El caso se conoció como Finca Carina. Se trataba de un campo por el que los bagayeros podían ingresar desde Bolivia con mercadería y, desde allí, trasladarla a distintos puntos del país. Por esa causa, 12 personas comenzaron a ser enjuiciadas en Salta.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal federal de Orán, Marcos Romero, centenares de personas ingresaban al predio. Cruzaban ilegalmente hacia Bolivia y, luego de haber realizado las compras, retornaban con la mercadería. Luego cargaban los vehículos y, por una red de caminos internos del campo, circulaban para eludir los controles de la zona.
Sobre este escenario, Romero sostuvo que la organización había montado una estructura ilícita que, entre otras actividades, contaba con puntos de cobro donde se percibía un arancel por cada vehículo y de acuerdo con la cantidad de bultos transportados.
Sobre la base de la investigación, el representante del MPF explicó que se determinó un movimiento aproximado de 300 vehículos por día y un ingreso económico diario cercano a los $3 millones, provenientes exclusivamente de la actividad ilegal. En la exposición, mencionó un informe aportado por la División Aduana de Orán (ARCA-DGA), en el que se calculó que los movimientos económicos derivados de la mercadería ilegal que circulaba por la finca ascendían a $2.975 millones.
Romero indicó además que la organización delictiva operaba a través de subgrupos, cada uno con roles determinados que permitían sostener la actividad ilegal. Agregó que la Fiscalía tuvo que desplegar una investigación minuciosa, con tareas de campo e inteligencia, para poder reunir las pruebas necesarias.
Los 12 imputados son señalados como miembros de una asociación ilícita, cada uno con funciones organizativas y de logística, y como partícipes necesarios del delito de contrabando de mercadería, agravado por el número de intervinientes y por el monto, por hechos cometidos en distintas fechas entre julio y agosto de 2025.