Tras una semana con gestos de satisfacción en el “Celestino Gelsi”, la postura del Gobierno provincial vira hacia la expectativa. Sucede que el 31 de julio opera el vencimiento de la concesión del dique de El Cadillal -junto a los de Escaba y de Pueblo Viejo-, y el Poder Ejecutivo (PE) todavía aguarda por las definiciones del gobierno de Javier Milei respecto al futuro del complejo hidroeléctrico, luego de tres décadas en manos de Hidroeléctrica Tucumán SA.

Al margen de la falta de anuncios desde la Nación, en la Casa de Gobierno prevén que posiblemente se opte por la prórroga del vínculo con esta empresa, una estrategia que la Rosada implementó en circunstancias similares en otros distritos.

De todos modos, desde áreas técnicas de la Provincia elevaron alternativas para buscar un modelo con algún tipo de participación local que permita la adquisición de energía “un poco más barata” que los costos del mercado actual, generando un remanente que permita amortizar inversiones y hacer obras para la mejora del complejo.

Tres áreas

En la actualidad, tres carteras del gabinete del gobernador Osvaldo Jaldo ocupan sus esfuerzos en el dique de El Cadillal.

El Ministerio de Obras Públicas, que conduce Marcelo Nazur, atendió a través de la Dirección Provincial del Agua (DPA) la reparación de la presa lateral N° 3, una intervención que se extendió durante más de dos años con la participación de la UTE Sabavisa SA - Conorvial SA. El martes pasado, Jaldo encabezó un acto oficial a propósito de la autorización del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) para elevar al máximo la cota (607,50 msnm). En 2023, el tranqueño había dispuesto vía DNU la contratación directa de esta obra, atento a los riesgos que representaban las grietas detectadas sobre ese sector. Tras una inversión superior a los $15.300 millones, se considera que el problema ha quedado resuelto, aunque el Orsep recomendó que se siga con atención la evolución de las tareas.

Con fondos propios, la Provincia completó la reparación de una represa clave de El Cadillal

A la vez, la Fiscalía de Estado, bajo las órdenes de Gilda Pedicone, tramita una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, con sede en los tribunales porteños y a cargo del juez Enrique Alonso Reguera, para recuperar los fondos desembolsados por el erario provincial. Según la Provincia, el contrato rubricado en los 90 entre la concesionaria y el Estado nacional establecía la responsabilidad de estos trabajos en Hidroeléctrica Tucumán SA. La empresa, en tanto, no sólo niega los argumentos del PE, sino que alega una imposibilidad de solventar tal gasto bajo la ecuación económica financiera de su esquema de ingresos.

En tercer lugar, el Ministerio de Economía, bajo las riendas de Daniel Abad, es quien lleva adelante las charlas con la Nación por el futuro del dique El Cadillal. Si bien no hay resoluciones oficiales, los antecedentes recientes con otras concesiones de hidroeléctricas indican que, tras una prórroga en le contrato, se inicia el proceso para el llamado a licitación. “Estamos esperando que se nos comunique qué se va a hacer”, indicó una fuente oficial a LA GACETA.

Tras las obras en El Cadillal, autorizan a elevar la cota del dique a su máximo nivel

Aunque la decisión es de la Nación, en la Provincia barajan algunas ideas. Y no solo en bosquejos, sino que ya hubo presentaciones oficiales por el futuro de esta infraestructura energética.

En 2024, el interventor del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, participó de una audiencia con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, para plantear la posibilidad de que las centrales hidroeléctricas de El Cadillal (Tafí Viejo), Escaba (Alberdi) y Pueblo Viejo (Monteros) “vuelvan” a la Provincia.

En principio, no se trata de un plan cerrado a cambios y recomendaciones de la Nación, sino que se pretende aprovechar esta ventana como una oportunidad para que Tucumán pueda jerarquizar esas estructuras.

Las previsiones para cuidar el dique El Cadillal

Así, un esquema posible sería una nueva concesión en la cual el Gobierno provincial también cuente con margen para fijar condiciones. Otra opción sería que se avance con un contrato de abastecimiento entre la generación de energía y la empresa distribuidora, algo que se hizo en otros distritos del país. Existen otras alternativas en estudio, pero en definitiva todas tiene en común la intención de aprovechar la liberación del mercado energético, teniendo en cuenta que desde 2025 las distribuidoras pueden comprar hasta el 25% del total de la energía requerida fuera de Cammesa. Todo esto, en definitiva, depende de lo que resuelva la Nación.