La directora ejecutiva de Andhes, la abogada Florencia Vallino, expresó este viernes su preocupación por el reciente motín ocurrido en el Instituto Cura Brochero y lo vinculó con el avance de políticas de seguridad que, según sostuvo, priorizan una lógica punitiva por sobre el enfoque de derechos.
“El episodio es consecuencia del recrudecimiento de lógicas penitenciarias”, afirmó en LA GACETA Vallino, al analizar lo sucedido en el establecimiento donde se encuentran alojados adolescentes en conflicto con la ley penal. La letrada señaló que la decisión de ubicar a jóvenes dentro de un complejo de máxima seguridad para adultos “pone en riesgo el abordaje socioeducativo que exige la normativa vigente”.
Desde la organización, que cuenta con 25 años de trayectoria en la provincia y forma parte del sistema nacional de prevención de la tortura, vienen siguiendo de cerca la política pública en materia de niñez y seguridad. En ese marco, Vallino remarcó que el traslado de los adolescentes al predio de Benjamín Paz implica una “regresión” en términos de derechos humanos.
“El dispositivo está inserto en un sistema penitenciario, con infraestructura y lógicas diseñadas para adultos. Eso no se ajusta a los estándares que deben regir para adolescentes, quienes, aun en conflicto con la ley penal, siguen siendo sujetos de derechos”, explicó.
Tras el motín, Federico Masso denunció intentos de ingresar droga en el Instituto Cura BrocheroLa abogada dijo que la legislación nacional e internacional establece que las intervenciones con jóvenes deben tener un enfoque socioeducativo, orientado no solo a la responsabilidad por los hechos, sino también a la restitución de derechos vulnerados. “Las trayectorias de estos adolescentes suelen estar marcadas por carencias en educación, salud y condiciones de vida. El encierro no puede ser la primera respuesta del Estado”, indicó.
En relación al motín, Vallino consideró que las condiciones de alojamiento y la falta de dispositivos adecuados para atender problemáticas como consumos problemáticos o salud mental pueden haber influido en el conflicto. “Los adolescentes están privados de su libertad ambulatoria, pero no de otros derechos como el acceso a la salud, la educación o la contención psicológica”.
Asimismo, cuestionó la participación de fuerzas de seguridad no especializadas en el trato con jóvenes. “Se observa la presencia de infantería y una lógica carcelaria que no está preparada para trabajar con adolescentes. Eso impacta directamente en su integridad y en su vida cotidiana”, advirtió.
Desde Andhes también recordaron que en febrero presentaron un hábeas corpus colectivo preventivo ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para frenar los traslados, aunque la acción fue declarada inadmisible. “Advertimos que se trataba de un agravamiento en las condiciones de alojamiento y que no se cumplía con el principio de especialidad. Lamentablemente, la medida avanzó”, señaló Vallino.
Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura BrocheroEn cuanto a los monitoreos realizados, la directora explicó que el equipo de la organización recorrió el pabellón donde se encuentran los adolescentes y recabó información que ya fue presentada de manera preliminar a las autoridades provinciales. El informe completo, que actualmente se encuentra en proceso de sistematización, será difundido públicamente en las próximas semanas.
“La conclusión es clara: estamos frente a un dispositivo penitenciario que no cumple con los requisitos necesarios para el abordaje de adolescentes. Este modelo no solo es inadecuado, sino que puede profundizar situaciones de violencia y exclusión”, concluyó.
Finalmente, Vallino advirtió que lo ocurrido en Tucumán podría convertirse en un antecedente a nivel nacional. “Vemos con preocupación que esta experiencia se proyecte como un modelo. No es el camino. Alojar adolescentes en cárceles de adultos es contrario a los compromisos en materia de derechos humanos”, sentenció.