Las causas por estafas y suplantación de identidad continúan sumando episodios en Tucumán. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal avanzó en dos investigaciones vinculadas al uso fraudulento de tarjetas de crédito y documentación ajena para concretar compras, obtener préstamos y realizar extracciones bancarias por cifras millonarias.

Uno de los casos involucra a un empleado de Tarjeta Naranja, acusado de utilizar tarjetas olvidadas por clientas para efectuar compras personales y simular operaciones en su propio comercio. El otro expediente investiga a una mujer imputada por haber realizado operaciones fraudulentas por más de $15 millones, tras encontrar documentación extraviada de la víctima.

La primera causa es investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por el fiscal Fernando Blanno. Según la acusación, el 12 de febrero de 2025 una clienta olvidó su tarjeta de crédito luego de ser asistida por el imputado en una terminal de autoconsulta de la sucursal de Tarjeta Naranja, ubicada en la calle Congreso 32.

De acuerdo a la investigación, el acusado se apoderó del plástico y durante 10 días realizó 24 compras en distintos comercios. Entre las operaciones detectadas figuraban dos consumos simulados en su propio negocio, identificado como “NARANJX DRINK MASTER”, mediante el sistema de cobro “toque”. El perjuicio económico causado fue estimado en $2.153.104. La Fiscalía sostuvo además que el hombre repitió la misma maniobra apenas un día después. El 13 de febrero de 2025, otra clienta olvidó su tarjeta tras recibir asistencia del empleado en la misma sucursal. Según la acusación, el imputado utilizó el plástico para realizar una compra en un bar y dos operaciones falsas en su terminal de cobro, generando un perjuicio de $465.700. En ambos hechos, las pérdidas económicas fueron absorbidas finalmente por Tarjeta Naranja S.A.U.

Un empleado de una tarjeta de crédito usaba los plásticos olvidados por clientes para simular ventas en su propio negocio

El MPF imputó al hombre por los delitos de defraudación por el uso de tarjeta de crédito hurtada en concurso real. Durante una audiencia realizada el 20 de mayo, la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal expuso un acuerdo de suspensión de juicio a prueba. El imputado deberá cumplir durante un año reglas de conducta, realizar tareas comunitarias en la Fundación Mate Cocido y pagar $1.300.000 como reparación económica.

Robo de identidad

La segunda investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila. La causa tiene como imputada a una mujer acusada de apropiarse de documentación extraviada y utilizarla para concretar una serie de operaciones fraudulentas en entidades bancarias y comercios.

Según la acusación, todo comenzó el 26 de enero de 2026, cuando la víctima perdió un portadocumentos con su DNI y una tarjeta mientras realizaba compras en la zona de El Bajo.

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Para la Fiscalía, la acusada encontró los elementos y, en lugar de devolverlos a la dueña, inició una extensa secuencia de maniobras fraudulentas, generando un daño superior a $15.000.000. Entre el 27 de enero y el 8 de mayo, simulando ser la titular del documento, realizó compras presenciales y virtuales, obtuvo préstamos personales, tarjetas de crédito y créditos para la compra de bienes electrónicos. También habría concretado extracciones bancarias haciéndose pasar por la víctima ante empleados de entidades financieras.

Hace unos días, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto la imputó por los delitos de apropiación de cosa perdida, defraudación mediante uso de tarjeta de compra, estafa mediante suplantación de identidad, falsificación de instrumento privado y uso de documento de identidad ajeno, entre otros hechos.

Precauciones

En paralelo a estas investigaciones judiciales, especialistas advirtieron que en el último tiempo crecieron de manera sostenida las estafas vinculadas al robo y suplantación de identidad, impulsadas por la digitalización de operaciones bancarias y financieras.

La comisario Yolanda Álvarez, jefa de la División de Delitos Telemáticos de la Policía, explicó que los delincuentes utilizan datos personales obtenidos previamente, como el DNI, fotografías, fechas de nacimiento o credenciales bancarias, para hacerse pasar por otra persona y concretar distintas maniobras fraudulentas. “Pueden solicitar préstamos, abrir cuentas, realizar compras o acceder a billeteras virtuales en nombre de la víctima”, señaló.

En la misma línea, la abogada Gabriela Catalán sostuvo que actualmente “gran parte de nuestros datos básicos están al alcance de una búsqueda en internet”, lo que facilita la apertura de billeteras virtuales falsas, líneas telefónicas o cuentas bancarias utilizadas para triangular dinero ilícito.

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Para el abogado Sebastián Bauque, la expansión de este tipo de delitos está directamente relacionada con la digitalización de servicios financieros. “Hoy podés pedir un préstamo o abrir una cuenta desde un celular. Ya no es necesario ir a un banco para obtener dinero”, afirmó. Según indicó, los delincuentes también se ven favorecidos por la dificultad para rastrearlos y porque “muchas víctimas deciden no denunciar cuando las sumas robadas son bajas”.

Los especialistas coincidieron en que una de las principales vulnerabilidades está en la falta de educación digital de muchos usuarios. “Hay una preocupante asimetría que permite esto. Este tipo de delitos proliferaron debido al acelerado avance tecnológico en contraste con el evidente retraso de las herramientas con las que cuenta la justicia para investigar el rastro digital. Los delincuentes operan en el anonimato, mutan sus estrategias en días, mientras que los procesos judiciales y los pedidos de informes a plataformas suelen demorar meses. Además, la digitalización del dinero dejó a muchos usuarios en “off side”, es decir, sin educación digital básica, quedando a merced de estas estafas, generalmente apuntan a personas mayores o a gente que no sabe utilizar un homebanking o las billeteras virtuales”, señaló Catalán.

Por su parte, Álvarez subrayó que las entidades bancarias y plataformas digitales tienen “un rol fundamental” en la prevención y detección de estas maniobras, mediante mecanismos de control y seguridad para proteger a los usuarios. Catalán agregó que los bancos deberían contar con sistemas capaces de detectar operaciones inusuales, como préstamos elevados o movimientos incompatibles con el perfil habitual del cliente.

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Respecto a cómo actuar ante una posible estafa, los especialistas coincidieron en que es clave intervenir rápidamente. Recomendaron bloquear cuentas y tarjetas apenas detecten el extravío o un movimiento inusual. “Lo importante es actuar rápidamente”, explicó el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat. “Lo ideal es guardar todas las conversaciones y llamadas y hacer una denuncia en la comisaría o en el Ministerio Público Fiscal. También se puede hacer una presentación en el banco poninedo en conocimiento la situación. En el caso de que haya alguna cuestión vinculada a la entidad financiera, se puede acudir a la oficina de Defensa al Consumidor de la Provincia, ya sea porque no se activó algún mecanismo o no se haya querido recibir la denuncia”, informó.