“¡Yo tengo 10 mansiones, no una, y estoy acá. Puedo estar en mi mansión ahora, pedazo de animal, vago de miércoles!”, le espetó Beatriz Rojkés de Alperovich, dominada por la tensión, a un hombre que acababa de increparla. Corría 2015 y el escenario era el habitual en Tucumán: una inundación. Rojkés fue mucho más que la ex esposa del gobernador José Alperovich; nada menos que Presidenta Provisional del Senado, en la potencial línea de sucesión de CFK. “Hay delegados comunales que viven en mansiones”, apuntó hace unos días el diputado nacional Mariano Campero. Y hablando de mansiones, de haber pagado un millón de dólares cash por una de ellas acusan a la intendenta de Graneros, que en un rasgo propio del realismo mágico que nos persigue se llama Raquel Graneros.

Hay una fascinación particularmente tucumana por la mansiones y lo que representan, es innegable. No toda casa grande o confortable es una mansión; tampoco lo es cualquier vivienda erigida en un country; pero si de políticos se trata, asociarlos con el derroche y con el lujo se convierte en una tentación casi irresistible. Vidas suntuosas, patrimonios dudosos, ingresos justificados que de todos modos quedan crucificados por la duda. Pero hay mucho más detrás.

El contraste trasciende lo económico para convertirse en una escena moral. De un lado, las residencias opulentas adjudicadas a buena parte de la clase política; del otro, ciudadanos que encadenan alquileres altísimos, créditos imposibles, terrenos inaccesibles y años de espera para acceder a una vivienda propia. La distancia entre ambas realidades desarma cualquier idea de vida armoniosa en comunidad. Inflación y deterioro salarial para muchos; ostentación pura y dura, interpretada como una señal de desconexión con quienes afirman representar, para unos pocos.

La vivienda ocupa un lugar especialmente sensible, teniendo en cuenta que el déficit habitacional en Argentina afecta a cerca del 48% de los hogares; son más de 10 millones de familias que padecen todo tipo de carencias vinculadas a la calidad de la vivienda. El acceso al crédito hipotecario es limitado, los precios de las propiedades resultan imposibles para amplios sectores medios y populares, y el alquiler consume una porción creciente de los ingresos familiares. Porque pasa el tiempo, pero tener una casa propia sigue siendo el principal proyecto de vida. Y cuando ese objetivo se vuelve cada vez más lejano, la imagen de dirigentes asociados con mansiones adquiere una carga simbólica explosiva.

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

La palabra “mansión” no es neutra. Va más allá de describir una vivienda grande, vistosa o confortable. En el imaginario colectivo evoca poder, abundancia, exclusividad y distancia social. Una mansión tiene algo de castillo moderno por el espacio sobrante y por la privacidad extrema que aísla a sus habitantes del entorno. Es un emblema del éxito revestido por escalinatas monumentales, ventanales enormes, piscinas, jardines perfectos y salas de entretenimiento. La mansión aparece como la versión extrema de ese anhelo doméstico que es el hogar sin restricciones. Para muchos representa la culminación del sueño de prosperidad. Pero hay también una ambivalencia profunda, ya que así como la mansión seduce al prometer libertad, confort y prestigio social, también recuerda que el acceso a esos bienes está restringido a una minoría. Es un objeto aspiracional y, al mismo tiempo, una frontera visible entre quienes “llegaron” y quienes permanecen afuera. La cuestión, en estos casos, es el “cómo llegaron”.

La arquitectura es una forma de relato social. Las mansiones hablan de acumulación de capital, y a la vez de acceso diferencial a seguridad, servicios, educación y oportunidades. En ese sentido, la vivienda de lujo trasciende su condición de bien inmobiliario. Cuando quienes ocupan esos espacios son figuras de la política la lectura pública cambia. El ciudadano deja de ver una propiedad privada más; lo que se le plantea es la relación entre poder y privilegio. Si además existen sospechas de corrupción la mansión es un pecado capital.

Guillermo O’Donnell sostenía que muchos países de la región padecen una “ciudadanía de baja intensidad”. Aplicada al debate sobre las mansiones del poder, la mirada del politólogo -fallecido en 2011- sugiere que la indignación social parte de la existencia de ricos y pobres, pero se profundiza desde la sensación de que algunos actores acceden a privilegios que el resto nunca podrá alcanzar. La desigualdad económica se vuelve desigualdad cívica cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican del mismo modo para todos.

Por su parte, Natalio Botana insiste en la importancia de la ejemplaridad pública. En una república los gobernantes no son sólo administradores, porque encarnan valores y comportamientos que afectan la confianza social. Desde esa perspectiva, el problema no radica en que un político tenga patrimonio legítimamente adquirido, sino en que el estilo de vida exhibido resulte incompatible con la situación de la mayoría o con los estándares éticos esperados de un servidor público. La ostentación puede erosionar la credibilidad institucional porque transmite la idea de que la política es un camino hacia el privilegio personal.

En esta línea de pensamiento, José Nun advirtió sobre los riesgos de una democracia que convive con altos niveles de exclusión. Cuando grandes sectores sienten que el progreso les está vedado crece la desafección política y se debilita el sentido de pertenencia colectiva. En el caso de las mansiones asociadas al poder, su análisis permite entender por qué estas imágenes generan algo más profundo que envidia. Funcionan como recordatorio de una brecha social que parece consolidarse. La distancia entre dirigentes y ciudadanos deja de ser simbólica y se vuelve material, visible y cotidiana.

La fascinación por las mansiones no desaparece aunque generen crítica. Programas de TV, redes sociales y portales inmobiliarios muestran residencias espectaculares con millones de visitas. El público observa esos espacios con curiosidad, admiración y, a veces, fantasía. Muchos critican la ostentación y al mismo tiempo consumen contenidos que celebran el lujo: programas sobre casas de famosos, revistas de decoración exclusiva, recorridos por propiedades millonarias y publicaciones en redes sociales que muestran estilos de vida aspiracionales. Ese interés revela una tensión permanente. La cultura contemporánea premia el éxito visible. Las casas lujosas funcionan como prueba material de haber triunfado. Quien posee una mansión parece haber ganado una competencia social.

La cuestión entonces no es demonizar el éxito económico ni idealizar la pobreza. El debate central es otro: qué tipo de vínculo debe existir entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Una democracia necesita dirigentes capaces de comprender las condiciones reales de la población y de rendir cuentas de manera transparente sobre su patrimonio y sus decisiones. Y eso que la historia política argentina muestra que la desconexión entre élites y ciudadanía suele tener costos elevados. Cuando la sociedad percibe que sus representantes viven en un universo ajeno crecen el desencanto, la apatía y la tentación de buscar soluciones extremas.

Las mansiones del poder son, en última instancia, un espejo incómodo. Reflejan la riqueza de algunos dirigentes y al mismo tiempo las dificultades de millones para alcanzar una vivienda digna. Por eso generan una mezcla de fascinación, resentimiento, aspiración y rechazo. El debate público sobre las mansiones de dirigentes políticos termina siendo una conversación sobre legitimidad, igualdad y representación.  Y lo que queda son preguntas: ¿hasta qué punto la riqueza acumulada por quienes ejercen el poder es compatible con la confianza pública? ¿Cómo afecta la desigualdad visible a la calidad de la democracia? ¿Puede la dirigencia comprender plenamente las necesidades de una sociedad cuyas condiciones materiales son radicalmente distintas de las propias?