No hay borradores ni plazos. De hecho, el debate formal ni siquiera ha comenzado. Pero la idea de implementar cambios en la Ley de Mediación, que data de 2006, está en la agenda de peronistas y de opositores.

En la semana que pasó, un grupo de legisladores del bloque Justicialista, con el monterizo Alberto Olea como primer firmante, formalizó un proyecto de ley que propone una serie de reformas en la Ley 7.844.

Con este texto, suman cuatro las iniciativas con distintas modificaciones sobre la norma que instituye el carácter obligatorio de la mediación previa a todo juicio (a excepción de las causas contempladas en el texto vigente).

Aquellos expedientes fueron girados a la comisión de Legislación General, que preside Gerónimo Vargas Aignasse.

Ante una consulta de LA GACETA, el dirigente peronista aclaró que “es fundamental escuchar a todos los operadores del sistema” antes de avanzar con eventuales cambios en la Ley de Mediación. Y si bien ponderó el impacto positivo de las salidas alternativas en el servicio de justicia, abrió la puerta a la discusión. “Toda política pública es perfectible”, apuntó.

El cambio "más sustancial" de los "compañeros"

La iniciativa rubricada por Olea, Patricia Lizárraga, Christian Rodríguez, Gabriel Yedlin y Hugo Ledesma sostiene en sus fundamentos que los ajustes incorporados no alternan “el espíritu” de la Ley de Mediación, sino que “modernizan sus herramientas procesales y reduce sus costos económicos para poner la justicia al alcance de todos los tucumanos”.

“El cambio más sustancial e importante radica en la readecuación y  reducción de la escala de honorarios de mediación. Se establece un sistema de  cálculo más previsible, transparente y accesible para el ciudadano común”, reza el proyecto.

A la vez, indica que “disminuir los costos económicos del proceso prejudicial remueve barreras financieras  históricas, garantizando de forma efectiva el principio constitucional de acceso a la  justicia y protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra  sociedad”.

Por otro lado, refiere a la posibilidad de “litigar/mediar sin gastos” o “beneficio de gratuidad por cuestiones de consumo”. “La nueva escala que proponemos reduce gastos significativos al Estado, en virtud de que se reducen los honorarios de los mediadores brindando un servicio de tucumanos para los tucumanos más vulnerables”, argumentaron los legisladores.

Otra de las novedades en la propuesta es que “se institucionaliza la mediación digital (remota o mixta) y se valida el uso de notificaciones electrónicas e idóneas (como casilleros digitales o aplicaciones de mensajería)”. “Esto reduce tos tiempos de tramitación de días a segundos y elimina  gastos de traslado, copias e impresión, impactando positivamente tanto en la  economía de los litigantes como en el presupuesto del Poder Judicial”, indicaron Olea y sus pares.

El texto fue remitido el miércoles desde mesa de entradas de la Legislatura a la comisión de Legislación General. “La mediación prejudicial ha contribuido de manera significativa a disminuir la litigiosidad en Tucumán. Es una herramienta que ha dado resultados y que merece ser fortalecida”, consideró Vargas Aignasse.

En ese marco, indicó que “después de varios años de aplicación, la experiencia permite identificar aspectos que pueden mejorarse para brindar un servicio más ágil, más accesible y más eficiente para los ciudadanos”.

Advirtió luego que el proyecto será analizado “con serenidad y sin apresuramientos”, y transmitió la intención de convocar los distintos actores involucrados en este servicio:mediadores, colegios profesionales, Poder Judicial, entre otros, y “construir los consensos necesarios”. “Nuestro objetivo es arribar a un dictamen equilibrado, que preserve lo que funciona bien, incorpore las mejoras que la práctica ha demostrado necesarias y permita que el recinto tenga un debate profundo sobre una reforma que impacta directamente en el acceso a la justicia de los tucumanos”, dijo.

Otras alternativas, con sello opositor

La oposición también elevó alternativas a la Ley de Mediación.

El 20 de mayo, José “Pepe” Seleme (Avanza Tucumán) planteó una revisión uno por uno de los artículos de la norma de 2006.

“En el esquema actual, la mediación prejudicial obligatoria funciona, en los hechos, como una instancia previa impuesta por el Estado cuyo costo es soportado inicialmente por los particulares. Esta situación obliga al ciudadano a afrontar gastos económicos relevantes antes de poder ejercer su derecho a accionar judicialmente, configurando una barrera de acceso incompatible con una tutela judicial efectiva”, indicó.

Seleme sostuvo que su iniciativa “corrige dicha distorsión mediante la implementación de un sistema de financiamiento inicial y recupero posterior, asegurando que la mediación no opere como un obstáculo económico de acceso a la jurisdicción”.

“En la práctica, esta situación se verifica con particular intensidad en reclamos de menor cuantía, donde el costo del proceso incluyendo mediación y etapa judicial- puede resultar equivalente o incluso superior al monto reclamado, desalentando el ejercicio de derechos y generando una restricción indirecta al acceso a la justicia”, enfatizó el dirigente opositor.

La legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) también confeccionó una alternativa que contempla las herramientas digitales, a la vez que revisa el régimen de honorarios.

“Se mantiene el esquema vigente basado en valores de referencia profesional, incorporando mecanismos de actualización vinculados a índices oficiales, lo que permite compatibilizar continuidad normativa con adecuación a la realidad económica”, sostuvo en los fundamentos del proyecto, que fue ingresado en abril pasado.

Walter Berarducci, en tanto, centró su propuesta en el sistema de notificaciones vigente. “A no contemplar expresamente el uso de tecnologías digitales, genera dilaciones anacrónicas que atentan contra la celeridad del sistema de mediación prejudicial obligatoria”, aseveró Berarducci en la iniciativa presentada el 5 de enero de este año.

Diálogo con colegios: reunión reciente y un proyecto de 2022

En abril pasado, el vicegobernador Miguel Acevedo recibió junto al legislador Gerónimo Vargas Aignasse a representantes del Colegio de Abogados del Sur, encabezados por Diego Vals, quienes transmitieron su interés en participar de los distintos debates con miras a las reformas a realizar sobre distintas leyes que regulan el servicio de justicia, entre ellas, la Ley de Mediación. El Colegio de Abogados de Tucumán, en tanto, había elevado un anteproyecto de ley en la anterior composición legislativa, a finales de 2022, que fue formalizado -con algunos cambios- al año siguiente por la entonces legisladora Nadima Pecci. La propuesta sin embargo pasó al archivo de la Legislatura por falta de tratamiento.