Cinco mujeres fueron víctimas de femicidios en Tucumán durante 2026. El último caso ocurrió en 7 de Abril el 30 de agosto, cuando Yolanda Beatriz Amaya (53 años) fue asesinada por su esposo René Sierra, quien luego se suicidó. En los meses anteriores se registraron los femicidios de Érika Antonella Álvarez, Luisa Elizabeth Mendoza, Noemí Ledesma y Graciela del Valle Castaño.

“Lo que demuestran estas cifras, que en realidad son vidas de mujeres y de compañeras trans que fueron agredidas y muchas asesinadas, es que la violencia de género no se detiene y día a día continúa avanzando”, afirmó Ada Rico, directora del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Maricel Zambrano.

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En el país, el organismo contabilizó hasta el momento 169 femicidios. De ese total, 144 fueron femicidios de mujeres y niñas, ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, 203 hijas e hijos quedaron sin sus madres, de los cuales 116 son menores de edad.

En Tucumán, los cinco casos registrados muestran distintos escenarios de violencia. Érika Antonella Álvarez, de 25 años, fue hallada asesinada en un basural de Manantial Sur y por el crimen está imputado Felipe “El Militar” Sosa. Luisa Elizabeth Mendoza, de 50 años, fue asesinada por su ex pareja, Orlando Vicente Albornoz, quien luego se suicidó. Noemí Ledesma, de 72 años, murió después de haber sido golpeada y su hijo, un policía, es el principal sospechoso. Graciela del Valle Castaño, de 62 años, fue encontrada sin vida en su casa del barrio El Bosque y la investigación apunta a su hermano, quien intentó quitarse la vida.

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Sobre los suicidios de los femicidas, Rico dijo que el Observatorio estuvo estudiando estos casos. “El análisis que venimos haciendo hace tantísimos años respecto al porqué se suicidan es que el agresor toma a la mujer como un objeto de poder. Cuando pierde el poder sobre esa mujer que él mató, termina quitándose la vida”.

Un papel

La directora del Observatorio también cuestionó la eficacia de las medidas de protección. “La orden de restricción de acercamiento, que muchas veces no le dan el botón antipánico, en realidad es un papel. El papel no la va a proteger”, sostuvo. Y reclamó el uso de tobilleras duales para que el agresor también sea monitoreado. “Cuando la justicia le otorga a la víctima una medida cautelar es porque está en peligro. Y si está en peligro, tienen que protegerla”, remarcó.

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En ese sentido, apuntó contra la falta de políticas públicas. “El Estado niega la existencia de la violencia de género. Los distintos observatorios que existen a lo largo de nuestro país intentan visibilizar cómo es esta realidad, pero indudablemente les cuesta entender que la violencia de género sí existe y que tienen que tomar medidas públicas para realmente poder evitar que tantas mujeres, tantas niñas y niños quedan en desamparo”.

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También criticó la falta de asistencia para los hijos de las víctimas. “Costó mucho que se sancionara y se reglamentara la Ley Brisa y en la actualidad no se está cumpliendo. Esta ley significa, más allá del apoyo económico, una cobertura integral de salud. Es decir que estos menores, que muchísimas veces presenciaron el ataque final o presenciaron años de violencia, tienen que tener una cobertura integral de salud, tienen que estar acompañados para que puedan trabajar el shock que le produce”, indicó.