El escenario político del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se tornó complejo en las últimas horas, combinando una fuerte oposición ofensiva en el Congreso con avances significativos en investigaciones judiciales que salpican a su círculo íntimo. Mientras el oficialismo confía en una victoria táctica en la Cámara de Diputados para evitar su presencia en el recinto, los tribunales de Comodoro Py aceleran la recolección de pruebas sobre el patrimonio familiar del funcionario, poniendo a prueba el blindaje que hasta ahora le ha otorgado el presidente Javier Milei.

En el plano legislativo, los bloques de la oposición convocaron para hoy a una sesión especial con un objetivo unificado: la interpelación de Adorni. A través de cuatro proyectos que presentan diferencias mínimas, sectores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas buscan obligar al jefe de ministros a responder un cuestionario exhaustivo. La meta inmediata no es la aprobación directa de la medida, sino el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, hoy controladas por el oficialismo, para que dictaminen y permitan el tratamiento de los proyectos con mayoría simple.

Sin embargo, la Casa Rosada parece haber articulado una defensa eficaz basada en la negociación con las provincias. Los acuerdos alcanzados con gobernadores del NOA Y NEA sugieren que el quórum necesario de 129 diputados podría naufragar. Además, importantes sectores del PRO y la UCR no estarían dispuestos a jugar abiertamente en contra del Gobierno nacional.

La Justicia avanza sobre Francisco, hermano de Manuel Adorni: ordenan levantar el secreto fiscal y bancario

El temor del oficialismo no es menor: la interpelación es un paso previo a un mecanismo constitucional jamás utilizado en la historia argentina, que es la remoción del funcionario por la vía parlamentaria. La diputada Marcela Pagano, ex integrante de la bancada oficialista y hoy denunciante penal de Adorni, lidera junto a Germán Martínez esta embestida. No obstante, el malestar creció en las filas kirchneristas cuando se advirtió que la sesión podría caer, lo que los llevó a intentar ampliar el temario a proyectos de protección pyme y endeudamiento familiar para atraer a los indecisos.

Avanza la Justicia

Mientras el Congreso debate su futuro político, la Justicia Federal avanza en una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Guillermo Marijuan ordenó ayer el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y funcionario del Ministerio de Defensa. La investigación se centra en una diferencia patrimonial sospechosa entre 2023 y 2024, destacándose un crédito de $60 millones cancelado en apenas doce meses y un salto patrimonial que pasó de $40 millones a $80 millones en un período breve.

Esta pesquisa judicial no se limita al hermano, sino que amenaza con cruzar datos de bienes heredados compartidos con el propio Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La Justicia busca determinar si existe una inconsistencia sistémica en las declaraciones juradas del núcleo familiar. Para el fiscal Marijuan, los viajes realizados y la adquisición de bienes durante el último año son puntos clave que requieren una justificación documental que aún no ha sido aportada.

Cómo es la casa que Manuel Adorni alquiló en un country y por la que pagó U$S21.000

En simultáneo, el fiscal federal Gerardo Pollicita sumó testimonios relevantes en la causa que afecta directamente al ministro coordinador. José Luis Rodríguez, propietario de una finca en el country Indio Cuá, declaró ante la justicia que Adorni pagó U$S15.600 en efectivo por un alquiler temporario de 13 meses. Según el testigo, esta estadía se prolongó debido a las demoras en las reformas de otra propiedad que el funcionario adquirió en Exaltación de la Cruz por un valor de U$S120.000, un movimiento de fondos que está bajo la lupa judicial. El testimonio de Rodríguez coincide con lo declarado previamente por el contratista Matías Tabar, encargado de las obras en la nueva casa de Adorni. Tabar aseguró bajo juramento que las reformas demandaron una inversión cercana a los U$S245.000, los cuales habrían sido abonados íntegramente en efectivo y sin la emisión de facturas legales.