Una persona vulnerable que puso en riesgo su vida por haber ingerido cápsulas con un kilo de cocaína. Una paga insignificante si se tiene en cuenta el valor de la droga que transportó. Una nueva ruta. Todos esos nuevos detalles salieron a la luz con la detención de una argentina en Japón por traficar estupefacientes de esta manera.

Esta “capsulera”, como se la llama en la jerga narco, tuvo un recorrido especial. Según las primeras averiguaciones, Rosa Micaela Quipildor residía junto a sus tres hijos en el asentamiento 1-11-14, en el barrio de Flores, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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En julio, una mujer la contactó para que transportara cocaína en sus entrañas a otro país. Se presume que, en los primeros días de este mes, fue llevada hasta Río de Janeiro, Brasil. En algún departamento de esa ciudad, ingirió 101 cápsulas con cocaína que estaban envueltas con distintos elementos de goma y de plástico.

En el vecino país tomó un vuelo que hizo escala en Londres, Inglaterra, y siguió viaje hacia Tokio, Japón. Los expertos estiman que, en total, viajó más de 24 horas con la droga en sus intestinos. Al llegar a territorio nipón, el 10 de agosto, las autoridades sospecharon de ella. En un centro asistencial le hicieron una radiografía y descubrieron lo que llevaba. Quedó detenida.

Enfrentaría una dura condena

Fue acusada de violar la Ley de Control de Drogas con fines comerciales y la Ley de Aduanas. El secuestro se registró en una situación particular. Las autoridades japonesas desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre un incremento en el consumo de cocaína. El valor del kilo de esa sustancia alcanza los U$S 150.000 en esas tierras.

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Ese número también sirve para entender el millonario negocio del tráfico de esta droga. En nuestro país, el valor del kilo de ese estupefaciente es de U$S 2.500. Es decir, que en tierras niponas es 60 veces más costosa. Según lo publicado por los medios de ese país, Quipildor habría pactado el pago de U$S 7.000.

Según los expertos, la cocaína llega a Japón a través de redes internacionales, con conexiones documentadas con Sudamérica, especialmente con Bolivia y Perú. La yakuza -como se conoce a la mafia de ese país- puede intervenir en determinadas etapas, pero no puede atribuirse el control total del mercado. Las leyes de ese país contemplan penas severas: hasta 10 años por importación, exportación o fabricación ilícita, con un mínimo de un año cuando existe finalidad de lucro, además de posibles multas.

Antecedentes y vulnerabilidad

No es la primera vez que Quipildor aparece involucrada en el tráfico de esta sustancia a países asiáticos. Según trascendió, hace cuatro años fue condenada por intentar exportar más de 1,3 kilos de cocaína a Malasia y Tailandia. El juez Diego García Berro la declaró autora del delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de una sustancia estupefaciente destinada a su comercialización, en grado de tentativa y reiterado en tres oportunidades.

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En el fallo, el magistrado tuvo presente el estado de vulnerabilidad de la mujer. Al analizar su situación procesal, se descubrieron las condiciones de abandono, pobreza y violencia de género en las que vivía. El informe socioambiental incorporado al expediente indicó que fue mamá por primera vez a los 15 años, abandonó la secundaria y comenzó a trabajar para contribuir al sustento familiar.

Justamente, esas son las condiciones que buscan los narcos para reclutar a las “capsuleras”. Pero también hay casos de personas que son contratadas para llevar mercadería y después descubren que tienen que trasladar drogas. Cuando intentan negarse a hacerlo, son amenazadas de muerte, ellas o sus familiares.

En lo que va del año, según las estadísticas, hubo un incremento de más del 20% en el secuestro de drogas transportadas con este sistema con respecto al año pasado.