¿La investigación apuntó inicialmente contra las personas equivocadas? ¿Influyeron las presiones sociales y políticas en los primeros pasos de la pesquisa? ¿Se están pagando las consecuencias de una investigación que arrancó bajo una enorme presión social y de funcionarios? ¿Por qué este expediente no se cerró con una salida alternativa? Estos son algunos de los interrogantes que surgen de la causa en la que se investiga la agresión de un muchacho a la salida de un boliche en Tafí del Valle, que ya tiene a uno de los dos procesados a punto de ser sobreseído y, seis meses después, contaría con un nuevo imputado que siempre fue mencionado como el verdadero agresor.

El 29 de enero, a la salida del boliche La Cascada, Patricio Ledezma fue atacado por un grupo de jóvenes oriundos de Concepción. La investigación la inició el fiscal Marcelo Leguizamón y luego pasó a manos de Mónica García de Targa. Ella fue quien acusó a Santiago Bagne y a Máximo Carreras de haber participado en la agresión. También logró que se les dictara la prisión preventiva por 30 días y que fueran trasladados al penal de Benjamín Paz. Días después, jueces de Impugnación dieron vuelta el fallo del magistrado Javier Núñez Campero y los jóvenes recuperaron la libertad.

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A partir de ese momento se produjo una polémica batalla judicial que duró varios meses. Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, defensores de Bagne, presentaron varias pruebas para demostrar que su asistido no había participado de ninguna agresión y que sólo había intentado frenarla. José María Molina, que asumió la querella, acompañó la acusación del Ministerio Público, pero también pidió en marzo que se investigara la participación en el ataque de Belisario Iturbe, de Mariano Costa Rojano, de Juan Sebastián Molina y de Santiago Fernández.

Gerardo Salas, el tercer fiscal que intervino en el caso, tomó decenas de testimonios, pidió numerosos informes y esperó durante meses el envío de los resultados de distintas pericias, especialmente del análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los dos acusados. El caso cambió radicalmente su statu quo cuando el representante del Ministerio Público acompañó el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa de Bagne, planteo que había sido realizado por primera vez en junio, pero que sólo pudo oficializarse la semana pasada. El juez Núñez Campero lo rechazó y, tal como lo establece el Código Procesal Penal, la situación debía ser definida por el fiscal regional.

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Una opinión esclarecedora

Fernando Blanno fue el encargado de resolver la diferencia que había surgido. Coincidió con su par al señalar que Bagne debía ser sobreseído. Aclaró que al procesado nunca se lo acusó de haber golpeado a Ledezma, sino que se le endilgó haber formado una especie de cerco humano para impedir la huida de la víctima y evitar que terceros pudieran auxiliarla. Informó que esa teoría nunca pudo ser confirmada y que, por el contrario, las evidencias recolectadas indicarían que intentó frenar a los más revoltosos para proteger al denunciante.

SIN RESOLUCIÓN. Máximo Carreras fue el segundo detenido por este caso. Aún no fue sobreseído.

“Celebramos la postura de Blanno porque es lo que venimos planteando desde la formulación de cargos: Santiago no agredió a nadie, sino que hizo todo lo posible para detener la pelea”, sostuvo Ascárate. “Lamentablemente, nadie le quitará lo que vivió en estos meses, incluso su estadía durante varios días en Benjamín Paz”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

En su dictamen, Blanno también dejó en claro la conducta que tuvo Bagne al identificar a “Beli” -como se conoce a Iturbe- y a “Chino” -apodo de Costa Rojano- como las personas que él habría visto golpear a Ledezma. Cabe aclarar que, cuando declaró en la causa, señaló a los mismos sospechosos.

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Esa opinión fue el respaldo que necesitaba Salas para avanzar con la investigación. Por esa razón, ayer le comunicó oficialmente a Iturbe que será acusado por el hecho. Paralelamente, solicitó una audiencia para formularle cargos por el delito de lesiones.

Cómo sigue el expediente

Ahora se debe resolver la situación de Carreras. Ángel Fara y Daniel Medina pedirán que sea sobreseído. En su caso entra en juego otra cuestión: para las defensas y la querella, el plazo de seis meses de la investigación ya se cumplió, por lo que debería ser desvinculado de la causa. Funcionarios del Ministerio Público desmienten esa versión al considerar que se trata de un error de cálculo de las otras partes.

EL INVESTIGADOR. El fiscal Gerardo Salas decidió acusar a uno de los cuatro mencionados en la causa.

Por el momento, según confiaron fuentes judiciales, Salas se abocará a formalizar la acusación contra Iturbe y después analizará la contradenuncia realizada por el sospechoso contra Ledezma. “Hemos presentado y ya se incorporó a la causa evidencia de que nuestro asistido fue agredido por el denunciante dentro del boliche. Esperamos que el Ministerio Público se maneje con la misma objetividad que tuvo con Bagne”, explicó Ascárate, defensor del nuevo investigado.

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Iturbe y los otros mencionados en la causa son hijos de reconocidos empresarios y productores del sur de la provincia. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que uno de ellos tendría vínculos directos con un funcionario judicial.

Molina, por su parte, anunció que pedirá que también sean acusados formalmente Costa Rojano, Juan Molina y Fernández porque, según sostiene, existen evidencias que acreditan su participación en el ataque.