Los incidentes en Graneros dividen las aguas en la política tucumana. Y la controversia resuena en la Legislatura con esa tónica, donde la oposición se agrupó para pedir la intervención del municipio que conduce la intendenta Raquel Graneros (PJ) como consecuencia de las agresiones y amenazas denunciadas el sábado pasado por el diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) durante una visita a esa localidad del sur tucumano.

Ahora, los 10 legisladores de distintas bancadas que se habían unido para presentar el proyecto que promueve la remoción de las autoridades del Departamento Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante local firmaron una nota dirigida a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside la oficialista Carolina Vargas Aignasse. para requerir el “urgente tratamiento y dictamen del expediente” iniciado el lunes pasado.

El pedido lleva las firmas de José Macome (Compromiso con la Libertad), Claudio Viña y Walter Berarducci (Compromiso Tucumán), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana), José Cano (Radicalismo Federal), Manuel Courel (Cambia Tucumán), José Seleme (Avanza Tucumán) y Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán).

La iniciativa opositora, en los fundamentos, incluye dos argumentos para requerir la designación de un funcionario provisorio por parte del Poder Ejecutivo, que conduce el gobernador Osvaldo Jaldo.

El primero de ellos es la “grave crisis institucional”, con “indicios de corrupción” en el municipio. “La acción penal (sobre este punto) fue formulada y ratificada y puso sobre la lupa la situación de grave afectación institucional y el posible uso de fondos públicos para enriquecimiento personal, donde hasta el secretario de Hacienda del municipio de Graneros habría sido quién trasladó parte del dinero en efectivo para una operación inmobiliaria y por tal motivo fue citado a prestar declaración”, señalaron los legisladores.

El segundo motivo que esgrimen los opositores es el “hostigamiento político” y el “quebrantamiento de la convivencia democrática”. En este apartado, detallaron los hechos relatados por Huesen. “Estos actos de violencia política no son aislados y existen acreditadas otras denuncias de hostigamiento político, lo que resulta obviamente inadmisible en un estado de derecho, y encuadra de manera directa en el presupuesto de gravedad y desorden institucional que prevé el artículo 139 de nuestra Constitución”, expusieron.

En la comisión, con mayoría oficialista

El texto fue remitido a Asuntos Constitucionales, donde el peronismo -además de la presidencia- cuenta con cuatro miembros propios (Gerónimo Vargas Aignasse, Tulio Caponio, Aldo Salomón y Tomás Cobos), a los que se suma un aliado (Rodolfo Ocaranza, cercano al ex intendente Germán Alfaro). El único opositor en este grupo de trabajo es el radical Romano Norri.

La comisión de Labor Parlamentaria se reunió este martes para discutir el temario de la sesión especial prevista para el miércoles 30. Pero en la oposición apuntarían a lograr que su proyecto alcance un dictamen con miras al siguiente debate, que tendría lugar el 8 de octubre.

“Entendemos que el pedido de intervención del municipio de Graneros conlleva una necesidad de inminente resolución, para evitar que en dicha localidad vuelvan a repetirse los hechos denunciados, que lesionan acabadamente la convivencia democrática y la institucionalidad en la provincia”, argumentaron los legisladores en la nota. Consignaron a la vez su respeto por “la posición y la interpretación individual que pudiera tener cada integrante de la comisión”, pero sostuvieron que “con aprobación o con disenso”, es clave que el tema esté en condiciones de llegar al recinto.

Advirtieron a la vez que los hechos “no han cesado y todo indica que podrían agravarse en el futuro” de no procederse con la intervención del distrito, en los términos de lo dispuesto por la Carta Magna.

Resta ver qué tratamiento le dan los oficialistas a la iniciativa, considerando que las voces del peronismo en torno a lo sucedido advierten sobre las dos versiones de los hechos.

Es que un grupo de nueve vecinos de Graneros también formuló denuncias contra Huesen y la comitiva libertaria, y señalaron al diputado nacional por supuestas amenazas.

En ese sentido, el gobernador Jaldo expresó su repudio por lo sucedido, pero a la vez aclaró que existen relatos contrapuestos. “Yo no estuve en el lugar del hecho y no voy a opinar hasta que la Justicia nos dé un indicio de lo que allí pasó, porque hay cosas que se dicen de un lado y del otro”, afirmó el lunes por la tarde, durante una visita a Simoca.

También se refirió al proyecto de ley para la intervención de Graneros que había formulado la oposición. “Pedidos puede haber muchos, pero la facultad exclusiva de tomar una decisión es del Gobernador de la Provincia, salvo que haya una ley de la Legislatura que así me lo indique, cosa que hoy no ocurre. Soy muy respetuoso de las presentaciones de los legisladores, pero les sugiero prudencia”, añadió el tranqueño.

Ampliación de la denuncia: nombres y pedidos de pruebas

Mientras tanto, tal como había anticipado el diputado Huesen, se efectuó una ampliación en la denuncia contra las personas sindicadas por la agresión.

En la presentación formulada por Lucio Benjamín Abregu, quien integraba la comitiva libertaria, se consignaron los nombres de Franco Ibán Jeréz, a quien se señaló como supuesto funcionario del municipio; de Vanesa Dorao (una de las mujeres que denunció a Huesen), a quien se le atribuyeron vínculos con la gestión de Graneros; y de “Maxi” Cejas, a quien se marcó como supuesto jefe de Acción Social de la Municipalidad.

Además, Abregu requirió a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción una serie de medidas de restricción y de producción de pruebas, como la extracción de las filmaciones de las cámaras de seguridad que pudiera haber en la zona de los incidentes.