La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó un criterio jurídico clave: la transmisión gratuita de bienes -ya sea por herencia o cesión- no los inmuniza frente al decomiso si estos se consideran producto de un ilícito. Aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron acusados ni juzgados en la causa Vialidad, el tribunal sostuvo que la ejecución patrimonial puede alcanzar sus activos sin necesidad de que exista un reproche penal directo contra ellos.
La Corte ratificó que Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán devolver $685.000 millonesLa herencia no borra el origen ilícito de los activos
El eje central del fallo dictado por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña radica en la distinción entre la responsabilidad penal personal y la "persecución" de los bienes derivados de un delito. Según el tribunal, el decomiso previsto en el artículo 23 del Código Penal tiene como objetivo evitar que el provecho de una maniobra fraudulenta permanezca en el circuito económico, independientemente de quién sea su titular actual.
La Procuración le pidió a la Corte Suprema que Cristina Kirchner no recupere la pensión por viudezBajo esta premisa, el voto mayoritario aplicó un principio jurídico fundamental: nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que gozaba. Dado que Máximo y Florencia Kirchner recibieron las propiedades mediante la sucesión de Néstor Kirchner o cesiones gratuitas de su madre, su situación no es equiparable a la de un "tercero de buena fe" que paga un precio de mercado por un bien.
Nuevo revés para Cristina Kirchner: deberá continuar con tobillera electrónica y visitas restringidasEn estos casos, la gratuidad de la transferencia permite que el Estado recupere el activo, ya que este ingresó al patrimonio de los hijos con la "mancha" de la maniobra investigada.
Cifras millonarias y la ejecución de 111 propiedades
La controversia recobró vigor tras la reciente decisión de la Corte Suprema de dejar firme la actualización del monto a decomisar. La cifra que deben afrontar de forma solidaria Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados escaló de los $85.000 millones originales a un total de $684.990 millones. Para cubrir este monto, el Tribunal Oral Federal N° 2 ya inició las tasaciones de una lista de 111 bienes.
Dentro de este inventario, la familia Kirchner tiene afectados 20 inmuebles: 19 registrados a nombre de Máximo y Florencia, y un terreno de 6.000 metros cuadrados en El Calafate que aún pertenece a la exmandataria.
El departamento de la calle San José, donde Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario, quedó fuera de este listado. La ejecución se completa mayoritariamente con 84 activos vinculados a las empresas de Lázaro Báez y bienes de otros exfuncionarios condenados.
El debate sobre la trazabilidad y la postura de las defensas
La defensa de la ex presidenta, liderada por Carlos Beraldi, argumentó que muchos de los bienes afectados fueron adquiridos antes del período investigado (2003-2015) y que no existe una "trazabilidad directa" entre el delito de administración fraudulenta y cada propiedad en particular.
No obstante, la mayoría de la Casación rechazó este planteo, al considerar que los activos fueron integrados funcionalmente a la estructura económica beneficiada por el esquema de corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky manifestó una disidencia parcial. Si bien coincidió en que el decomiso puede alcanzar a terceros, exigió un análisis más exhaustivo sobre la fecha de adquisición y la evolución patrimonial de cada inmueble antes de proceder a su remate.
Pese a este matiz, el criterio dominante remarcó que el decomiso no representa una "pena" para los hijos de la ex Vicepresidenta, sino una restitución patrimonial necesaria ante un daño acreditado contra el Estado Nacional.