En la víspera de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su postura y calificó la convocatoria como una maniobra "claramente política" impulsada por la oposición. En una conferencia de prensa desde el Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron que el Ejecutivo no cederá en su intención de auditar los gastos de las casas de estudio.
"Aunque entendemos el reclamo salarial genuino, esta marcha está fuertemente influenciada por intereses partidarios", afirmó Álvarez, al señalar la presencia de figuras como el gobernador Axel Kicillof y el respaldo de la CGT como pruebas de la "politización" de la convocatoria.
Por su parte, Pettovello remarcó que el objetivo oficial es "desmitificar" el manejo de fondos públicos. "No estamos en contra de la universidad pública, pero queremos transparencia para que la gente decida con datos reales", dijo.
El núcleo del conflicto radica en la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras que las universidades exigen su cumplimiento para indexar salarios frente a la inflación, la Casa Rosada sostuvo que la norma es "abstracta" tras la aprobación del Presupuesto 2025 y que carece de partidas asignadas.
En respuesta, Emiliano Yacobitti (UBA) cuestionó esta lógica del Gobierno. “Si fuera abstracta, no habrían intentado derogarla en el Presupuesto”, remarcó. Pese a la magnitud de la protesta esperada, el Gobierno advirtió que no gestionará bajo presión.