Hace 11 años, la Argentina se despertó con una noticia que conmocionó al país. Una adolescente de 14 años, embarazada, había sido asesinada por su novio. El nombre de Chiara Páez se convirtió en el símbolo de una indignación que venía acumulándose desde hacía tiempo y que, pocos días después, desbordó las calles bajo una consigna que marcaría una época: Ni Una Menos.

Hoy, una década después de aquella primera movilización, el espacio Ni Una Menos Tucumán -integrado por más de 40 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y feministas- vuelve a convocar a una marcha desde las 16 en la plaza Independencia. En distintas ciudades del país también habrá actividades y movilizaciones, y se espera una convocatoria masiva en una fecha que se convirtió en un punto de referencia para el reclamo contra la violencia de género.

Cuando aquella primera manifestación tomó las calles en 2015, el país todavía carecía de herramientas estadísticas capaces de dimensionar el fenómeno. Un año antes, la Corte Suprema de Justicia había encomendado a la Oficina de la Mujer la elaboración del Primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. El objetivo era visibilizar una problemática que muchas veces quedaba diluida entre expedientes judiciales y páginas policiales.

La incorporación del concepto de femicidio permitió identificar un patrón que durante años permaneció invisibilizado: mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas o personas de su entorno en contextos atravesados por violencia. Según explicó la propia Oficina de la Mujer, se trataba de nombrar la forma más extrema de violencia contra las mujeres para comprender mejor sus causas y diseñar políticas de prevención.

Desde entonces, términos como violencia económica, psicológica, simbólica o digital comenzaron a formar parte de conversaciones que antes estaban limitadas a ámbitos especializados. También crecieron las campañas de prevención y muchas mujeres incorporaron herramientas para reconocer situaciones de riesgo y buscar ayuda.

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Los datos muestran algunos cambios, aunque también revelan continuidades. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, durante 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio, una cifra menor a la de años anteriores. Sin embargo, detrás de esa reducción persisten características que se repiten desde hace más de una década: en el 83% de los casos la víctima conocía a su agresor, en el 59% existía una relación de pareja o ex pareja y el 78% de los hechos ocurrió dentro de viviendas.

Casos recientes

Los recientes femicidios de Dulce Candia, una adolescente de 17 años asesinada en Eldorado (Misiones); Agostina Vega, de 14 años, asesinada en Córdoba; y Noelia Romero, de 30 años, asesinada en Temperley (Buenos Aires), volvieron a instalar el tema en la agenda pública. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor, pedidos de justicia y cuestionamientos sobre las responsabilidades colectivas frente a la violencia de género. También reapareció un debate que atraviesa los últimos años: cuál es el papel de los hombres en una discusión que ya no se limita únicamente a las mujeres.

Especialistas coinciden en que la prevención sigue siendo uno de los principales desafíos. Durante años las campañas estuvieron orientadas a que las mujeres pudieran identificar relaciones violentas y acceder a redes de asistencia. Sin embargo, la discusión también se trasladó hacia la educación de niños y adolescentes, la construcción de vínculos saludables y la forma en que se abordan la frustración, los límites y las emociones. En ese marco, también surgió un debate sobre el rol de los hombres en la prevención de la violencia de género. Mientras distintos sectores reclaman una participación más activa y un mayor involucramiento en estas discusiones, durante años muchos de los hombres que se pronunciaban públicamente sobre el tema fueron cuestionados o señalados como “falsos aliados”, lo que generó tensiones sobre cuál debía ser su lugar dentro del movimiento y de qué manera podían contribuir al cambio cultural.

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Al mismo tiempo, organizaciones sociales y referentes del movimiento expresan preocupación por el debilitamiento de programas estatales vinculados a la prevención, la capacitación y la asistencia en situaciones de violencia. El debate sobre la eficacia de esas políticas continúa abierto, pero la discusión vuelve a poner el foco en qué herramientas existen para intervenir antes de que la violencia escale.

11 años después de aquella primera movilización, Ni Una Menos volverá a marchar por el mismo reclamo que impulsó la convocatoria original. Cambiaron los gobiernos, las redes sociales y las formas de discutir el problema. Lo que sigue cambiando son los nombres de las víctimas.