La Universidad Nacional de Tucumán lleva 28 años en dura pulseada con el lugareño de San Javier Próspero Marcelo Sosa, ocupante de un extenso predio al que llamó “Las Pirámides” en el sector sur del Parque Sierra de San Javier, que le pertenece a la UNT. Primero comenzó con una querella por usurpación en 1998 perdida por inacción de la casa de altos estudios en la Justicia y ahora es una nueva querella, otra vez por usurpación, y además por daño ambiental y por estelionato. Esta hoy es favorable a la UNT, ya que Sosa ha sido procesado por esos delitos y se le trabó embargo por $ 500 millones. En el medio de estas tres décadas ha habido, por un lado, un crecimiento de las atribuciones que se tomó Sosa, que de ser un simple ocupante pasó a ser administrador de un enorme barrio irregular de unas 70 viviendas; y por otra parte, ha crecido en la Universidad la conciencia de cuidar su patrimonio, que había estado prácticamente a la deriva desde sus comienzos. Mucho más desde que en 1948 comenzó a concretarse el proyecto de la Ciudad Universitaria en el cerro, con la expropiación de 18.000 hectáreas en San Javier, Horco Molle y Tapia.

Ya de entrada hubo cierta desidia. Esas 18.000 hectáreas, probablemente pagadas al precio de 18.000 hectáreas en su momento, terminaron siendo 14.000 hectáreas, a causa de los sistemas de medición “a ojo”. Tampoco se registraron bien las propiedades en el ámbito universitario, merced a que las oficinas que se ocuparían más en detalle de estas cosas, como el Registro Inmobiliario, surgieron después de la gran expropiación. Además, muchos sectores de esas tierras expropiadas estaban ocupados por gente que siguió viviendo allí.

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Así se dieron casos como el de los habitantes del barrio de Horco Molle, ubicado debajo de la Escuela de Agricultura, donde viven los descendientes de los empleados de la familia Frías Silva, dueña de un sector antes de la expropiación. Mucha de esta gente trabaja para la misma Universidad. La UNT les ha permitido quedarse en sus casas a condición de que no se extiendan y que no pretendan títulos de propiedad. En ese sector, junto al dispensario, hubo conflicto con parientes que querían instalar sus viviendas. Hay un desalojo pendiente de decisión judicial.

Otro problema semirresuelto ha sido el de la zona de Tapia, donde hubo una desinteligencia de siete décadas con los descendientes de Guillermina Viaña de Colombres Garmendia, a quien se le había expropiado el terreno pero no había acuerdo con respecto al pago, hasta que hace tres años quedó todo resuelto por la Justicia. Esta obligó  que se haga la escritura correspondiente. Dentro de ese predio se encuentra un sector más pequeño con un ocupante apellidado Torres, el cual ya reconoció el derecho de la UNT aunque aún reclama quedarse con un área pequeña. La Universidad espera que pronto pueda ser desalojado.

Condenaron por desobediencia judicial al administrador del barrio Las Pirámides en San Javier

Hay unos litigios menores con terrenos ocupados en la zona de Horco Molle -dos canchas en el club Las Lomitas- y un triángulo en el predio de la ex quinta Agronómica.

En los últimos años, la Universidad se puso en campaña para regularizar los papeles patrimoniales. Ya hizo la escritura del parque Sierra de San Javier y de la ex Quinta Agronómica, y acepta medianamente que hay unas 1.500 personas viviendo dentro en su parte del cerro, con las cuales se podría tener una convivencia regular, como es el caso de la gente del barrio de Horco Molle.

Pero Próspero Marcelo Sosa es un  asunto mucho más complejo. El hombre no reconoce siquiera la existencia de la Universidad. Afirma por un lado que tiene derecho a estar en ese sector del predio porque ahí vivió toda su vida, incluso su padre, y por otra parte advierte que podría llegar a ocupar unas 4.000 hectáreas del parque universitario. Y como en 2008 fue sobreseído de la primera acusación de usurpación, él sostiene que tiene derecho a esa tierra y así fue que comenzó su emprendimiento. Diez años después, en 2018, la UNT descubrió que el hombre estaba vendiendo lotes.

Reivindicación del terreno

Allí hubo otra querella, esta vez civil, por reivindicación del terreno, y se lo denunció por estar construyendo caminos y desmontando el bosque, que es área ambiental protegida. La UNT debió demostrar que estaba depredando; la Justicia le ordenó a Sosa no seguir desmontando y le sobrevino una querella por desobediencia. Eso terminó en una condena condicional en 2024 y en un embargo de sus bienes por $ 30 millones. Él no apeló la condena aunque tampoco pagó los $ 30 millones. No le hallaron bienes para embargarle. Complementaria a esa causa llegó esta nueva acusación  por usurpación de una extensión más grande del predio, por daño ambiental agravado y por estelionato -es decir engañar a los compradores de los lotes- que llegó al procesamiento y el nuevo embargo, que ha llevado adelante el fiscal federal Agustín Chit. El abogado de la UNT, Máximo Castro, sostiene que, en caso de ir a juicio esta causa, y ser condenado, Sosa deberá cumplir prisión efectiva. Añade que este procesamiento dictado por el juez federal Guillermo Díaz Martínez es un avance sustancial en el caso.

Patrimonio de la UNT: indagarán al administrador del barrio privado “Las Pirámides”

Pero la causa madre, la civil, se encuentra todavía en larga espera -también está en manos del juez Díaz Martínez- porque se han integrado al caso los compradores, que afirman ser “de buena fe”. Todo forma un nudo gordiano difícil de desatar pese a que la lógica dice que le asiste razón a la Universidad. Pero apenas se han deshecho algunos hilos. Al final, si se logra recuperar el predio, habrá que decidir si se cumple el pedido de la UNT, que es demoler las construcciones y reponer el bosque depredado.