Con el objetivo de crear un régimen integral de trazabilidad y transparencia de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos provinciales, legisladores del radicalismo presentaron un proyecto de ley. La iniciativa que tiene a Manuel Courel como primera firma propone establecer un sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses para prevenir el enriquecimiento injustificado, detectar conflictos de intereses y fortalecer los mecanismos de control sobre quienes ejercen cargos públicos. La propuesta alcanza al gobernador y vicegobernador, legisladores, ministros, jueces, fiscales, autoridades de organismos de control, intendentes, concejales, delegados comunales y candidatos a cargos electivos, entre otros funcionarios. Las declaraciones deberán presentarse al asumir el cargo, actualizarse anualmente y continuar durante cinco años después del cese de funciones. El proyecto establece que las presentaciones serán digitales y prevé un sistema de actualización permanente mediante el intercambio de información con registros públicos, organismos estatales y otras entidades para verificar la evolución patrimonial de los funcionarios. También incorpora la obligación de declarar bienes, ingresos, deudas, inversiones, criptomonedas, fideicomisos y vínculos que puedan generar conflictos de intereses. La propuesta también fue respaldada por José Seleme, Agustín Romano Norri, José Cano, Silvia Elías de Pérez y de Raquel Nievas. Esta última parlamentaria, a su vez, presentó aparte una iniciativa con una tónica similar.
Piden informes sobre las políticas públicas para gestantes con consumos problemáticos
Los legisladores republicanos Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud Pública de Tucumán con el objetivo de conocer el alcance de las políticas implementadas para la atención integral de mujeres gestantes que atraviesan situaciones de consumo problemático de sustancias psicoactivas. La iniciativa busca acceder a información oficial sobre la existencia de estadísticas provinciales, registros epidemiológicos, protocolos de detección temprana, programas de prevención, dispositivos de tratamiento, equipos interdisciplinarios especializados y mecanismos de seguimiento tanto para las personas gestantes como para los recién nacidos expuestos prenatalmente al consumo de sustancias. Asimismo, el requerimiento solicita conocer si el Sistema Provincial de Salud cuenta con datos desagregados de los últimos cinco años. “Las políticas públicas deben construirse sobre información confiable. Sin estadísticas, sin evaluación y sin datos oficiales resulta imposible dimensionar el problema y diseñar respuestas eficaces para proteger la salud de las madres y de los niños”, señalaron los autores de la iniciativa.
Legisladores no peronistas avanzan con una ley de declaraciones juradas obligatorias para todos los funcionariosProponen que el carnet por discapacidad no tenga vencimiento en casos permanentes
El legislador oficialista Tomás Cobos presentó una propuesta de ley para establecer la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin fecha de vencimiento para las personas que tengan diagnósticos permanentes, irreversibles o crónicos. La iniciativa busca evitar las renovaciones periódicas cuando la condición de salud no sea susceptible de mejoría o modificación, de acuerdo con el criterio de la Junta Evaluadora Interdisciplinaria. La propuesta establece que podrán acceder al CUD sin vencimiento todos los residentes de la provincia que acrediten un diagnóstico permanente, sin distinción de edad, tipo de discapacidad o cobertura social. La Junta Evaluadora será la encargada de determinar el carácter permanente de la discapacidad, registrar esa condición y emitir el certificado con carácter indefinido. Además, deberá garantizar procedimientos administrativos accesibles y con enfoque de derechos. La iniciativa también prevé que quienes ya posean un CUD vigente con diagnóstico permanente puedan solicitar la actualización a la modalidad sin vencimiento sin necesidad de someterse a nuevas evaluaciones médicas, salvo que existan dudas razonables o que el propio interesado solicite una nueva valoración. En los fundamentos se indicó que la iniciativa apunta a eliminar barreras burocráticas para las personas con discapacidad y sus familias, reducir trámites y traslados innecesarios, entre otros motivos.
La "no politización" de Vipos, un presupuesto para Yerba Buena y cómo quedó la Casa de GobiernoPiden informes sobre el estado y financiamiento del Acueducto de Vipos
La Provincia anunció el jueves el inicio del proyecto de “Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos”, por $144.000 millones, y la oposición ya presentó pedidos por información sobre el tema. A través de un proyecto de resolución, el legislador Agustín Romano Norri pidió conocer su situación administrativa, financiera y el grado de avance de los trabajos. La iniciativa requiere que el informe sea elaborado por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, el Ministerio de Economía y Producción, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (Ersept) y otros organismos competentes. Además, solicita que, en caso de que parte de la documentación se encuentre en dependencias nacionales, el Ejecutivo provincial gestione formalmente su remisión a la Legislatura. El proyecto pide precisiones sobre la fuente de financiamiento de la obra, incluyendo si se ejecuta con recursos provinciales, nacionales, créditos internacionales o aportes mixtos. También requiere información sobre eventuales préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el monto total de la inversión, la empresa adjudicataria, el plazo de ejecución, el cronograma de trabajos y el estado actual de avance. Entre otros puntos, la iniciativa requiere conocer las gestiones realizadas por la Provincia ante organismos nacionales e internacionales para garantizar la continuidad del proyecto, la participación del Ersept en el control de la obra y el impacto previsto en la provisión de agua potable, incluyendo las localidades beneficiadas, la cantidad estimada de usuarios alcanzados, la capacidad de conducción y las mejoras esperadas en el sistema de distribución.