Legisladores no peronistas avanzan con una ley de declaraciones juradas obligatorias para todos los funcionarios
La iniciativa surge luego del escándalo de la intendenta Raquel Graneros, quien quedó recientemente bajo la lupa luego de que se presentara una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en su contra.
Resumen para apurados
- Legisladores no peronistas presentaron en Tucumán un proyecto de ley de declaraciones juradas obligatorias para funcionarios, tras denuncias de enriquecimiento ilícito.
- La iniciativa surge tras la denuncia penal contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por la presunta compra de una propiedad de un millón de dólares.
- El proyecto busca garantizar la transparencia y la trazabilidad patrimonial de los funcionarios de todos los poderes en Tucumán, previniendo el enriquecimiento ilícito.
"La presente ley establece un régimen integral de declaraciones juradas y patrimoniales aplicable a las personas que ejercen funciones públicas en la provincia de Tucumán, con los objetivos de garantizar la trazabilidad y transparencia de su evolución patrimonial y de prevenir y detectar situaciones de enriquecimiento ilícito". Ese es el artículo primero del proyecto presentado ayer por el legislador camperista Manuel Courel.
La iniciativa contó con el acompañamiento de los legisladores José Seleme, José Cano, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez y Raquel Nievas. "Todos los funcionarios deberían estar obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas. Y éstas tienen que ser públicas", fundamenta Courel.
En los artículos siguientes, se especifica que deberán presentar declaración jurada patrimonial integral y de intereses quiénes ejerzan la gobernación y vice gobernación; los legisladores, incluyendo las autoridades superiores de la Legislatura; quiénes integren el Poder Ejecutivo provincial con rango de ministros, fiscal de Estado y demás cargos de jerarquía; quiénes ejerzan la titularidad de organismos, entes, institutos, empresas del Estado, etcétera; los jueces y funcionarios con jerarquía de la Corte Suprema de Justicia y demás órganos del Poder Judicial; funcionarios jerárquicos del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Pupilar y de Defensa, del Consejo Asesor de la Magistratura, del Tribunal de Cuentas, de la Junta Electoral Provincial, del Jurado de Enjuiciamiento, del Consejo Asesor de la Magistratura, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía de Estado, etcétera.
El proyecto de ley también incluye en la obligatoriedad de presentar sus declaraciones para intendentes, concejales, delegados comunales; para el jefe y subjefe de Policía y para quiénes se postulen como candidatos, entre otros numerosos cargos descriptos.
El proyecto que aúna a los no peronistas de la Legislatura surge luego del escándalo de la intendenta Raquel Graneros, quien quedó recientemente bajo la lupa luego de que se presentara una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en su contra. La acusación surgió tras un informe periodístico que reveló que habría adquirido una vivienda valuada en 1 millón de dólares en un exclusivo country de Yerba Buena.
En este caso, la presentación judicial fue realizada por Courel, por el concejal de Simoca Luis Escobar y por el dirigente alberdiano Luis Augier, todos referentes políticos del diputado Mariano Campero. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Concepción, a cargo de Diego Hevia.
El caso genera repercusiones porque se produce en uno de los departamentos más postergados de Tucumán. En Graneros, las estadísticas muestran hogares con dificultades para acceder al agua segura y con servicios sanitarios insuficientes, empleo precario y problemas de acceso a la educación. Se trata de indicadores que describen una pobreza multidimensional persistente.
