las pruebas permitirían reconstruir un mecanismo organizado de contratación pública que habría sido utilizado para favorecer intereses particulares mediante la intervención coordinada de funcionarios y empresarios.
El caso está delegado en el fiscal Franco Picardi, quien continúa adelante con esta nueva etapa de la investigación.